El Pleno del Tribunal Constitucional ha encontrado una solución de compromiso que ha permitido posponer los efectos de la crisis constitucional abierta el pasado miércoles con la presentación de un recurso de amparo del PP en el que solicitaba como medida cautelarísima que impidiera la votación del pleno del Congreso sobre las enmiendas que modifican las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, que permitirán la renovación de los cuatro magistrados del Alto Tribunal que tienen caducado su mandato desde hace seis meses. Al posponer la continuación del Pleno hasta el próximo lunes el TC ha dado oxígeno al Gobierno y ha perjudicado la estrategia del PP, aunque aún le queda tiempo para decidir antes de que las reformas votadas ayer en el Congreso reciban el visto bueno del Senado la próxima semana.  

El PP se va al descanso con el partido perdido pero le queda organizar la presión judicial y mediática para afrontar la segunda parte, que tiene que disputarse con los recursos presentados por los partidos del gobierno de coalición relacionados con la recusación de Unidas Podemos de los dos magistrados conservadores, elegidos en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, que tiene que ser renovados para que no decidan sobre su futuro,  y con el del PSOE contra una decisión del Alto Tribunal que consideran una interferencia en la potestad del poder legislativo de cambiar las leyes. Sea lo que sea lo que ocurra a lo largo de la próxima semana, el mal ya está hecho porque la crisis constitucional ya se ha desatado al enfrentar el PP al tribunal de garantías y al poder legislativo, por su incapacidad de llegar a acuerdos políticos.  En los próximos días se podrá comprobar de qué lado y qué sentido tienen las presiones que les van a llegar a los magistrados del Tribunal Constitucional.     

No hay equidistancia en las responsabilidades del PSOE y el PP para haber llegado a una situación inaudita, a una crisis constitucional de primera magnitud por la interferencia entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados. Nunca antes se había pedido al Alto Tribunal que interviniera para parar una votación de los representantes de pueblo soberano, y no resultará fácil reparar el daño causado al funcionamiento democrático tras la iniciativa del Partido Popular para que no se voten las enmiendas propuestas por el Gobierno.  

Con la presentación de su recurso, el PP ha puesto al TC ante una situación imposible y sin vuelta atrás. Si finalmente accede a  la aceptación de las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, además de un golpe a las funciones del poder legislativo, quedaría de manifiesto que la politización de la que teóricamente se reniega ha sido manifiesta y han iniciado esa jugada político-jurídica porque sabían que la mayoría conservadora del TC no les iba a dejar al descubierto en lugar de rechazar sus pretensiones de plano, como demuestra la decisión, también extemporánea, de avocar al Pleno una decisión que hubiera correspondido adoptar a una sala con mayoría progresista; o  que haya sido designado ponente del recurso Enrique Arnaldo, el más cuestionado de todos los magistrados por su cercanía al PP, Enrique Arnaldo. Además la ofensiva del PP tiene otro frente en las maniobras de los vocales conservadores del CGPJ, que se han mantenido en rebeldía hasta el miércoles, para forzar una votación de sus candidatos, sin consenso con los progresistas, que deja al descubierto sus maniobras políticas a favor del PP que los designó.   

Si el TC no acepta aplicar las medidas cautelarísimas, avaladas por Núñez Feijóo, o el recurso pasa a su tramitación ordinaria, la maniobra del PP debiera tener consecuencias políticas por cuanto estaría en el origen de una crisis constitucional sin precedentes, que el Gobierno ha tratado de resolver en numerosas ocasiones y que el PP ha hecho todo lo posible por mantener abierta sin renovar el CGPJ, y ordenando la rebeldía de sus vocales para impedir la designación de los magistrados que le corresponden.