Las acusaciones mantuvieron hoy sus peticiones de pena en la última jornada del juicio del 'caso Samaniego' que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra el que fuera jefe del Centro de Mantenimiento del Ayuntamiento entre los años 2000 y 2014, Luis Alberto Samaniego, y en el que también están inculpados su hijo Luis Javier Samaniego Conde, su primo Antonio Bernardo Samaniego y Miguel Ángel Rodríguez Patín, contable que trabajaba para todo el grupo familiar de empresas.

La Fiscalía reclama para el principal acusado once años de cárcel por los delitos continuados de negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa. Además, solicita la inhabilitación para empleo o cargo público durante dieciocho años, mientras que para el resto de acusados mantiene la petición de ocho años de prisión. También plantea que todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente cobradas.

En sus conclusiones, la que fuera fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, aseguró que durante la vista oral ha quedado demostrado que Luis Alberto Samaniego incumplió la ley que prohíbe a los funcionarios contratar obras públicas, y afirmó que, valiéndose de su cargo como jefe del Centro de Mantenimiento, adjudicó trabajos a dos empresas en las que tenía una importante participación, ya que en una de las sociedad llegó a ser administrador.

Además, también argumentó que se ha demostrado que las trece empresas del entramado familiar encausadas compartían la misma sede y el mismo personal de administración, y que sólo dos contaban con empleados. "Todo era una ficción", afirmó la fiscal, que sostuvo que al final y mediante un sistema de subcontratas y de acuerdos previos a la hora de presentar ofertas, la inmensa mayoría de las obras siempre las acababan haciendo las mismas empresas.

En este sentido, recalcó que además de las transferencias en concepto de alquileres o de devolución de préstamos entre las empresas del grupo, también se realizaron pagos desde estas sociedades a los cuatro encausados sin ninguna justificación.

La fiscal cifró en 10 millones de euros la suma de los contratos adjudicados al entremado de empresas Samaniego entre 2000 y 2014, y aunque reconoció que pudieron fallar los servicios de control del Ayuntamiento, aseguró que los funcionarios deben regir su trabajo por un principio de buena fe y no, como en este caso por "intereses bastardos".

Con respecto al delito de fraude a la Administración, cifró en 600.000 euros la cantidad defraudada al Ayuntamiento con sobrecostes en las facturas, a la vez que defendió la valided del informe pericial realizado encargado por la propia Fiscalía a funcionarios del Ayuntamiento, a pesar de que la defensa ha pedido su impugnación. A su vez, también aseguró que se ha demostrado que hubo una serie de trabajos facturados por empresas del entremado que se cobraron pero que nunca llegaron a realizarse.

Por su parte, la acusación particular mantuvo los argumentos del Ministerio Público, aunque elevó el conjunto de penas hasta los 45 años al incluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Así para Luis Alberto Samaniego pide 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto solicita 10 años de cárcel y 23 de inhabilitación.