Diez de los doce acusados de fabricar y vender sustancias dopantes especialmente para culturistas han aceptado en el juicio penas de uno a dos años de prisión al confesar los hechos tras llegar a un acuerdo de conformidad con el fiscal, que inicialmente pedía para ellos entre cuatro y siete años de cárcel. Entre ellos están María Mercedes Ruiz y su hijo Carlos Antonio Asensio, que regentaba el Gimnasio Asensio de Valladolid.

Todos ellos han aceptado este lunes en la vista que ha iniciado la Audiencia Nacional seis meses por delito contra la salud pública y la misma pena por integración en grupo criminal, dos de ellos un año más por tráfico de cannabis y un tercero otros seis meses por tenencia de arma de fuego prohibida, unas penas que en todo caso no implican su ingreso en prisión si no tienen condenas anteriores.

De esta forma solo siguen sentados en el banquillo la acusada T.M.P., para quien el fiscal solicita 12 años de prisión por delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal y tráfico de cocaína, y el investigado J.M.M.B., que se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel por los dos primeros delitos.

Ambos han pedido, informa Efe, su absolución y en concreto J.M.M.B. ha declarado que se dedicaba al culturismo y que durante un tiempo tomó sustancias prohibidas pero que nunca favoreció su consumo a otras personas. Ha añadido que tenía un establecimiento para deportistas -en Gandía (Valencia)- pero que no compró sustancias prohibidas a los demás acusados ni las vendió.

En la vista han comparecido el instructor y el secretario de las diligencias realizadas por la Guardia Civil en las que se basa la acusación de la Fiscalía.

La Guardia Civil recibió el 10 de junio de 2016 un correo del Observatorio de Medicamentos de Francia en el que comunicaba la intervención en el aeropuerto de París Charles de Gaulle de envíos postales con origen en China y destino España que contenían sustancias prohibidas en el deporte, en concreto 600 viales con hormona humana de crecimiento (HGH).

Las pesquisas de los agentes permitieron comprobar que tres implicados que residían en Denia (Alicante) recibían principios activos y excipientes de empresas farmacéuticas de China e India, contrataban el cartonaje y envoltorios y los remitían a cinco acusados que se encontraban en la provincia de Málaga, que los manipulaban, envasaban y devolvían algunos a los primeros.

Todos ellos distribuían supuestamente las sustancias preparadas tanto en los centros deportivos en los que trabajaban o practicaban el culturismo o a otras personas con las que contactaban telefónicamente o a través de internet a cambio de dinero.

Otros dos acusados recibían en Valladolid sustancias preparadas en Denia y Málaga y las distribuían también.

El 7 de marzo de 2017 se llevaron a cabo registros de domicilios y locales de los investigados, relacionados por el fiscal y corroborados en el juicio por los guardias civiles.

En domicilios y establecimientos de Denia, Valencia, Gandía (Valencia), Mijas, Fuengirola y Benalmádena (Málaga), así como de Valladolid fueron intervenidos envases con sustancias como gonadotropina, insulina y factor de crecimiento.

En Benalmádena los agentes encontraron también un inmueble que era usado como lugar de almacenamiento, fabricación y acondicionamiento de suministros de sustancias.

Además, en el domicilio de la acusada T.M.P. en Fuengirola fueron intervenidos casi 700 gramos de cocaína valorada en 71.723 euros, siempre según el fiscal y según han corroborado los guardias civiles.

En otro registro en Denia (Alicante) fueron localizadas 145 plantas de marihuana valoradas en más de seis mil euros que eran cultivadas por dos de los acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, mientras que en el domicilio de otro investigado que ha pactado con el fiscal, en Valladolid, se encontraron un arma corta detonadora y cartuchos.