La abogada Ángela de Miguel llegó a la Presidencia de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) hace cinco años. Lo hizo en mitad de un periodo de recuperación económica que ahora se ve empañado por la desaceleración. Es una firme convencida del potencial que tiene Valladolid y reclama que toda la ciudad se implique en dar a conocer estas virtudes.

Ya han pasado cinco años desde que llegó a la Presidencia de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE). ¿Ha conseguido los objetivos que se había marcado hasta ahora?

La Confederación lleva su evolución natural. Tenemos el peso de la representatividad de las empresas y se está trabajando bien en esa línea. No creo que las presidencias tengan que ser tan importantes como para marcar la línea de organizaciones que tienen 40 años. El balance es positivo. En los últimos cinco años los ingresos por cuotas se han incrementado un 70 por ciento sin haber aumentado la cuantía de las mismas.

En los cinco años que lleva al frente de la patronal le ha tocado vivir un periodo de recuperación que se está viendo ensombrecido por una desaceleración que amenaza con otra recesión. ¿Cree que llegaremos a ese punto?

Esperemos que se adopten las medidas necesarias para que no sea así. Ya es preocupante la desaceleración, sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje de paro que tenemos a nivel nacional. Hasta que no lleguemos a cifras de pleno empleo, cualquier cosa que suponga una desaceleración en un país como España podríamos decir que es dramático para muchas familias que no tienen trabajo.

¿Qué medidas habría que tomar para evitar llegar a esa situación?

A veces se nos olvida que quienes crean empleo son las empresas. Y también la riqueza necesaria para mantener el estado del bienestar. De modo que, si las demonizamos y las cargamos de trabas e impuestos, al final no pueden salir adelante. Hay que minimizar la burocracia porque ahora hay que dedicar muchos recursos a cumplir con obligaciones administrativas. También es importante el apoyo fiscal. Tenemos un problema en España, que es reproducible en Castilla y León y Valladolid: el tamaño de las empresas, que es muy pequeño. Por lo tanto, tienen poca capacidad de crecer, crear empleo y de sobrevivir a una crisis o desaceleración. Por eso creemos que es fundamental ayudar a crecer a la pequeña empresa. Nosotros tenemos un programa de consolidación junto al Ayuntamiento y la Diputación que está teniendo muy buenos resultados. Es importante apoyar a la empresa local, porque es la que no se va a deslocalizar.

¿Y cree que las primeras medidas que ha tomado el Gobierno central van en ese sentido?

Uno de los problemas más importantes que tenemos en España es el del absentismo. Solo en Valladolid tiene un coste de 140 millones y genera un gasto para la Seguridad Social de 79 millones. Es decir, que lo pagan las empresas y también los ciudadanos. Y lo que nos encontramos es que una norma que está en vigor en el Estatuto de los Trabajadores desde 1980, que nunca ha generado problemas y que es la única vía que podemos tener para acabar con un problema como el absentismo, desaparece. Esta sería una de las cosas que nos demuestra que no se afronta la realidad de lo que tenemos, y eso es un problema, porque hay que hacer un diagnóstico de la realidad. Los datos son los que son. Podremos tener los objetivos que queramos, pero al final la realidad es muy tozuda y, si no implantamos determinadas medidas que están consensuadas, al final nos vamos a encontrar, como ya nos estamos encontrando, con menor creación de empleo y menos crecimiento económico.

¿Comparte la preocupación que han expresado otras asociaciones empresariales por la presencia de Podemos en el Gobierno?

Lo de menos es quiénes están, lo importante es qué es lo que hacen. Hay que exigir políticas que sean razonables y que ayuden a la economía. Las personas y las siglas no tienen por qué tener mayor trascendencia. Es la elección de los ciudadanos españoles y tiene nuestro más absoluto respeto. Pero, desde luego, si ponen en marcha políticas que no van encaminadas a la creación de empleo y el crecimiento económico, lógicamente, tendremos que decirlo. 

En este sentido, ¿qué le parece la subida del salario mínimo hasta los 950 euros? ¿Cree que será positivo o contraproducente a medio plazo?

El objetivo de que todo el mundo gane al menos 950 euros lo compartimos todos. El problema es cómo podemos llegar a conseguirlo. Ese salario mínimo, o incluso uno superior. Y ahí a lo mejor es donde discrepamos con algunas medidas. Por ejemplo, conseguirlo mediante un real decreto. Cuando el tejido productivo de un país no está preparado para asumir determinados costes, al final esto lo sufren, en contra de lo que creemos, las personas que están en situación más desfavorecida. Esto lo van a sufrir los empresarios pequeños y los autónomos, no las grandes corporaciones. Y las comunidades que están en peor situación, como ya lo está sufriendo Extremadura. Si a ti te incrementan los costes de un producto un 20 por ciento, pero no puedes cobrárselo al consumidor porque no compra ese producto, ¿qué puedes hacer? Si tengo cinco trabajadores, prescindo de uno para que mis costes se mantengan, o dejo de producir y cierro mi empresa. Aquí la cuestión es si los ciudadanos están dispuestos a pagar más por el producto. ¿Estamos dispuestos a pagar 40 euros por un kilo de pollo, como en Suiza? ¿Estamos dispuestos a pagar un 20 por ciento más por un producto hecho en España respecto al que compramos en Amazon y viene del extranjero? Si el consumidor no está dispuesto a hacer eso, la empresa española cerrará.

