Responsabilidad y rapidez a la hora de gestionar y distribuir entre las empresas y la sociedad el dinero que Castilla y León ha recibido del Gobierno central en el marco del plan de recuperación. 1.100 millones que «no se pueden dejar escapar por falta de gestión». Estos fueron los 'deberes' que la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, puso ayer al Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, al que apremió a «distribuir» los 1.100 millones que la Comunidad ha recibido del Estado. «Castilla y León no puede perder esta oportunidad y el Gobierno autonómico tiene que estar a la altura y debería estar preocupado y ocupado en distribuir esta inmensa cantidad de dinero», recalcó Barcones, que ensalzó que el Gobierno está transfiriendo a las comunidades autónomas la cantidad de fondos más alta de la historia con el objetivo claro de blindar los servicios públicos, proteger el empleo y tejido productivo y transformar el modelo económico y social.
Una valoración que realizó durante la presentación del informe de rendición de cuentas del Gobierno de España 'Cumpliendo' y que recoge el grado de cumplimiento de los compromisos del Estado durante el primer semestre del año. En este acto, la delegada destacó que, en lo que va de año la Junta ha recibido 1.100 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para «lanzar licitaciones, subvenciones y ayudas abiertas» que permitan distribuir este dinero entre «las entidades locales, las empresas, las organizaciones o las familias» con el objetivo de «modernizar la economía de la Comunidad y la creación de empleo».
En este sentido, detalló alguna de las medidas aplicadas por el Gobierno y sus efectos en Castilla y León. Recordó en este punto que, hasta abril, el Estado había ejecutado directamente 440 millones en la Comunidad con el objetivo también de «combatir» la despoblación, el «déficit más importante», a su juicio, de la Comunidad. «Este Gobierno de España no deja a nadie atrás, ya que de esta manera avanzaremos hacia la cohesión social, territorial y económica», añadió.
«Peor crisis mundial»
La delegada del Gobierno explicó que se está saliendo de la «peor crisis mundial» sin «esquilmar el tejido productivo», argumento que le sirvió para destacar que los ERTE han permitido que 190.000 trabajadores de Castilla y León hayan mantenido su puesto de trabajo, algo que ha tenido un coste económico de 625 millones. También se refirió a los 461 millones dedicados a prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos cuya actividad se ha visto afectada desde el inicio de la pandemia hasta febrero de 2022.
No olvidó en su intervención las medidas aprobadas en el segundo plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, como el cheque de 200 euros a los trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas con un total de 19.477 peticiones tramitadas en la Comunidad. Además, apuntó que se mantiene el aumento del 15% sobre los más de 800.000 hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que en Castilla y León llega a 57.299 personas.
Reto demográfico
La delegada también destacó las inversiones en infraestructuras básicas como la extensión de la banda ancha para que toda la población de Castilla y León tenga conexión a Internet ultrarrápido antes de 2025 «independientemente de donde vivan». Según explicó, este tipo de infraestructuras son «absolutamente prioritarias» para este Gobierno de España que las ha impulsado desde 2018. Por otra parte, reconoció retrasos en obras como a A-11 o el AVE, pero recalcó el «firme compromiso» del Gobierno con estas infraestructuras y matizó que se trata de inversiones que ya acumulan retrasos por la mala gestión de heredada.
Por último, Barcones aseguró que de los 1.494 compromisos del Gobierno, en el primer semestre se han cumplido el 53,5 por ciento, mientras que la previsión es que el segundo semestre se alcance hasta el 61 por ciento.