El plan de choque judicial contra los abusos bancarios cumple cinco años de vigencia sin que en Valladolid se haya logrado dar carpetazo a una problemática que ya ha llevado a más de 21.000 personas a denunciar a su banco para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios o el pago de la indemnización por una cláusula suelo ilegal. El 'macrojuzgado' que Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pusieron en marcha alrededor del Juzgado de Primera Instancia 4, con cuatro juezas, otras tantas letradas de la administración de justicia y 16 funcionarios, solo está logrando la agilidad adecuada en la fase de audiencia y sentencia, pero la falta de medios humanos existente en la etapa inicial y final se ha revelado en un lastre que hace que un caso necesite «dos años» en completar el proceso, «desde que se presenta la demanda hasta que se cobra». Y que haya 4,8 millones de euros en la caja del juzgado esperando salir rumbo a la cuenta de los usuarios.
«El funcionamiento del juzgado es un desastre, al menos en cuanto a tiempo, porque ya se sabe que una justicia que va a destiempo no es justicia», asevera el decano del Colegio de Abogados de Valladolid. «Aquí hay muchas juezas, pero sin letrados de la administración de justicia (LAJ) ni funcionarios para dar respuesta a todo el proceso de un modo ágil», argumenta Javier Martín, quien no duda en calificar el atasco de «terrible».
El número de casos pendientes se mueve en la franja de los 3.000 actualmente, lo que significa que ya se ha dado salida a unos 18.000 a lo largo de estos cinco años y «mayoritariamente, otorgando la razón al usuario», según apuntan las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. El plan de choque arrancó el 1 de junio de 2017 solo con un juzgado bis adscrito al 4 y pronto, año y medio después, se convirtió ya en ese 'macrojuzgado' al que le fueron llegando, primero, las tres juezas de refuerzo (con la misión de dictar cien sentencias al mes cada una) y, luego, poco a poco, los funcionarios.
Así hasta llegar a contar con un equipo formado por 24 personas, aunque cinco de ellas solo a tiempo parcial (con una prolongación de jornada de dos horas y media a la semana) que continúa resultando «insuficiente» para procuradores, abogados y funcionarios. «Fue un error restringir la tramitación de estos procedimientos por abusos bancarios a un solo juzgado y así se ha demostrado con el paso del tiempo, que lo han atascado por completo», reflexiona la decana del Colegio de Procuradores, Mar Abril, quien asegura que «hacen falta muchos más medios humanos, por lo menos dos funcionarios y otra LAJ a tiempo completo, porque ahora sí han llegado dos letradas de la administración de justicia que se encargan exclusivamente de dar salida a los pagos, pero están solo unas horas y esto se demuestra que es claramente insuficiente para acabar con el atasco que hay».
«El gran problema está ahora en los libramientos de cantidades», apostilla el decano de los abogados, quien relata que «hay veces que los bancos dejan consignado el dinero de la indemnización, pero no se le puede dar salida desde el juzgado al usuario porque eso es función de las letradas y no dan abasto».
Javier Martín detalla que «el problema se agrava cuando hay que ejecutar la sentencia para obligar a pagar a la entidad, que eso se retrasa aún más, pues se puede ir a un año». «En total te vas a los dos años, porque pasan ocho o nueve meses hasta que se registra e incoa el asunto, luego la audiencia y la sentencia van rápido, pero hay que esperar entre nueve meses y un año para conseguir la ejecución, incluso cuando paga el banco».
«El atasco está en la ejecución, en la tasación de costas, en lo que se refiere a liquidación de intereses... no en señalamientos, sentencias, –las vistas se están señalando ahora para el mes de octubre–, porque aquí hay cuatro magistradas, y solo dos letradas a tiempo completo, que son las que llevan todos esos trámites», señala en igual sentido Raúl Franco, presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia.
El delegado sindical cree que «si no hubiera sido por el 'parón' de la pandemia, la idea era que a finales de 2022 se hubiera finiquitado el plan de choque judicial en Valladolid –como ha pasado en una veintena de provincias– aunque los asuntos siguieran entrando, pero tendrá que llegar a cumplir los seis años (junio 2023) para tomar esa decisión».