«Si no me ingresan ya el dinero, en diciembre tendré que comunicar a las familias que no podremos abrir». Así de contundente se muestra la directora de una de las guarderías afectadas por el «retraso» en el pago por parte de la Junta por la escolarización de los niños de dos a tres años. El Gobierno regional anunció en septiembre la gratuidad de estas plazas, una medida que tendrá un coste de 26,8 millones. Pero lo cierto es que han sido los centros los que han tenido que adelantar un dinero que la Junta prometió reintegrar en dos pagos, «el primero a finales de septiembre o principios de octubre», señalan los afectados, y el segundo a partir de marzo o abril. No obstante, metidos ya en noviembre, algunos centros no han recibido ni un euro y otros han recibido el ingreso, de algo más de 13.000 euros, esta misma semana. Un retraso que les está llevando a una situación financiera límite, ya que están teniendo que tirar de sus propios ahorros.

No obstante, desde la Consejería de Educación aclaran que «a día de hoy -en referencia al 10 de noviembre- se han abonado los anticipos del primer pago a los centros privados y de los ayuntamientos que han aportado toda la documentación de forma correcta». En total, el 80 por ciento, según la Junta. El 20 por ciento restante está «en fase de subsanación» y Educación espera que puedan recibir el dinero antes de que acabe este mes. «La subvención a los centros de titularidad privada es abonada en dos pagos anticipados: el primero, correspondiente al primer cuatrimestre, se está abonando a lo largo de este último trimestre, y el segundo se abonará en el primer trimestre del año 2023.

Algunas guarderías afectadas aseguran que la Junta les prometió unos ingresos de 41.400 euros por aula. «Pero una vez iniciado el curso de forma gratuita para las familias nos llega la noticia de que esa cantidad es un máximo, y que solo nos darán los gastos justificados en una memoria», señala. Algo que puso en pie de guerra a estos empresarios, ya que ese reintegro no contemplaba, según ellos, ningún margen. «Somos un negocio que trabaja por beneficios, no una oenegé que solo necesita cubrir gastos», señala otra afectada. Desde Educación puntualizan que «la subvención cubre las 5 horas lectivas que se ofrece en los centros públicos, pero al igual que estos, los privados pueden ofrecer servicios complementarios (madrugadores, comedor, etcétera) que abonarán las familias». Desde la Asociación de Escuelas y Centros Infantiles Privados reconocen estar al corriente del malestar de este "pequeño" grupo, pero aseguran que la negociación con la Junta ha sido fluida y, de momento, Educación "está cumpliendo" con lo pactado.

Respuesta al «retraso»

Respecto al «retraso» en los pagos, desde la Consejería señalan que «fueron los propios centros privados los que solicitaron que las condiciones de cumplimiento y requisitos se pospusieran al mes de octubre, ya que en muchos de ellos necesitaban el mes de septiembre para poder completar el número de niños necesarios para llegar a la ratio mínima». La Junta añade que  «esto obliga a la administración a retrasar la tramitación de la documentación de la subvención, de lo que fueron informados y con lo que estuvieron de acuerdo los representantes de los centros privados».

Entre los requisitos a los que hace referencia Educación se encuentra la adaptación de las instalaciones necesaria para que los centros privados pudieran formar parte de esta red de centros, de acuerdo con el decreto vigente desde el año 2008. Los responsables de los mismos señalan que la Junta les prometió «flexibilidad» en este tema, pero después... «todo lo contrario». «Nos piden cosas surrealistas que no están en ese decreto y, cuando les preguntamos, nos dicen que eso figura en una normativa interna», señalan las mismas fuentes. Por ejemplo, una empresaria de Laguna asegura que desde la Junta se le exige que tenga un patio o, en su defecto, un parque municipal que solo puedan usar los niños en determinadas horas. «Y me dicen que tengo que hablar con el Ayuntamiento para conseguirlo», denuncia. «Muchos compañeros ya han tenido que tomar la decisión de que el siguiente curso no podrán continuar porque no pueden asumir esas reformas», señala otra empresaria.

Hay otras versiones de los afectados por este problema que no coinciden con la de la Consejería. Por ejemplo, varias empresarias sostienen que técnicos de la Junta de Castilla yLeón les instaron a pedir un crédito para soportar los gastos hasta que el pago desde el Gobierno regional se hiciera efectivo, un extremo que niegan rotundamente desde Educación.

Una medida para «mantener el tejido empresarial»

La Consejería incide en que durante el proceso de implantación de la gratuidad de las plazas para niños de entre dos y tres años «se ha mantenido una constante interlocución con las entidades representativas de los centros, que han podido hacer sus propuestas y a las que se ha informado de la marcha de dicho proceso». Además, la Consejería recuerda que «el fomento a la creación de nuevas plazas gratuitas para dos y tres años se ha limitado a nivel estatal únicamente a plazas públicas», mientras que en Castilla yLeón se ha contado con las empresas privadas «para incrementar la posibilidad de elegir plaza y mantener el tejido empresarial existente». Las mismas fuente también destacan que «estos centros cuentan con personal especializado del que no podemos prescindir si queremos que nuestra Comunidad preste un servicio de gran calidad».

estudio de la demanda. Esta medida se ha puesto en marcha «tras un serio estudio de la posible demanda y un análisis de la oferta existente». Educación informó el pasado mes de agosto de que esta medida permitiría casi a 10.000 niños de Castilla y León tener plaza gratuita, 2.633 de ellos en Valladolid (411 en centros dependientes de la Junta, 1.064 en guarderías municipales y 1.158 en 79 centros privados). «Desde el primer momento se ha contado con los centros públicos de los ayuntamientos y los centros privados que ya tenían en funcionamiento unidades de 2-3 años, por ello se publicaron sendas órdenes para que los titulares de dichos centros comunicaran las unidades y plazas disponibles y para que los centros que aún no tenían la autorización como educativo la solicitaran en el plazo establecido», dice la Junta.