Desde que se declarara el estado de alarma, a mediados de 2020, conseguir pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obliga a un encomiable ejercicio de paciencia. Durante los dos primeros meses fue imposible, porque las cinco estaciones de Valladolid estuvieron cerradas por la pandemia, al igual que las del resto de España. Cuando abrieron dos meses después, el 19 de mayo, se había generado una cola en la Comunidad de unos 250.000 vehículos. Con los medios disponibles en ese momento resultaba casi imposible ponerse al día, de modo que desde la empresa Itevelesa, gestora de cuatro de estas cinco estaciones, se puso en marcha un plan de actuación que contemplaba un aumento de la plantilla y de los horarios de algunas estaciones, que pasaron a funcionar de ocho de la mañana a ocho de la tarde, frente al anterior, que iba de 8.30 a 19.30 horas.

Sin embargo, se trataba de una medida temporal, con un periodo de aplicación que finalizó el pasado 31 de diciembre. Desde esa fecha el funcionamiento de las estaciones de Itevelesa ha vuelto a la normalidad, pese a que la cola de vehículos que tienen pendiente pasar la inspección todavía es importante. Según el presidente del Comité de Empresa de Itevelesa, Raúl Lucas, de CCOO, todavía hay unos 50.000 vehículos esperando.

Este cuello de botella también hace que los tiempos de espera para cerrar una cita sean mucho más elevados de lo habitual antes de la pandemia. De las cuatro estaciones de Itevelesa, solo una, la del polígono de San Cristóbal, permite cerrar una cita con menos de un mes de antelación. Concretamente, con 26 días naturales. En el caso de la estación del polígono de Argales, hay que esperar 32 días, mientras que para ir a las de Peñafiel y Medina de Rioseco hay que hacerlo 46 y 47 días, respectivamente.

El presidente del Comité de Empresa confirma que el plan de actuación no se ha renovado, aunque se mantiene el incremento de plantilla, si bien asegura que fue finalmente de unos 40 trabajadores, y no los 70 que anunció la empresa en su día. «Como tenemos un problema estructural de plantilla, estos trabajadores han servido para aliviar un poco los temas de vacaciones y bajas, pero no para hacer frente a toda esta demanda», explica. Itevelesa cuenta en toda España con una plantilla de unas 1.500 personas, aunque en Castilla y León es donde tiene una mayor presencia, con unos 440 empleados, casi cien de ellos en Valladolid.

Bien es cierto que la única estación de Valladolid que no pertenece a Itevelesa, que es la que está ubicada en Tordesillas, es la excepción que confirma la regla, ya que ofrece citas con menos de una semana de antelación.

La apertura de estas estaciones tras el cierre por el estado de alarma vino acompañada de un protocolo de seguridad que incluía medidas como la mascarilla obligatoria para los clientes y la imposibilidad de que acudieran a la inspección con acompañantes en el vehículo. Sin embargo, esto no ha evitado la aparición de algunos brotes, como el registrado en la estación de Castellanos de Moriscos, en Salamanca, donde, según CCOO, se ha producido diez positivos. El sindicato acusa a la empresa de no tomar las medidas preventivas adecuadas e Itevelesa contestó con un comunicado en el que defiende su «rigurosidad» en este aspecto y señala que desde que se tuvo conocimiento del primer caso estuvo en contacto con las autoridades sanitarias «con el único fin de proteger y salvaguardar la salud de los trabajadores y sus familias».

La posible venta de Itevelesa genera inquietud en la plantilla

La plantilla de Itevelesa, formada por unas 1.500 personas en España, unas 440 en Castilla y León y casi cien en Valladolid, asiste con inquietud a la posible venta de la compañía. Según una información publicada por el periódico Cinco Días a mediados de diciembre, el fondo de capital riesgo Hayfin, propietario de la firma, tenía previsto ponerla en venta a principios de este año por un precio que oscila los 400 millones, un extremo que rehusaron confirmar a este periódico tanto desde el propio fondo de capital riesgo como desde Itevelesa.

sin información oficial. Lo cierto es que los trabajadores tampoco saben mucho más del proceso de lo que han leído en los medios, ya que la empresa no les ha trasladado nada. Eso sí, miran esta operación con recelo porque consideran que, de cristalizar, existe riesgo de pérdida de puestos de trabajo.

«Cada vez que hay una venta se genera una deuda, y aquí las tarifas son las que son, con unos beneficios establecidos... ¿de dónde pueden sacar ese margen económico?», se pregunta el presidente del Comité de Empresa, Raúl Lucas, poco antes de responder él mismo: «exprimiendo plantillas», pese a que considera que ya están muy ajustadas.