La organización de consumidores Facua Castilla y León se ha dirigido a los ayuntamientos de Valladolid y Palencia para pedirles que eliminen la diferencia de precios que existen en sus piscinas municipales en función de si el usuario está empadronado o no en la localidad.

La asociación se suma así a la recomendación que ya hizo hace unos días el Procurador de lo Común donde se pedía a los consistorios que en sus ordenanzas fiscales no se establezcan diferencias de precios entre personas que tengan o no una vinculación con el municipio, ya que se trata de una medida contraria al principio de igualdad, ha indicado Facua en un comunicado recogido por Europa Press.

En el caso de Valladolid, ha señalado que la diferencia de la tarifa cuatrimestral es "bastante importante", ya que el precio del abono A es de 94 euros para empadronados, mientras que asciende a 216 para los que no lo están; en el abono B la diferencia es de hasta 128 euros entre un usuario y otro; y en los abonos C y D pasa de 63,60 euros para empadronados a 152 euros para quienes no lo están.

En el caso de Palencia, utilizar las piscinas municipales de verano este año cuesta 2,50 euros para los adultos que estén empadronados en la localidad, mientras que el precio para los no empadronados es de 3,50. Se trata de una distinción que afecta a todas las tarifas, y que se extiende también al resto de tasas.

Facua Castilla y León ha tenido conocimiento de que el consistorio palentino se plantea eliminar esta diferencia en las tasas, aunque prevé hacerlo a partir del próximo año.

Aplicación inmediata

Sin embargo, la asociación considera que esta supresión "debería aplicarse para la temporada de baños de este verano, igualando así a todos los usuarios independientemente de donde sean o provengan".

En el escrito remitido a ambos ayuntamientos, la organización hace alusión al artículo 8 del Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se recoge que "es derecho básico de los consumidores la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, y la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios".

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley 2/2015 de 4 de marzo por el que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León especifica que son derechos básicos de los consumidores y usuarios la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

Por todo ello, Facua ha solicitado a ambos ayuntamientos que se tomen las medidas necesarias para que no se penalice el pago de servicios públicos de piscinas entre consumidores y usuarios empadronados y no empadronados.