A lo mejor no es una cuestión de voluntad, sino de capacidad.

Puede ser, pero si el tejido productivo no te permite hacer eso... ¿cómo podemos hacer que suban esos salarios? Yo creo que con la formación, que no tiene por qué ser universitaria, sino a todos los niveles. En España tenemos un fracaso escolar cercano al 25 por ciento. Un 25 por ciento de jóvenes que no tienen ningún tipo de formación. Tú como empresario, para poder llegar a generar valor añadido y vender un producto más caro porque tiene una serie de mejoras, necesitas personas que tengan formación y ayuden a generar ese valor añadido. En ese caso, el consumidor sí que está dispuesto a pagar más y así se pueden pagar salarios más altos. Si se invierte en formación, subirán los salarios.

Pero, por regla general, los titulados superiores y las personas con formación tampoco han escapado de la precariedad laboral. Sin ir más lejos, muchos vallisoletanos se ven obligados a irse a Madrid en cuanto acaban la carrera.

Habría que analizar por qué hay gente que se va a Madrid, porque aquí hay muchas empresas que dicen que no consiguen tener personal formado, ya que la mayoría de los estudiantes prefieren ir a la capital. De hecho, estamos viendo cómo empresas que querían instalarse aquí están teniendo que abrir centros en Madrid porque determinados profesionales prefieres trabajar allí. Tenemos un problema, porque a veces no se conocen las oportunidades de empleo ni las empresas que tenemos en Valladolid, lo que hace que muchas veces no se queden los jóvenes. Las empresas también se están teniendo que ir fuera por problemas con la contratación. Hay muchos puestos que se quedan sin cubrir porque la formación que se imparte no es la que necesitan las empresas. Necesitamos mayor flexibilidad educativa y una formación mucho más enfocada a las empresas. En este sentido, es muy interesante la formación profesional dual y la universidad dual, en las cuales una parte importante de la formación se da en las empresas. Además, la mayoría de esos alumnos acaban quedándose a trabajar ahí.

¿Generalizar ese sistema no podría suponer la tentación para algunas empresas de sustituir a trabajadores por estudiantes que cambian cada año?

Si una empresa hace eso, realmente es porque tiene poca viabilidad, porque al final lo que se necesita es estabilidad. Hay determinados puestos en los que se tarda un año en formarse, y no se pueden estar cambiando cada seis meses. En la práctica eso no pasa, aunque empresarios piratas hay en todas partes, como trabajadores piratas.

¿Ha generado problemas a las empresas la implantación del registro horario?

Se ha asumido con normalidad, aunque es una carga burocrática más que ha generado problemas. A veces más con los propios trabajadores que con las empresas, porque muchos aspectos relacionados con la flexibilidad se han tenido que eliminar.

En el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2018 se recomendaba que los convenios colectivos firmados hasta 2020 incluyesen un incremento salarial del dos por ciento y otro uno por ciento en función de variables. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la subida media pactada el año pasado en los convenios de Valladolid fue del 1,83%, frente al 2,33% de España. ¿Por qué no se ha llegado a ese dos por ciento?

Se está cumpliendo perfectamente con lo que se acordó, que fue una recomendación. Todo lo que se ha firmado también lo han avalado los sindicatos. Hay que ver la realidad de cada uno de los sectores. ¿Qué pasaría si en el comercio, que está sufriendo cierres y tiendas vacías, fijamos una subida muy alta? Pues que cerrarían todavía más pequeñas empresas. Se está subiendo en los sectores que se puede. A nosotros nos encantaría una subida altísima, pero la realidad se impone. Además, no podemos comparar la realidad de Valladolid con la de Madrid o el País Vasco.

¿Qué balance hace del diálogo social en el Ayuntamiento y Diputación?

Bastante positivo. Se está llegando a acuerdos y ahí están los resultados, con un desempleo por debajo del diez por ciento. Se ha conseguido trabajando todos en la misma dirección.

Hace unos días el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, se mostró partidario de cobrar un canon por el uso de autovías y autopistas para costear su mantenimiento. ¿Está de acuerdo?

Nos encontramos en España con que hay autopistas de peaje y otras sin peaje, de modo que no estamos todos en las mismas condiciones. Hay una realidad: hay que mantener esas infraestructuras y encontrar una manera de hacerlo. Existen muchos modelos, como el portugués, que todos conocemos, y las viñetas que tienen los suizos y en algún momento, aunque no nos guste, habrá que pensar en ese modelo. Lógicamente, habrá que tener en cuenta la realidad de los sectores en los que tendría más impacto esta medida, como el transporte y la logística.

