Una profesora jubilada ha promovido la recogida de firmas con el objeto de instar una iniciativa legislativa que ponga coto al lenguaraz comportamiento de algunos parlamentarios, más dados al insulto que al argumento y la propuesta. Entiende que los políticos han de ser modelos de la sociedad y subraya su influencia determinante en la educación de los más pequeños. Las televisiones han sacado el asunto a la calle y en los testimonios recogidos, aunque en absoluto tienen valor estadístico, la impresión generalizada es favorable al castigo del diputado, senador o lo que se tercie en cada caso. Incluso llegando a su expulsión de la asamblea en la que participa. En Castilla y León tenemos el paradigma, el prototipo del insultador cualificado, en el representante de Vox y vicepresidente de la Junta García Gallardo, quien según la propuesta debería ser expulsado de las Cortes.
Uno alberga serias dudadas de que este sea el camino. Por oficio y convencimiento personal soy partidario del mayor respeto a la libertad de expresión, incluso a riesgo de que la permisividad sea utilizada en perjuicio de la sociedad que la ampara. En una sociedad democrática que se jacte de serlo no cabe la opción de apartar a los discrepantes, por más que su opinión sea expresada de forma soez y con el ánimo exclusivo de suscitar conflicto donde hay paz. La deriva podría llegar a ser peligrosa, quedaría allanado el camino a quienes se declaran en posesión de la verdad absoluta, a esa nada despreciable caterva de aprendices de dictador para quienes todo tipo de discrepancia es afrenta.
Tal vez sea ingenuidad, pero llegados a este punto prefiero creer que en el delito del energúmeno está su penitencia, su castigo. En el votante, en cada uno de los ciudadanos, está la capacidad de expulsar de los foros públicos a quienes no cumplen la encomienda con el mínimo decoro y respeto que exigimos para nosotros mismos, sus representados. Es cierto que el sistema de listas cerradas en los procesos electorales dificulta la personalización del castigo, un riesgo que han de conjurar, en su propio beneficio, el resto de los miembros de la candidatura por el sencillo procedimiento de no participar al lado de maleducados, incultos y soeces.