La mayoría de las plantas de tratamiento de purines de la Comunidad han parado su actividad desde mediados de junio por el elevado coste del gas, y las que quedan tendrán que dejar de funcionar en breve por los costes. Aunque se trata de uno de los sectores que ha entrado en el mecanismo de topado de gas recogido en el real decreto 17/2022 aprobado recientemente por el Gobierno, el presidente de la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap), Josep Capdevila, asegura que no «soluciona en absoluto esta grave problemática que empeora a la espera de un marco regulatorio que permita a las instalaciones volver a su actividad».

Esta «incertidumbre reguladora, la intervención del mercado y los altos precios del gas necesario para su funcionamiento» obligaron a detener la actividad para evitar estar trabajar a pérdidas, como incide Capdevila. A este colectivo pertenecen las ocho plantas de la Comunidad distribuidas entre Soria (Langa de Duero y Almazán), Burgos (Milagros y Tordómar), León (San Millán de los Caballeros), Valladolid (Hornillos de Eresma y Fompedraza) y Segovia (Turégano).

El presidente de Adap trasladó «la preocupación» y «la situación crítica» que atraviesa el sector en toda España, incluida nuestra Comunidad donde las instalaciones son más pequeñas que en otras autonomías como Cataluña o Aragón, pero que emplean en cada una de ellas a una media de 15 personas más los trabajos indirectos que pueden generar.

Al tema laboral se suma el medioambiental, ya que estas plantas actúan como 'partner' ecológico del sector porcino, ya que su solución da respuesta integral al excedente de los subproductos que no tienen cabida como fertilizante en los terrenos colindantes a las explotaciones ganaderas. Desde Adap explican que sus instalaciones «tratan y reciclan los subproductos para ser reintegrados en el ciclo natural».

Ante esta situación, Capdevila urge al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «medidas que favorezcan un marco regulatorio estable que garantice la continuidad y extienda la vida de las plantas de forma que puedan reiniciar su actividad ambiental de tratamiento de los purines de cerdo».

La mayoría de las instalaciones ubicadas en varias provincias de Castilla y León retomaron su actividad a partir de 2018 tras casi un lustro paradas por la supresión del sistema de incentivos en las renovables, cogeneración y residuos aprobada por el Gobierno de España en 2014. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, que declaraba nula la decisión del Ministerio de limitar dichas ayudas, permitió la reapertura de todas estas plantas que ahora vuelven a parar.

El cierre ocasiona problemas para los ganaderos de la Comunidad que tienen que buscar otras alternativas para el tratamiento de los residuos, que pasan en la mayor parte de los casos por trasladarlos a terrenos más alejados donde se convierten en abono para la tierra, aunque esto también suponga que los costes se disparen para los profesionales del campo.