Una pérdida de confianza en su letrada ante una supuesta relación de amistad entre ésta y el letrado de la víctima es el alegato que ha hecho valer la exedil de Bobadilla del Campo (Valladolid) y ex 'popular', Inés María F.S, para lograr que la Audiencia Provincial suspendiera finalmente el juicio previsto contra ella este lunes por delito de estafa.

Con el argumento de haber visto a su abogada y al de la acusación particular saludarse por la calle en Medina del Campo--ambos letrados son vecinos de la villa medinense--y no haber tenido noticia alguna del procedimiento desde el día de su detención, la encausada ha reiterado ante el tribunal que la iba a juzgar la "pérdida de confianza" en su defensora y su solicitud de suspensión del juicio para que le fuera designado otro de oficio.

La exedil, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado los problemas de comunicación con su defensora en el hecho de que en la actualidad se encuentre escondida en un piso dentro del programa de protección contra la violencia de género, al existir una orden de protección respecto de su expareja.

Tal circunstancia es la que también, en los pasillos de la Audiencia Provincial y antes del inicio de la vista, ha trasladado su madre en tono poco amistoso a los periodistas para que se abstuvieran de fotografiarla en el banquillo para evitar así que su exyerno pudiera localizarla.

El abogado de la víctima pide prisión provisional

La solicitud de suspensión ha sido avalada por la defensora, quien no se veía capaz de representar con garantías a la exconcejal, y "por prudencia" por la acusación particular, si bien esta última parte ha pedido, sin éxito, que la acusada fuera ingresada en prisión provisional para garantizar evitar un posible intento de sustarse de la acción de la Justicia, mientras que la fiscal del caso se ha mostrado partidaria del inicio del juicio al entender que las excusas de Inés María F.S. respondían únicamente a una mera "maniobra dilatoria".

Y es que la acusadora pública ha recordado que la expolítica recibió el 7 de noviembre notificación de la fecha de juicio y no presentó el escrito de renuncia a su abogada hasta el día 2 de diciembre. "Podría haber planteado la cuestión al tribunal con mucha anterioridad y haber pedido un abogado privado", ha recriminado la fiscal.

Finalmente, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha optado por la suspensión de la vista para evitar cualquier causa de indefensión y requerirá al Colegio de Abogados un pronunciamiento sobre la posibilidad de designar a la acusada otro letrado de oficio.

Se hizo pasar por funcionaria de Hacienda

La exedil se expone a una posible condena de tres años y seis meses de prisión, al pago de una multa de 2.700 euros y al abono, en favor de los perjudicados, de indemnizaciones que suman más de 1.000 euros, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de condena hasta los seis años por delito continuado de estafa y, de forma subsidiaria, rebaja la pena a cuatro años y medio.

Los hechos se iniciaron en septiembre de 2019 a partir de una relación de amistada entre la acusada y la víctima, al llevar ambas al mismo colegio a sus respectivos hijos en Medina del Campo.

En esa relación de confianza, la perjudicada comentó a la edil que su madre y otras dos familiares habían heredado un piso que pretendían vender pero que no podían hacerlo al existir un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros respecto del que carecían de capacidad económica para levantarlo.

Fue entonces cuando, siempre según la tesis de la acusación pública, la acusada aseguró a su amiga que trabajaba en Hacienda y se ofreció a contactar con un alto funcionario del organismo para lograr que pagara la deuda de forma fraccionada, y para generar en la víctima una sensación de confianza también le dijo que era concejal en el Ayuntamiento de Bobadilla, circunstancia ésta que entonces sí se ajustaba a la realidad.

De este modo, la víctima comenzó a realizar ingresos mensuales en una cuenta bancaria que Inés María F.S. le había facilitado, haciéndole creer que pertenecía a Hacienda, cuando en realidad era ella la titular de la misma. Así, entre el 12 de diciembre de 2019 y el 9 de julio de 2020 la citada cuenta recibió ocho ingresos por importe global de 1.000 euros, a los que también se sumaron tres trasferencias bancarias que sumaban 9.972 euros.

Con posterioridad, la acusación pública sostiene que la entonces edil, para intentar que la estafada y sus familiares no descubrieran el engaño, les explicó que en un principio la cancelación del embargo llevaría un plazo de unos dos meses, al tiempo que el 5 de noviembre de 2020 remitió a su amiga un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda en el que se aseguraba que su madre estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Ese mismo día también le hizo llegar un documento que aparentaba ser una nota simple del Registro de la Propiedad de Medina del Campo en la que se hacía constar que la vivienda estaba libre de cargas. Sin embargo, los perjudicados presentaron denuncia el día 9 de ese mismo mes al descubrir rápidamente la falsedad de los documentos, ya que presentaban notables diferencias con los auténticos.