La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León exigió hoy a la Junta revertir la gestión privada de los servicios de madrugadores y conciliamos, la ayuda a domicilio, el transporte sanitario y la campaña contra incendios forestales para que pase a manos de la administración autonómica y, por tanto pública, lo que permitirá blindar los derechos de 9.000 empleados en la Comunidad. "La gestión pública es la más económica, eficiente y transparente por mucho que estén en contra algunos partidos políticos", sentenció el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez.  

Con motivo de la campaña electoral del 13 de febrero, el sindicato  ha dejado claro que seguirá en su "lucha" para que los servicios públicos, que se financian con los impuestos de los ciudadanos, tengan una gestión pública. "Quien no crea en lo público que no se presente a las elecciones por que quien resulta elegido de las urnas lo hace para gestionar el dinero público. ¿O acaso solo creen en lo público cuando se trata del sueldo público que recibe el político?", aseveró. Además, lamentó la postura de la Junta que, hasta ahora, solo ha puesto el dinero para la prestación de los servicios y para sacar pecho pero luego se despreocupa de la gestión que prestan las empresas privadas. En este sentido, el lema de la campaña es que la crisis económica y la pandemia han demostrado que los servicios públicos son la "mejor defensa" para la sociedad. 

En el mismo sentido, se pronunció el secretario autonómico de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, quien, según recogió la Agencia Ical, advirtió la postura de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con las el operativo antiincendios forestales de la Comunidad. "Gran parte ya está privatizado y la intención de la Junta es continuar por esa línea. Hablan de un modelo público-privado y ahora, de uno privado-público y su deseo es que sea privado-privado", añadió. Además, apuntó que las bases de las licitaciones tienen un "sesgo" para que las contrataciones vayan "casi teledirigidas" hacia empresas "cercanas" a quien las hacen.  

La delegada de UGT de Madrugadores, Isabel González, recordó que Madrugadores y Conciliamos son dos servicios complementarios de los que la Junta se siente "muy orgullosa" después de se hayan prestado entre 15 y 20 años. Se preguntó por qué la administración autonómica no opta por prestar un servicio público para ahorrarse el coste de la empresa privadas. "La propaganda electoral de Alfonso Fernández Mañueco es ampliar Conciliamos a más municipios y que sea gratuito. Nosotros aplaudimos todo por que es un servicio público y ahora solo falta que el personal sea de gestión pública", precisó.

Y es que declaró que los trabajadores de esos servicios que ayudan a la conciliación de la vida familiar y laboral se sienten como "pelotas" que golpean, cada vez más fuerte, al pasar de una empresa a otra, cada vez que la Junta saca los pliegos para los nuevos contratos.  

En cuanto al transporte sanitario, Pérez destacó que la sanidad es un conjunto "integrado", por lo que todos los sanitarios deben ser personal público para cubrir todos los derechos de las personas. Por su parte, el secretario regional de Sanidad de UGT, Miguel Holguín, apuntó que la internacionalización del transporte sanitario es posible, tal y como se ha demostrado en Baleares, que la primera medida adoptada tras la reversión pública ha sido la renovación de toda la flota de vehículos. También, expuso que otras comunidades como Madrid tienen parte pública y parte privada mientras que algunas como La Rioja, Navarra y País Vasco lo tienen sobre la mesa. "Hemos desaprovechado la oportunidad en la anterior legislatura para que la gestión del transporte sanitario sea público, por lo que ahora nos tocará sufrir otros cuatro años una privatización del servicio", manifestó.

El secretario autonómico de UGT fue el encargado también de denunciar los problemas que sufren las casi 5.900 trabajadores de la ayuda a domicilio, tras recordar que es un sector muy feminizado ya que el 95 por ciento del empleo se presta por mujeres, que se enfrentan a sueldos de no llegan a los 800 euros por sus jornadas incompletas. Tomás Pérez aseguró que la solución pasa, en primer lugar, por que la Junta unifique en un solo concierto los 23 existentes en la Comunidad, al ser una competencia delegada en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones. A su juicio, una unificación del concierto permitiría mejorar las condiciones laborales de las empleadas ya que no habría contratos firmados con cinco años de diferencia.