El Constitucional arrancará en febrero una etapa de intensa actividad. Un período frenético de trabajo, que encara con mayoría progresista entre sus vocales, en el que abordará una ambiciosa agenda para deliberar y resolver en Pleno los tres asuntos de mayor relevancia social en el tribunal: la ley del aborto de 2010, la ley de la eutanasia y la ley educativa conocida como ley Celáa. El presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, ya ha anunciado a los magistrados su intención de acelerar la resolución de estas cuestiones clave, cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones municipales y autonómicas.

LEY DEL ABORTO. 7, 8 y 9 de febrero 

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la madre o graves anomalías en el feto. En los casos de chicas de 16 y 17 años que querían abortar, no era necesario el consentimiento paterno, pero sí que al menos uno de los progenitores o tutores legales fuese informado.

En 2015, el PP reformó la ley, pero se limitó a exigir de nuevo el consentimiento paterno para las adolescentes sin tocar los asuntos nucleares de la norma de 2010 que habían recurrido al Constitucional. En la reforma que se tramita actualmente se suprime de nuevo el consentimiento para las menores de 16 y 17.

El recurso del PP, que pidió sin éxito la suspensión de la ley, carga contra el artículo 12 que garantiza el acceso al aborto ya que considera que choca contra el derecho a la vida; el artículo 14 que lo permite la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas sin que exista «ninguna causa objetiva»; y el artículo 15 sobre la interrupción por motivos médicos hasta la semana 22.

El texto considera inconstitucional la llamada «ley de plazos» de 2010 frente a la «ley de supuestos» de 1985, es decir, pretende ilegalizar el aborto salvo en los tres casos que recogía la norma de hace 38 años: supuesto de violación; hasta 22 semanas en supuestos de riesgos de malformaciones del feto; y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.

Además, el recurso incluye el polémico artículo 13.4 -ya derogado- que permitía a las chicas de 16 y 17 años poner fin a su embarazo sin el consentimiento de sus padres.

El actual líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, si avala la ley de plazos, y deja claro que la «discrepancia sustancial» de su partido respecto a la normativa vigente es el consentimiento paternal en menores. A su juicio, el resto de cuestiones «no son mollares» con el criterio actual, más cuando «en Europa todos los países (...) tienen una ley de plazos».

LEY DE LA EUTANASIA. 21, 22 y 23 de febrero

La eutanasia, regulada en 2021 a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, pueden solicitarla las personas que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que les afecte a la autonomía y que les genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de pedirla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles en España y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el solicitante puede desistir de esta vía en cualquier momento.

Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.

En su primer año de aplicación, de junio de 2021 a junio de 2022, 180 personas ejercieron su derecho a la eutanasia en España.

El recurso del PP considera que la ley vulnera el derecho a la vida y que genera indefensión jurídica porque no dispone de un régimen en este aspecto que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.

Igualmente, Vox impugnó la norma por infringir el derecho a la vida al manifestar que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe proteger como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren.

Ambos partidos pidieron, sin éxito, la suspensión cautelar de la ley. Y también ambas formaciones defienden que su respuesta frente a la eutanasia pasa por la mejora de los cuidados paliativos.

El Tribunal de Garantías ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre un caso concreto, el de Eugen Sabau, conocido como el Pistolero de Tarragona, cuya eutanasia intentaron frenar sin éxito las víctimas de sus crímenes, que querían que fuese juzgado.

'LEY CELAÁ'. 7, 8 y 9 de marzo

La conocida como ley Celaá incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis solo para construir centros públicos y no concertados.

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una, e incluso dos, materias suspensas. Repetir es excepcional y el estudiante solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. Igualmente, no permite financiar con fondos públicos los centros que segreguen a los alumnos por sexo.

El recurso del PP contra la ley Celaá impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y «no garantiza» que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.

Mientras, Vox solicita la nulidad de los apartados sobre la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana al entender que la «única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva».