Que nadie es perfecto, es decir que todos podemos cometer errores, es un dicho popular elevado, incluso a letras de canciones o títulos de películas, vigente por tanto en lo más cotidiano, aunque haya quien se muestre convencido de que todo lo hace extraordinariamente, sin un fallo, posiblemente fruto de la soberbia, hasta que se produce. 

Con la llamada ley del sí es sí, oficialmente Ley de Garantías de la Libertad Sexual, tan polémica estos días, se ha comprobado que ha fallado más de un mecanismo de control del Estado, incluso de organismos consultivos, aunque hubo quien advirtió ya, hace dos años, que el texto contemplaba rebajar las penas a los agresores. La unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo es el motivo por el que se han rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas por las audiencias provinciales.

Parece que al unísono, al menos la cascada de acuerdos judiciales, diferentes tribunales han trabajado rápido por sacar de prisión a condenados por agresión sexual, tras la reforma del Código Penal, aplicando la fórmula más favorable al condenado, lo que realmente ha provocado un terremoto político y social en el que, por un lado, los colectivos feministas tradicionales y, por otro, la oposición conservadora, una de cuyas facciones rechaza lo que supone la violencia de género, desde la propia terminología, se han dado prisa en solicitar la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Los jueces interpretan las leyes en base a sus conocimientos, por supuesto, nadie puede asegurar que se produzca siempre un acierto pleno, que sean infalibles, pero el sistema dispone de instancias superiores que pueden modificar las decisiones. También que tengan su propia ideología, incluso que sean conservadores en una buena mayoría, pero también se entiende que la profesionalidad va por delante de cualquier otra cuestión. Todo es susceptible de poder comentarse, principalmente cuando se trata de instituciones públicas. En este caso se puede hacer una dura crítica a la forma en que están afrontando la crisis en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, pero lo que no es de recibo es que Montero, miembro del Ejecutivo, como lo hizo en su momento quien era vicepresidente del Gabinete de coalición, Pablo Iglesias, tilden a los magistrados de machistas, se les acuse de tendenciosidad y se ponga en duda su preparación. 

Si la ley ha dado origen a decisiones tan tajantes parece evidente que hay motivo para ello, que precisa solucionarse y unificarse el criterio, aunque no hay vuelta atrás de quien ha sido excarcelado. También hay que asumir responsabilidades de quien haya participado de una decisión que puede tener parte de un efecto contrario a lo que se perseguía, pero no recurrir a la descalificación de parte del poder Ejecutivo contra el Judicial, que incide directamente en parte de la base del sistema democrático, aunque hay quien no ha abandonado su talante asambleario de universidad, olvidando el obligado sentido de Estado.