El expediente de regulación de empleo (ERE) del Grupo Dia conllevará el despido de 2.064 trabajadores e implicará el cierre de 287 tiendas propias y de tres almacenes, según informaron ayer UGT, Fetico y CCOO en un comunicado conjunto tras mantener la primera reunión de la mesa negociadora.
En concreto, los sindicatos precisaron que los tres almacenes cuyo cierre se plantearon están localizados en Manises (Valencia), Oviedo (Asturias) y San Antoni de Villamajor (Cataluña).
De esta forma, en la primera reunión para abordar el ERE se constituyó la comisión de representación de centros y trabajadores afectados, que está integrada por nueve representantes de Fetico, tres de CCOO y uno de UGT.
Durante la misma, la dirección de la compañía remitió la información y documentación correspondiente sobre la actual situación que atraviesa la firma tras cerrar 2018 con unas pérdidas de 352 millones de euros.
Además, se explicaron las causas económicas, productivas y organizativas basadas en la caída de las ventas que han afectado negativamente a la evolución de la compañía, además de comunicarles que al tener el patrimonio neto inferior a lo que la ley exige se encuentra en causa de disolución.
Los representantes sindicales estudiarán la documentación entregada y recordaron a la dirección que desde hace tiempo el comité intercentros trasladó su «preocupación» por la situación que se vivían en las tiendas y cómo iba descendiendo tanto el número de clientes como las ventas.
De esta forma, UGT, Fetico y CCOO exigieron «responsabilidades por la mala gestión» de la firma y reiteraron que las personas que trabajan en la compañía «no son culpables» de esta situación. «Velaremos para que se reduzca lo mayor posible el número de personas afectadas y que se mantenga el empleo», recalcaron.
rechazo. Las propuestas de los sindicatos no se hicieron esperar a la propuesta inicial de Dia. Así, tanto CCOO como UGT solicitaron que se retire este proyecto hasta que en la junta de accionistas del próximo 20 de marzo decidan si apoyan el plan del consejo de administración -basado en una ampliación de capital de 600 millones de euros- o la OPA lanzada por el magnate ruso Mijaíl Fridman. «Con una junta de accionistas que en menos de un mes tendrá que decidir entre dos estrategias confrontadas de capitalización, no parece prudente sentarse a hablar sobre despidos o planes de viabilidad. De hecho, podría ser contraproducente», defendió.