Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy la propuesta socialista, que tuvo el apoyo del resto de la oposición, para que no se aplique ninguna medida o protocolo para coaccionar a las mujeres que han decidido de manera voluntaria y libre interrumpir su embarazo y que se cumpla la ley, que para el PP se garantiza por parte de la Junta, lo que no compartió la ponente Nuria Rubio.

La proposición socialista fue rechazada por PP y Vox, aunque con argumentos distintos, ya que el popular Ángel Ibáñez pidió la votación por separado para apoyar el primer punto en el que se insta a la Junta a no aplicar ninguna medida o protocolo para coaccionar a las mujeres que hayan decidido no seguir con su gestación, lo que no aceptó Rubio.

El anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de una serie de medidas "provida" llegó este miércoles al pleno como propuesta de resolución, si bien ayer se formulo una pregunta, también por Nuria Rubio, a la consejera de Familia, Isabel Blanco, además de que Alfonso Fernández Mañueco garantizó la atención a mujeres embarazadas en su respuesta a Luis Tudanca.

En la presentación del texto, la socialista manifestó que la iniciativa pretende que se cumpla la ley del aborto como un derecho de las mujeres que se ha convertido "en moneda de cambio" de Alfonso Fernández Mañueco con Vox para seguir en el poder y advirtió de que los socialistas no van a dar "un paso atrás".

"Es triste que no tengamos ninguna consejera aliada en el Gobierno", afeó a Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la que acusó de falta de empatía y preparación para dirigir el área de igualdad. Rubio acusó a la derecha de "hipocresía" porque quienes tienen recursos pueden ir a clínicas privadas y planteó: "estar al lado de la ley o con quien nos demoniza".

El popular Ángel Ibáñez, que estimó que la PNL del PSOE trata de "estirar el clicle" para alargar un debate inexistente, rebatió "mentiras" como que haya obstáculos para que las mujeres no puedan ejercer este derecho y "la coacción" sea una limitación a sus derechos y pidió un ejemplo para no pensar que haya "un interés espúreo".

Ibáñez recalcó que la Junta cumple con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no ha modificado sus términos -en referencia al anunciado protocolo- y tendió la mano para votar por separado el punto primero de la PNL, y en caso contrario presentó una enmienda en la que se recogió la garantía de interrumpir el embarazo en todos los centros y un registró de objetores sin marcar plazos.

En su propuesta, el Grupo Socialista pidió que no se aplique ninguna medida y/o protocolo dirigido a orientar, condicionar o coaccionar a las mujeres que han decidido libremente interrumpir de manera voluntaria su embarazo y garantizar el cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, la PNL plantea que en el plazo de tres meses se incorpore la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios públicos del SACYL, y en el mismo plazo todos los centros públicos hospitalarios cuenten con registros actualizados de objetores y objetoras de conciencia.