Los cuatro asesinatos registrados en los primeros once días de 2023 activaron todas las alarmas en la lucha contra la violencia de género. El Ministerio del Interior tocaba a rebato y convocaba a la cúpula de las Fuerzas de Seguridad para tratar de buscar soluciones y reforzar las medidas existentes. Se habló del control telemático de los agresores «potencialmente letales para la mujer o sus hijos» y de «aumentar los contactos con el entorno de la víctima para una mejor valoración del riesgo», con el fin de profundizar en la «detección y prevención».
Luego las reuniones se han ido extendiendo por las comunidades autónomas, incidiendo en esa idea de «ayudar y proteger a la víctima», tanto desde la «protección policial» como a través de «toda la red de recursos del Estado», tal y como informaba la semana pasada la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien también ponía el acento en una mayor vigilancia sobre el agresor, «con un incremento de las medidas policiales, pero también trabajando en otras líneas», según decía.
Más protección, más medidas policiales, más... pero con el mismo personal, tal y como censuran las organizaciones sindicales de Policía y Guardia Civil, que hablan de escasez de medios humanos. Denuncian que en la provincia de Valladolid solo hay 32 agentes adscritos a las tres unidades especializadas en la lucha contra la violencia de género: la UFAM (Unidad de atención a la Familia y la Mujer) en la Policía y, en la Guardia Civil, el Emume (Equipo Mujer-Menor) y los recientemente creados equipos VioGén.
620 casos activos
La UFAM, que está adscrita a la Brigada Provincial de Policía Judicial, cuenta con una división dentro de la propia unidad entre investigación y protección, y ésta es la única de Valladolid encargada específicamente de esas tareas de seguimiento de los casos y de la relación directa con cada víctima. Pero lo hacen con esa precariedad que critican los sindicatos, que apuntan que son solo tres agentes y atienden a una media de entre 70 y 95 mujeres cada uno.
El último dato conocido habla de que en Valladolid hay 620 casos activos en VioGén, el sistema de seguimiento integral de la violencia de género. Aunque más de la mitad están en el escalón más bajo, el del denominado riesgo 'no apreciado' también forman parte de esa lista de mujeres bajo protección policial.
Más dedicación requieren las 250 que, a pesar de estar en riesgo 'bajo', reciben llamadas periódicas de 'su' agente para conocer cómo van las cosas. Además, hay 41 en el nivel 'medio', lo que conlleva «controles aleatorios», y una en 'alto', lo que exige una vigilancia «periódica» del agresor, así como el seguimiento de la víctima. Ahora no hay ni un solo caso en el nivel máximo, el de riesgo 'extremo', que «requiere una vigilancia 24 horas, para lo que la UFAM cuenta con el apoyo de los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana», ya que esta unidad cuenta solo con una plantilla de 18 agentes, tres de ellos adscritos a UFAM-Protección.
«Estamos reivindicando que se potencien las UFAM, mediante una ampliación del catálogo de puestos de trabajo en el que aparezca ya un número de policías con el que se pueda hacer frente a la demanda tanto de investigación como de protección», explica el delegado en Castilla y León del SUP(Sindicato Unificado de Policía), José Robles, quien ve «excesivo» que cada uno de los policías tenga que proteger a unas 70 mujeres. Desde Jupol, ese dato se eleva hasta las 95 víctimas por policía, por lo que también se aboga por «aumentar» y «completar» la plantilla de UFAM, y resolver «el gran problema de falta de espacio que tiene esta unidad», detalla Pilar Zanca, secretaria provincial de Jupol: «Hay poco espacio, poca intimidad para las víctimas y no se pueden juntar nunca dos a la vez». «Las actuales dependencias deben adecuarse para que las víctimas puedan denunciar y declarar con intimidad y en unas condiciones óptimas», apostilla Robles.
Sin unidad específica de protección
Peor están en la Guardia Civil, donde ninguno de los 14 agentes de la lucha contra la violencia de género de Valladolid se encarga de asumir la protección directamente de las víctimas, ya que, según afirman desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, los seis del Emume deben investigar también del resto de delitos contra las personas (homicidios, lesiones, desapariciones...), mientras que los ocho adscritos a los nuevos equipos VioGén «solo se encargan de hacer un seguimiento analítico» de cada caso y estos agentes con destino en Laguna, Rioseco y Medina «fueron detraídos de otras unidades, no son puestos de nueva creación».
«La labor de seguimiento real de los casos, de llamar a las víctimas o de hacer vigilancias corresponde a las unidades territoriales, a los agentes de seguridad ciudadana, ya que Emume hace investigación y no recoge ni denuncias y los tres equipos VioGén se limitan a hacer ese trabajo analítico para verificar que se ha llamado, que se ha hecho un seguimiento...», censuran desde AUGC, que reclama «al menos el doble» de guardias adscritos a esos servicios para que puedan asumir la protección también, «como hace UFAM en la Policía y sin olvidar que en la capital se tiene el apoyo de 450 agentes de la Policía Local, mientras en demarcación Guardia Civil apenas hay policías locales».