Las familias de Castilla y León sufren en sus carnes la voracidad de la crisis inflacionaria, que al cierre de agosto marcaba un repunte del 11,8%, lo que está obligando a los hogares a volver a endeudarse para hacer frente al encarecimiento de la vida. Quinientos millones de euros en créditos han requerido los particulares de la Comunidad desde que hace un año comenzara el, por ahora, rally sin final de los precios. Una evolución que sitúa ya en los 40.150 millones de euros la cantidad que las familias autonómicas adeudan a los bancos y entidades de crédito al cierre del segundo trimestre del año, tal y como refleja la última estadística del Banco de España. Realidad que contrasta con la progresiva amortización de deudas que los hogares de la Comunidad venían realizando desde que estallase la pandemia en marzo de 2020, cuando, en solo tres meses, las familias engordaron su debe con los bancos en casi 2.000 millones de euros, superando con creces los 41.000 millones.

Desde entonces, y con la progresiva mejora de la situación sanitaria, y de forma paralela de la economía, habían logrado llegar a septiembre del pasado año con un debe de 39.600 millones, mejorando incluso las cifras de deuda familiar precovid.Una notable mejoría que ha saltado por los aires en apenas seis meses.La tormenta perfecta de inflación y guerra en el este de Europa han obligado a los castellanos y leoneses a tirar de créditos bancarios para poder afrontar los costes de la vida.

Realidad que corrobora el decano-presidente del Ecova, Juan Carlos de Margarida, que alerta de la «preocupante situación de las familias». El economista señala que los hogares de Castilla y León están viendo mermada su capacidad de consumo e inversión, «viéndose obligadas a afrontar un esfuerzo extra debido a la alta inflación y al encarecimiento de las hipotecas». En este sentido, lamenta que las medidas y ayudas impulsadas desde el Gobierno no están resolviendo a la inflación, al no ajustarse a la realidad cambiante de la economía, «puesto que es un dinero que se pierde por el camino sin resolver el problema que supone el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo».

Administraciones públicas.

Más sangrante es la situación de las administraciones públicas de la Comunidad, que desde la irrupción de la crisis del coronavirus han visto como sus deudas con los bancos se han disparado un 50 por ciento, al pasar de poco más de 3.100 millones de euros en marzo de 2020, a los 4.600 al cierre del segundo semestre de este año.

La peor parte ha venido, precisamente, desde que elIPC comenzó su imparable ascenso, obligando a las administraciones públicas autonómicas a pedir casi 1.000 millones de euros prestados en apenas nueve meses. Con todo, se trata del mayo volumen de deudas públicas contraídas con entidades bancarias desde septiembre del año 2015, cuando en los estertores de la doble recesión del ladrillo acumulaban 4.600 millones de debe en sus cuentas.

Mejoría en el ahorro.

No obstante, y pese al notable crecimiento de los créditos requeridos por las familias, lo cierto es que el carácter conservados de los castellanos y leoneses en materia económica ha permitido que de forma paralela también engorde la cifra de ahorros bancarios. 75.772 millones de euros –el equivalente a seis veces el presupuesto de la Junta de Castilla y León– albergan los particulares en bancos y entidades de crédito. Son 3.000 millones de euros más que en septiembre del pasado año, lo que evidencia el más que notorio interés de los ciudadanos en incrementar sus depósitos ante la incierta situación económica.

Y es que, la irrupción de la pandemia no hizo más que acrecentar el sentimiento conservador económico de los hogares autonómicos, llegando a ahorrar 8.000 millones de euros desde entonces. Un cifra total de depósitos que puede beneficiar, y mucho, a los castellanos y leoneses, toda vez que la gran banca se ha lanzado de nuevo a la captación de clientes mediante la remuneración o bonificación de las cuentas de ahorro. Movimiento que se produce tras el volantazo delBancoCentralEuropeo y su decisión de subir los tipos de interés por primera vez desde la anterior crisis, lo que propiciará que las entidades comenzarán a pagar por tener guardado el dinero de las familias.