Los irrisorios 250.000 euros que el Ministerio de Justicia ha reservado para 2023 para iniciar el proyecto del futuro Campus de la plaza de San Pablo ha soliviantado a todos los agentes judiciales, que, después de reunirse este jueves con Óscar Puente, han decidido salir a la calle para dejar claro al Gobierno que Valladolid no puede continuar con la actual dispersión judicial.

La movilización todavía se esta definiendo, pero la idea inicial es celebrar una concentración a las puertas de la sede central de los Juzgados y el Palacio de Justicia, en la calle Angustias, para mostrar su rechazo al olvido al que se somete a este proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento ya ha concluido la tramitación urbanística para poner a disposición del Ministerio tanto el viejo colegio El Salvador, como el aparcamiento del antiguo hospital Río Hortega, con el fin de levantar un par de edificios judiciales y que se agrupen todos los juzgados en el entorno de San Pablo, sumando los de Angustias.

El primero en confirmar esa futura protesta que se esta pergeñando fue el decano del Colegio de Abogados, un Javier Martín que detallaba que sería de «todos los operadores jurídicos», es decir, de funcionarios, abogados, procuradores, secretarios, fiscales y jueces: «Estamos todos unidos en esto. Convocaremos concentración de protesta y solicitaremos también una entrevista con la ministra de Justicia», detalla Martín minutos después de reunirse con el alcalde y el concejal Manuel Saravia para detallar el estado del proyecto.

En la reunión del jueves, Óscar Puente, dejó claro su respaldo a las «medidas» que puedan tomar los operadores jurídicos para «presionar» al Ministerio con el fin de lograr un avance en el proyecto.

El alcalde recibió al presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza, y a los decanos tanto del Colegio de Abogados, Javier Martín, como del de Procuradores, Mar Abril. Junto a Saravia les explicó que el Ayuntamiento ha hecho ya su parte y que solo falta de la firma del convenio de permuta para que los terrenos pasen a manos del Ministerio.

Puente recordó que el pasado martes se aprobó por unanimidad en el Pleno municipal una moción en los que se reclama la firma de un convenio con el Ministerio para fijar un plazo máximo de tres años para el desarrollo del proyecto.