Hace unos meses Francisco Igea dijo públicamente que le había ofrecido ser cabeza de lista por Ciudadanos al Ayuntamiento de Valladolid. ¿Por qué lo rechazó?

Acababa de ser reelegida en CVE y me comprometí para cuatro años. No me parecía correcto no continuar y dejar a las personas que habían confiado en mí.

¿Es la primera propuesta política que le han hecho?

Alguna otra he tenido.

¿Qué balance hace de la actividad del Gobierno municipal?

Valladolid va muy bien, y podría ir mejor. Tendríamos que contar todas las cosas buenas que hacemos y dar un saltito más para que se nos conociera mucho más en Madrid y poder captar así más inversiones. En este sentido, hemos presentado un plan al Ayuntamiento y la Diputación que se llama ‘Despega Valladolid’ que es importante para conocer las cosas buenas que estamos haciendo. Gran parte de ellas, la sociedad civil, con el apoyo de las administraciones. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. Una de las más importantes, impulsar el parque agroalimentario, sobre todo teniendo en cuenta que cuando se abran los talleres de Renfe tendremos una plataforma logística muy importante. Hay que conseguir que Valladolid sea el centro logístico del noroeste porque cada vez al ferrocarril se le va a dar más importancia en el tráfico de mercancías. Lo que pasa es que a veces los vallisoletanos no hablamos de todas las cosas buenas que tenemos, y eso implica que la gente no nos conozca. Muchos de estos proyectos necesitan inversiones de gente que no es de aquí, y es difícil que te apoyen cuando no contamos las cosas y empresas buenas que tenemos.

Usted ha sido crítica con el proyecto de integración ferroviaria. Ahora que está dando los primeros pasos, ¿sigue sin convencerla?

Nosotros defendemos un soterramiento en trinchera, que no coincide con el del Plan Rogers. Creemos que se ha perdido una oportunidad importante para Valladolid de liberar una zona que, de haberse aprovechado bien, podría haber sido un foco tractor de la economía para conseguir inversiones de fuera.

¿Le preocupa la situación de la Cámara de Comercio?

Creo que está en vías de solución. El problema que ha habido es que han cambiado las reglas del juego en mitad del partido, al quitar la cuota cameral. Si no se tienen en cuenta las amortizaciones, la Cámara es rentable con sus actividades. Está haciendo muchas cosas buenas por Valladolid y por sus empresas. De hecho, creo que es la única Cámara de Castilla y León que está haciendo un trabajo serio con las empresas para ayudarlas a crecer. Estoy convencida de que en unos meses podremos tener solución para este problema, creo que están todas las administraciones alineadas. La Cámara ha hecho un trabajo muy bueno porque ha conseguido pasar de un modelo dependiente de la cuota cameral a otro de autofinanciación.

Otro de los aspectos que ha criticado es la frecuencia con la que las empresas de Valladolid reciben inspecciones de Trabajo.

Según los datos de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, hay 96.000 inspecciones en 160.000 empresas, mientras que en Madrid hay 538.000 empresas y 85.000 inspecciones. Con cuatro veces más empresas, se hacen menos inspecciones en Madrid que en Castilla y León.

¿Qué problema hay en que hagan una inspección a una empresa si cumple con la normativa?

Cada vez que recibes una inspección necesitas tener a una persona trabajando para ello, a veces varios meses. Si no encuentran nada, empiezan a pedir documentación y tienes que dedicar un montón de recursos a atender los requerimientos de la Administración. Si en Madrid tienen que reservar el 20 por ciento de una persona para esto, a lo mejor aquí se tiene que dedicar exclusivamente. Esta presión está haciendo que haya empresas que se deslocalicen y se vayan de Castilla y León.

Hace poco incidió en la necesidad de invertir en el eje Valladolid-Burgos y esas declaraciones levantaron ampollas en León...

Lo que tenemos que conseguir es desarrollar una tarta muy grande para que a todo el mundo nos toque un buen pedazo. Poner en valor lo bueno que tenemos está bien. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Aranda de Duero, donde se está produciendo un movimiento empresarial interesante gracias a la iniciativa privada. Con un poco de ayuda, Aranda se puede convertir en un polo de atracción importante. Y si eso pasa, ¿es malo para el resto? Todo lo contrario. Este apoyo no tiene por qué ser excluyente. Por supuesto que también hay que ayudar a León, porque no lo está pasando bien. Yo he estado allí apoyando inversiones. ¿Cómo no voy a hacerlo? Cuanto mejor le vaya a León, mejor nos irá a nosotros. Pero hay que recordar que Valladolid y Burgos tienen la inversión más baja por habitante de la Junta. Y somos los que más aportamos.

Los aeropuertos fueron durante años el centro del debate de estos ‘roces’ entre provincias. ¿Es partidaria de que haya cuatro en la Comunidad?

Habrá que tener uno, porque ahora es como si no tuviéramos ninguno.

¿Castilla y León también está en desventaja frente a otras zonas de España en materia de presión fiscal?

Sí, sobre todo frente a dos comunidades limítrofes, como País Vasco y Madrid.