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Pistoleros repartidos por toda España

Agencias
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Seis de cada 10 presos de ETA se encuentran encarcelados a más de 300 kilómetros del País Vasco a pesar de los acercamientos que ha llevado a cabo Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa

La izquierda abertzale reclama en las calles, e incluso en las playas, el traslado de los etarras a Euskadi. - Foto: Javier Etxezarreta

Una de las batallas históricas de la izquierda abertzale es el acercamiento de los presos terroristas a cárceles del País Vasco o, como mínimo, cercanas a Euskadi. De hecho, esta lucha la han llevado al terreno político, intentando visibilizar la situación de los etarras que, por política penitenciaria, siempre han cumplido sus penas en prisiones muy alejadas de su tierra. En su momento, con la banda matando casi cada día, se consideraba que esta manera de proceder servía para desconectar el llamado frente de presos, evitando que en las cárceles mantuvieran una organización criminal casi paralela a ETA. 

Con el fin de la actividad armada de los terroristas, la izquierda abertzale cuestionó el mantenimiento de esa política penitenciaria y los Gobiernos fueron cediendo en los acercamientos de los reos. Así, en dos años y medio de Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, se han autorizado 140 traslados de presos de ETA, un número que no coincide con el de presos pues algunos han sido desplazados más de una vez.

Actualmente hay 197 reos terroristas en cárceles españolas, de los que 75 están en prisiones del País Vasco, de territorios limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja y Navarra) o de Zaragoza y Soria, por lo que 122 reclusos de la banda terrorista (61 por ciento) cumplen condena a 300 o más kilómetros de sus lugares de origen.

 

En la otra punta

De los 122 reclusos encarcelados a más de 300 kilómetros del País Vasco, una veintena están en los centros de Cádiz, Sevilla, Almería y Huelva, que distan de Euskadi alrededor de 1.000 kilómetros. La única prisión más alejada sin etarras es ya la de Algeciras tras el acercamiento, en diciembre, del último que estaba en sus celdas, Eider Pérez Aristizábal.

Precisamente en Huelva se encuentra uno los pistoleros más sanguinarios de la Historia de la banda, Javier García Gaztelu, Txapote, responsable de los crímenes de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego (Huesca).

Además, un total de 28 presos están en cárceles francesas, entre ellos Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, considerado exjefe militar de ETA, que cumple condena en la prisión de Lannemezan, la más cercana al País Vasco (231 kilómetros) de las que se encuentran en territorio galo.

 

Los históricos

Uno de los traslados más numerosos fue anunciado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 30 de diciembre de 2020: un grupo de 11 presos en el que se encontraba Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, un histórico de la organización, con una trayectoria repleta de asesinatos y atentados. Progresaba al segundo grado (el régimen ordinario de cumplimiento) y pasaba de la cárcel de Alicante a la de Dueñas, en Palencia, tras presentar un escrito reconociendo el daño causado y su decisión de no recurrir nunca más a la violencia.

También a finales del pasado año fue desplazado el histórico jefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, responsable de 20 asesinatos. En un principio se anunció que iría de Murcia a Vitoria, pero acabó en Pamplona. En la capital alavesa habría cumplido condena bajo la vigilancia de los funcionarios de prisiones que eran compañeros de José Antonio Ortega Lara, secuestrado cuando él lideraba la banda.

La lista de traslados incluye otros nombres claves en la Historia de la banda durante años, como José María Arregui Erostarbe, Fiti, miembro de la dirección que cayó en Bidart (Francia) en 1992; o Gregorio Vicario Setién, uno de los secuestradores del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya; o Mikel Azurmendi, el asesino del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril.

 

Otros gobiernos

Durante las dos legislaturas de José María Aznar como presidente del Gobierno (entre mayo de 1996 y marzo de 2004) se autorizaron 426 traslados (53,2 por año). En esos ocho años, el Ministerio del Interior estuvo ocupado, sucesivamente, por Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes.

Un total de 237 presos de ETA fueron acercados con el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (abril 2004-noviembre 2011), lo que supone 33,8 traslados por año. En el tramo final de su segunda legislatura, el 20 de octubre de 2011, la banda anunció el cese definitivo de la violencia. Justo en esas fechas su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acababa de dejar el cargo al ser proclamado candidato del PSOE a la Moncloa en las elecciones del 20 de noviembre, que se celebraron anticipadamente. Fue sustituido por Antonio Camacho.

Las dos legislaturas de Mariano Rajoy (diciembre de 2011-junio de 2018), ya con la tregua de ETA, se saldaron con 40 traslados (5,7 por año). Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido fueron los titulares de la cartera de Interior en esa etapa.

 

Las víctimas

Instituciones Penitenciarias asegura que todas las decisiones sobre traslados son técnicas y no políticas, e insiste en que no hay una política global de traslados sino que se estudia caso por caso. Unas afirmaciones con las que no coincide la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que denuncia de manera reiterada que se otorguen beneficios penitenciarios a presos con delitos de sangre. Además, esta asociación relaciona los traslados con el apoyo de EHBildu al Gobierno, puesto que el partido de Arnaldo Otegi fue clave para que los Presupuestos Generales del Estado saliesen adelante en el Congreso de los Diputados.

Alejada de este punto de vista se encuentra la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, que recuerda que traslados de etarras ha habido con todos los Gobiernos, pero la diferencia es que con Grande-Marlaska «nos están informando, cosa que nunca había ocurrido». No obstante, el temor de esta asociación es que la trasferencia de prisiones al País Vasco pueda conllevar la excarcelación de presos, admite Ordóñez, quien subraya que Covite «no sigue consignas ni propaganda de ningún partido».

Por su parte, el líder de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, acusa a Interior de incumplir su palabra de que no trasladaría a presos con delitos de sangre, y advierte de que «a este paso de cinco acercamientos y cambios de grado cada viernes» el Gobierno habrá acercado a todos los terroristas antes del verano. «Y será entonces cuando ceda las competencias de prisiones al País Vasco y Navarra, que pondrán en libertad a los asesinos de nuestros familiares», vaticina.