El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la colaboración de la Cámara de Comercio y de la Junta, ha puesto en marcha en Valladolid un sistema de mediación contencioso-administrativa novedoso en España, ya que es el segundo en todo el país tras uno similar introducido en Valencia, y que se extenderá al resto de provincias de Castilla y León.

La letrada del CGPJ Ana Carrascosa, coordinadora de una jornada técnica celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid para presentar el protocolo a jueces, magistrados, letrados fiscales, abogados, procuradores, juristas y empresarios, destacó que la mediación se puede a muchos caos, pero de forma especial al silencio administrativo, “algo que enfada mucho a la ciudadanía”, y también en materia de ejecución de sentencias.

Carrascosa explicó que teniendo en cuenta que alrededor de un 50 por ciento de las reclamaciones vía contencioso-administrativas son estimadas, “la Administración haría muy bien en repensarse no ir a la mediación, dado que en la jurisdicción no le va precisamente bien”. Además, por este motivo indicó que el sería un “porcentaje alto” los casos que podría llegar a la mediación, aunque planteó la la necesidad poner en marcha un mecanismo previo que decida que asuntos pueden ir a mediación, a conciliación o ser derivados a otros mecanismos.

La letrada del CGPJ también indicó que el sistema de mediación de Valladolid está “cargado de futuro”, dado el interés de la Cámara de Comercio de extenderlo a todas las provincias, así como con el apoyo de la Junta, que aunque no tiene competencias en materia de Justicia, está muy interesada dar a la “ciudadanía una herramienta que la permitirá disfrutar de un sistema de justicia más cercano y mejor”.

En este sentido, indicó que mientras la tramitación de un asunto que llega a los tribunales de lo contencioso-administrativo se prolonga de media durante dos años, en el caso de la mediación los tiempos nunca exceden de dos mese, aunque hay asuntos que se resuelven en una semana o quince días.

Mientras tanto, la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, Ana Martínez Olalla, resaltó las ventajas de la mediación a la vez que reclamó una ley que la otorgue mejor cobertura. “Es necesario impulsar un cambio de las relaciones entre la Administración y el ciudadano, obligando a la Administración a escuchar al ciudadano”, sentenció.

Martínez Olalla, que destacó el impulso de la Cámara de Comercio y la colaboración de la Junta de Castilla y León, también recalcó la importancia de recurrir a esta herramienta en los casos de silencio administrativo, ya que además de “acercar a ciudadanos y administración”, la mediación puede servir para que el ciudadano sepa los motivos por los que no ha obtenido una respuesta de la administración y después decida si debe continuar o no con el recurso contencioso administrativo, o bien para que la administración decidir resolver de forma expresa.

No obstante, Martínez Olalla también indicó que hay materias como las disposiciones generales, recursos electorales o los derechos fundamentales en los que no cabe la mediación, pero si en temas de cuantía, personal o justiprecios.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, destacó que ya han sido formado en Valladolid 16 mediadores, entres los que se encuentran abogados, arquitectos y psicólogos, a la vez que recordó que desde 2016 funciona el Instituto de Mediación, un proyecto impulsado por 25 colegios profesionales y la propia Cámara, desde la que se ha difundido esta herramienta

Caramanza recalcó las ventajas de la mediación y aseguró que representa una excelente oportunidad para fomentar una relación más cercana entre la Administración y la sociedad, contribuyendo a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en un clima de diálogo y resolviendo de forma más rápida y menos costosa numerosos conflictos.

A la apertura de la jornada también asistieron el presidente del Tribunal Superior de Jusitica de Castilla y León, José Luis Concepción, y el director general de Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago.