El Ayuntamiento eliminó en septiembre de 2015 la tasa de basuras, pero casi una década después la nueva ley de residuos y economía circular, aprobada en abril de 2022, obliga a crear una similar, aunque  esta vez centrada en el reciclaje.

El equipo de Gobierno ya trabaja en el diseño de este tributo impuesto por la normativa estatal. La Concejalía de  Seguridad y Salud Pública ya tiene un borrador de la nueva ordenanza de recogida selectiva de residuos domésticos y limpieza viaria, que no se actualizaba desde hace tres décadas. Una nueva regulación que recoge el guante del principio inspirador de la nueva ley: «quien contamina paga», pero también la obligación de que la financiación de los servicios municipales de recogida y gestión de los residuos se costee con una tasa específica. 

¿Cuál será su importe? ¿Será similar a la anterior tasa? ¿Habrá exenciones? Todas estas son preguntas que todavía no se pueden constestar porque desde el área de Limpieza se está trabajando con los responsables de la Concejalía de Planificación y Recursos para definir el importe del nuevo impuesto. Aunque Alberto Palomino, concejal de Seguridad y Salud Pública, adelanta a El Día de Valladolid que será «más justo»  que el anterior porque se tendrá en cuenta la cantidad de residuos que se generen y si se recicla bien, entre otras cosas.

Los ayuntamientos tienen tres años para empezar a repercutir este tributo a sus vecinos. El plazo empezó a contar el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la ley, y por eso el equipo de Gobierno trabaja con el objetivo de implantarlo a lo largo de 2024, al igual que la mayoría de los consistorios de la provincia.

Además, la normativa estatal incluye otro impuesto que grava la entrega de residuos en vertederos y la eliminación o valorización energética en estas instalaciones. Este tributo, de ámbito regional, está vigente desde el 1 de enero de 2023, y busca fomentar la prevención, preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos y obliga a los consistorios a pagar unos 30 euros por cada tonelada de residuos que se envíen al vertedero. De hecho, sustituye a los vigentes en las comunidades autónomas. Por el momento se ha cedido su gestión a varias comunidades, aunque Castilla y León, que ya deregó el 1 de enero el suyo, todavía no ha decidido si lo gestionará, aunque sí recibirá los ingresos del Estado. Además, si decide gestionarlo, la ley le posibilita incrementar la cuantía de los tipos impositivos. 

«Toda la legislación nueva encarece no reciclar y la ley nos obliga a repercutirlo al vecino, recalca Palomino. Hasta que funcione la nueva tasa, el Ayuntamiento tendrá que asumir este sobrecoste, ya que esta normativa aumenta hasta 20 veces más la cifra que hasta ahora pagaban las arcas municipales.

Impuesto regional. Este incremento en el cálculo tributario deriva de que a diferencia de los anteriores gravámenes, ahora se contemplan todos los rechazos generados en las plantas de tratamiento de residuos. Esto implica que también se computen las fracciones procedentes de hospitales, mercados, poda y polígonos. Además se computa desde la primera tonelada al mismo precio y desaparecen los tramos con diferentes precios que se aplicaban a consorcios y a gestores de plantas. 

En este caso, para saber cuánto deberá pagar cada ayuntamiento, se multiplica todas las toneladas eliminadas en el vertedero por el canon de 30 euros tonelada. 

En términos globales, la planta de tratamientos de residuos de Valladolid trata anualmente 41.000 toneladas de materia orgánica (que se espera incrementar hasta 75.000 una vez que se implante en la provincia); 52.000 toneladas de la denominada fracción inorgánica en la capital; 2.500 toneladas entre restos de poda; enseres 2.100 toneladas, procedentes de la recogida selectiva envases ligeros de la provincia; y 73.000 toneladas de la recogida única de la provincia. Esto supone más de 170.000 toneladas de residuos al año, lo que podría suponer a las arcas municipales el pago de más de cinco millones por el nuevo impuesto regional.

Las claves de una norma más punitiva y que prima a los que reciclan bien

Objetivos

Se busca reducir el volumen de los residuos y que se separen bien en origen. Eso implica que si un contenedor está lleno no se puede dejar en la calle y se fija que siempre hay un titular responsable de cara a las sanciones.

Prohibiciones

No se puede abandonar residuos en calle o en el contenedor incorrecto. Tampoco se permite vertirlos a la red de saneamiento o extraerlos de los contenedores.

Separación en origen

Los comercios, restaurantes, bares, hoteles, y las instalaciones industriales deberán separar en origen. El imcumplimiento y no regularizar la situación en el plazo de seis meses podrá suponer perder la licencia de actividad.

Recogida especial en eventos públicos

Los organizadores deberán tener un plan para la gestión de los residuos. Se podrá cobrar una tasa por el servicio o requerir una limpieza posterior a la organización.

Recogida papel y cartón

Las cajas de cartón se cortarán y doblarán para meterlas en los contenedores y se podrá fijar la recogida puerta a puerta para el comercio y la hostelería.

Materiales de construcción y escombros

Se prohíbe depositar materiales de construcción y escombros en la vía pública sin la autorización de la ocupación.

Limpieza de quioscos y terrazas

Deben mantener limpio el espacio y proximidades durante el horario en que realicen su actividad, y a dejarlo en el mismo estado, una vez finalizada ésta.

Retirada de hielo y nieves

Los propietarios deberán mantener libres de hielo y nieve, así como esparcir fundentes en los accesos privados a las fincas incluyendo las rampas de garaje, y disponer de fundentes.

Residuos y basuras

Se prohíbe arrojar a la vía pública colillas, papeles, envoltorios o cualquier otro desperdicio. Tampoco se pueden arrojar desde los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.

Riego de plantas

El riego de plantas colocadas en balcones y terrazas deberá realizarse sin que el agua vierta a la vía pública o cause molestias a los transeúntes.

Sacudida desde las ventanas

Queda prohibido sacudir prendas y alfombras sobre la vía pública, desde balcones y ventanas, para evitar molestias a los transeúntes.

Excrementos

Se prohíbe orinar o defecar en la calle. En caso de menores, serán responsables sus padres. Los dueños de mascotas deberán rerecoger los excrementos y limpiar la zona ensuciada.

Pintadas

Se prohíben las pintadas y grafismos en todos los bienes, públicos o privados, salvo los murales artísticos autorizados.

Lavado de coches

Se prohibe el lavado y labores de mantenimiento en la calle.