El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina del Campo ha decretado el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas al alcalde socialista de Pollos, el secretario municipal y el alguacil tras la denuncia interpuesta por el PP de la localidad por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.

En su denuncia, los 'populares' acusaban al alcalde, Javier García Rojo, y al alguacil, Juan Antonio Alonso, de repostar sus vehículos particulares, hasta cargar más de 3.000 euros a cuenta de las arcas públicas, así como de la adquisición irregular en 2013, sin procedimiento administrativo, de un dumper o volquete para el Ayuntamiento con un coste de 3.500 euros y su posterior venta por 1.000 euros, transacción por la que también se investigaba al secretario municipal, Benedicto Martínez.

Sin embargo, las actuaciones han quedado archivadas conforme a la postura del Ministerio Fiscal, que en sendos escritos de fecha 29 de diciembre de 2021 no solicitó la prórroga del plazo de instrucción e interesó el sobreseimiento provisional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

"A la vista de las diligencias de investigación practicadas y del informe del Ministerio Fiscal, que se comparte plenamente, no es posible continuar adelante con la presente investigación y procede acceder al sobreseimiento interesado, no siendo necesario prorrogar el plazo de instrucción", resuelve el citado juzgado.

La resolución toma como base el citado informe de la acusación pública, en el que se advertía de que si bien se pueden apreciar ciertas irregularidades en la adquisición del dumper en el año 2013, "lo cierto es que es la mismas no alcanzan relevancia penal y conforme al principio de intervención mínima procede archivar el procedimiento", mientras que con respecto a la compra de un nuevo volquete a la empresa Blape, por importe de más de 5.000 euros, entiende cumplimentados los trámites administrativos y por tanto no ve indicios de la comisión de delito alguno.

Finalmente, en cuanto a la cuestión más controvertida, el repostaje de combustible con cargo a las arcas públicas, la fiscal concluye que "existen irregularidades notorias generadoras de sospecha pero no elementos suficientes de prueba para solicitar la transformación del procedimiento en juicio por jurado".

En el caso del alcalde se hace referencia a que los testigos han negado que repostara su coche con cargo al Ayuntamiento ya que cuando lo ha hecho ha sido con su dinero o tarjeta personal.

Por ello, "ante la ausencia de dichos indicios y ante la ausencia de personación distinta al Ministerio Público dispuesta a mantener la acusación no procede sino acordar el sobreseimiento provisional por virtud del principio acusatorio", concluye el auto del juzgado.