El recién estrenado 2023 será un año electoral de intensa actividad legislativa en el Congreso, donde en tan solo unos meses se tendrá que dejar lista una batería normativa en la que sobresalen dos grandes apuestas del Gobierno, la Ley de vivienda y la derogación de la Ley mordaza. Dos pilares con los que el Ejecutivo de coalición busca afianzarse de cara a las generales.

Tras acabar 2022 con una cascada de normas, que en muchos casos suscitaron profundas polémicas -como las nacidas a raíz de la supresión de la sedición, el abaratamiento de la malversación o la costosa aprobación de Ley Trans y la de bienestar animal-, el Gabinete que preside Pedro Sánchez tratará ahora de encarar este año evidenciando la fuerza del primer Gobierno de coalición de la democracia y de sus socios parlamentarios.

Este 2023 los Presupuestos Generales del Estado no pasarán por las Cortes, pero en la Cámara Baja se prevén cinco meses de trepidante trabajo antes de que en mayo se celebren elecciones municipales y autonómicas.

El nuevo período de sesiones se abrirá oficialmente en febrero y se extenderá hasta el 30 de junio, aunque todo apunta a que este mes habrá algún pleno extraordinario. Además, una vez celebrado en 2022 el primer debate de la nación bajo el mandato de Sánchez, podría volver a convocarlo en un año electoral que culminará con la presidencia de España de la Unión Europea.

De cara a lo más inmediato, el Ejecutivo tiene que convalidar el último decreto de ayudas aprobado en diciembre para frenar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania mientras que el PSOE tiene pendiente registrar la proposición de Ley que reformará la elección de magistrados del Constitucional .

Una de las primeras leyes que previsiblemente estarán sobre la mesa en el primer trimestre del año es la de Vivienda, que Podemos quieren aprobar cuanto antes para marcar perfil en las autonómicas y que en 2022 seguía estancada en los topes a los alquileres y en la modificación para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas.

Los esfuerzos también estarán puestos en la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que derogará a la Ley mordaza. Los apoyos de PNV, ERC y Bildu serán imprescindibles y la marcha de la mesa de diálogo en Cataluña se colará de fondo. De momento, el Gobierno rechaza la petición de los republicanos de un referéndum, aunque sí apoya profundizar en el Estatut.