Una de las últimas leyes en entrar en vigor es la de memoria democrática, que sustituye o amplía a aquella otra tan polémica de memoria histórica, y que tendrá consecuencias en la capital y la provincia, pues aún quedan resquicios de la dictadura franquista en algunas instituciones, edificios y otros lugares públicos y privados. Aunque apenas lleva un par de semanas en vigor y evidentemente  necesita un poco más de recorrido para comenzar a ver sus efectos, ya se aprecian las primeras resistencias a cumplir con lo que determina la ley, más allá de si se está de acuerdo o no con las acciones a las que obliga la norma. Esta es una de las banderas esgrimidas por el Gobierno socialista en esta legislatura con Pedro Sánchez a la cabeza, que precisamente visitó hace escasas fechas los trabajos de exhumación de algunas fosas comunes en el cementerio de El Carmen, donde están enterrados algunas víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Y precisamente por ello, llama la atención la escasa disposición de alcaldes y dirigentes socialistas de la provincia a la retirada voluntaria de laureadas, nombres, placas o escudos que se verán obligados a quitar en cuanto reciban una petición individual o de algún colectivo.
Soy consciente de que no es un debate que esté en la calle. En las barras de los bares y en las tertulias de los grupos de amigos no existe una gran preocupación por que el Ayuntamiento o la Diputación mantengan la cruz laureada de San Fernando en su escudo o por que Quintanilla siga 'apellidándose' de Onésimo. Sin embargo, nos guste o no, las leyes están para cumplirlas y aún más por parte de las administraciones públicas, que en esto como en otros muchos casos deben dar ejemplo de acatamiento a las normas jurídicas. Incluso desde un punto de vista de coherencia política e ideológica, los dirigentes socialistas deberían tener una actitud proactiva en la recuperación de la memoria democrática, de cuya ley hacen bandera a nivel nacional, para eliminar cualquier vestigio que recuerde a la dictadura y a cualquiera de sus protagonistas.
¿Por qué motivo esto no sucede? Pues sencillamente porque los alcaldes son conscientes de que es un problema que no existe en la calle, donde los ciudadanos están preocupados por la factura energética, el incremento de los precios, la inflación, los carburantes o el empleo. Esta situación provoca que los regidores, sean del signo que sean, prefieran no mover un avispero que casi siempre provoca crispación y controversia y que solo puede restar votos a la hora de depositar las papeletas. Desde ese punto de vista es comprensible, aunque socialistas y todos aquellos que se encuentran a su izquierda (por ejemplo, Valladolid Toma la Palabra) tendrán difícil ponerse de perfil y escaquearse de iniciar las actuaciones necesarias para acabar con todo aquello que huela a la dictadura, tanto en sus símbolos como en sus edificios. La actual ley de memoria democrática es mucho más exhaustiva que la anterior y facilita las iniciativas particulares para empujar a las administraciones públicas a cumplir con lo aprobado.
Este asunto de la memoria histórica o democrática, llámese como se llame, tiene muchas aristas y se trata de enfocarlo bien. Evidentemente nadie puede negar a todos aquellos que aún tienen familiares desaparecidos o enterrados en fosas comunes el derecho a recuperar sus cuerpos para que reciban un enterramiento digno. Es cuestión, como mínimo, de humanidad. De ahí a realizar un revisionismo histórico hay mucha distancia y mucha divergencia, pero en todo caso lo que nadie puede cuestionar es el cumplimiento estricto de las leyes y para hacerlo las administraciones, universidades y otras instituciones deben comenzar ya a eliminar todo aquello que se ha marcado como contrario a los valores democráticos. Se esté de acuerdo o no.