La Ley de Memoria Democrática está vigente desde el pasado 21 de octubre, pero ya ha tenido efectos prácticos inmediatos como la exhumación del militar vallisoletano Gonzalo Queipo de Llano, que permanecían inhumados en el interior de su basílica en Sevilla desde hace 71 años. Esta ley, que ha sido una de las grandes apuestas del presidente del Gobierno, amplía la mayoría de supuestos regulados anteriormente por la de Memoria Histórica y entra en muchos aspectos que no se habían abordado como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones, además de la creación el banco nacional de ADN de víctimas. 

De hecho, a los tres días de su entrada en vigor el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó los trabajos de localización de restos de represaliados en  la séptima de las diez fosas comunes documentadas en el Cementerio de El Carmen de Valladolid. Una visita donde aseguró que con esta ley cumplen «con el compromiso en favor de la justicia, la reparación, el reconocimiento y la dignidad para todas las víctimas».

Otra de las facetas que regula con más definición la nueva norma son los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. En concreto, el artículo 40 de esta ley insta a las administraciones públicas a «revisar de oficio o retirar» la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que comporten exaltación o enaltecimiento de las sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, al igual que condecoraciones y recompensas.

¿Cómo afecta esto a Valladolid? En el caso de la capital las asociaciones memorialistas y algunos partidos entienden que la normativa es «nítida» y obligaría a retirar la laureada del escudo de la ciudad y también del de la Diputación. Una reclamación histórica, que el alcalde, Óscar Puente, ya descartó en octubre de 2017 cuando Valladolid Toma la Palabra (VTLP), sus socios en el Ayuntamiento, lo plantearon en una moción. En esa sesión se acordó finalmente por unanimidad de todos mantener la distinción en el escudo, pero rechazar el decreto del 17 de julio de 1939 por el que el general Franco concedió a Valladolid la Cruz Laureada de San Fernando.

laureada «vaciada». En aquel momento, Puente defendió que así se cumplía la Ley de Memoria Histórica. Un argumento que ahora, con la nueva regulación, mantiene que sigue siendo válido porque se ha «vaciado» de significado la distinción. «Lleva más años formado parte del escudo en democracia, que en dictadura», reitera el regidor.

Una idea que no convence a la Plataforma para la Retirada de Símbolos Franquistas, que  ha solicitado en diversas ocasiones su retirada y que volverá a hacerlo formalmente esta semana al amparo de la nueva ley. De hecho, otra de las novedades de la normativa es que incorpora un régimen sancionador, que fija multas de entre 200 y 150.000 euros para los que la infrinjan.

¿Qué hará el Ayuntamiento ante una petición como la que anuncia la plataforma? El alcalde apunta que no se lo ha planteado y que habría que estudiarlo. Más claro lo tiene la portavoz de VTLP, María Sánchez, que reitera que no han cambiado de criterio en estos años.  «La ley es clara y hay que retirar esta simbología. Esta norma es muy buena noticia y las administraciones tenemos que cumplirla», apunta. Aunque también recuerda que el artículo 36 dice que el Gobierno tiene que confeccionar en colaboración con el resto de administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. «Lo lógico es que se haga ese catálogo y se retiren los símbolos».

Una simbología que en Valladolid comenzó a borrarse en mayo de 2014 cuando el anterior alcalde, León de la Riva, se vio obligado a cambiar  la denominación de 12 calles y un puente de la ciudad para cumplir con una sentencia del TSJCyL basada en la anterior ley. Y casi dos años después, ya con la Corporación actual, se desmontó el monumento a Onésimo Redondo en el Cerro de San Cristóbal. Ese mismo año se autorizaron también las primeras excavaciones para localizar las fosas comunes que la ARMH tenía documentadas en el Cementerio de El Carmen. «Aquí se han hecho muchas cosas sin problemas, de una manera bastante cabal, en un clima de consenso», defiende Puente. Y recalca que estudiará bien la ley y «lo que sea obligatorio se cumplirá».

«Aquí se han hecho muchas cosas sin problemas, de una manera bastante cabal, en un clima de consenso»

Pasividad. La laureada también está en el escudo de la Diputación, aunque en este caso no han constancia de que recibiera tal distinción. Además, en esta institución sí que se aprobó la moción que el grupo de Toma la Palabra presentó a la vez que en el Ayuntamiento. Pero cinco años después sigue sin ejecutarse el acuerdo plenario. El portavoz del equipo de Gobierno, el popular Agapito Hernández, apunta que está en el escudo por «mimetismo» con la capital y que el propio acuerdo plenario recoge ese error, por lo que entiende que la nueva norma no les afecta. Pero también recalca que «no es una prioridad» retirarla, aunque acto seguido apuntilla que la ley «está para cumplirla y mejorarla».

 Más llamativa resulta la posición del portavoz del grupo socialista y secretario de Organización del PSOE, Francisco Ferreira, que rechazó hablar con este periódico sobre la eliminación de la laureda y la aplicación de la ley. Una opción por la que se decantan la mayoría de los alcaldes de los 70 municipios que todavía conservan simbología, algunos de los cuales incluso ya han sido requeridos en varias ocasiones por el Senado para cambiar el nombre de sus calles.

La norma considerada contrarios a la memoria democrática las referencias en topónimos y en el callejero de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura. Y fija que las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para su retirada.

Este artículo obligaría al cambio de nombre de Quintanilla de Onésimo, que anteriormente era conocido como Quintanilla de Abajo. Su alcalde, el socialista Carlos del Barrio también evita pronunciarse sobre la aplicación de la norma. Aunque se verá obligado a responder al requerimiento del abogado Eduardo Ranz, que solicitó al amparo de la nueva ley el cambio de nombre.

«No me voy a pronunciar hasta que no estudie bien la ley. Hemos recibido una petición de retirada y se está estudiando»