Acaba el año con pésimas cifras en violencia de género, la violencia machista. Triste balance para la ministra Montero y sus colegas de Podemos al frente del ministerio de Igualdad… Presumían de que ellas tenían las claves para reducir esa lacra, pero también eso era mentira.

España lleva tiempo manejando datos que llenan de vergüenza a quienes creen que desde el gobierno se pueden tomar medidas eficaces, pero no ha sido el caso en esta etapa de gobierno supuestamente progresista. El progreso en ese capítulo brilla por su ausencia.

Poco se puede esperar mientras la lucha contra la violencia de género esté en manos de Irene Montero: su primera reacción al conocer cómo finaliza el año ha sido promover una reunión con dirigentes de los ministerios de Justicia y de Interior. Pretende repartir responsabilidades, no comerse ese marrón que prometió erradicar, luchar contra él con todas sus fuerzas.

El problema es que luchar contra la violencia de género no consiste en colocar a personas afines en cargos directivos, sino buscar expertos en prevenir reacciones de violencia extrema y expertos en cómo tratar a los agresores y a sus víctimas. Casi un cincuenta por ciento de las víctimas habían denunciado a quienes finalmente les han segado la vida, y contra eso no se combate a balón pasado, sino antes de que se produzca la tragedia.

Faltan medios, personales y técnicos, pero faltan también programas de prevención y de ayuda elaborados con sensatez en lugar de ideología. No se protege a la mujer amenazada solamente dándole refugio o en una provincia alejada del posible agresor, también es necesario facilitarle una actividad, un trabajo si es posible, para rehacer su vida. Con especial atención a los hijos si los hubiera, porque en multitud de ocasiones la mujer amenazada acaba regresando a su domicilio no solo por atadura afectiva con su pareja, sino también porque no encuentra la manera de rehacer económicamente su vida lejos de la pareja de la que había recibido maltrato físico o psicológico.

España no puede ser un país en el que una mujer que decide romper su matrimonio o noviazgo por las razones que sean, se lo piense mucho antes de hacerlo: no hay quien realmente la proteja de la reacción de aquel con el que ya no quiere mantener la relación. Más aún si tienen hijos, porque pueden convertirse también en víctimas potenciales.

El ministerio de Igualdad tendría mucho que aportar a la sociedad, pero en manos de Montero se ha centrado más en sus políticas woke que en proteger a mujeres que no acertaron en la elección de sus maridos y quieren algo tan simple como vivir en paz. Sin violencias ni amenazas, con sus hijos y ellas mismas seguras de que no van a a ser agredidos en cualquier momento.

Montero no cuenta con programas específicos solventes. No las atiende, no las protege, está en otras cosas. Las del populismo extremista, discriminatorio y mal entendido.