Castilla y León podría tener por primera vez en cinco años sus presupuestos generales en vigor a fecha uno de enero. Este es, al menos, la idea que maneja el Gobierno autonómico, que pondrá la primera piedra de las cuentas de 2023 el próximo jueves con la aprobación del techo de gasto. Un primer paso que servirá para poner en marcha toda la maquinaria parlamentaria que continuará con la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como antesala de su llegada a las Cortes, donde se debatirá en las comisiones de cada consejería antes de someterse a votación en el pleno. La mayoría absoluta que ostentan PP y Vox augura que no habrá problemas para sacarlo adelante. Y es que, si se tramita por la vía de urgencia, podría llegar a las Cortes en el Pleno del 25 y 26 de octubre, con lo que, posteriormente arrancaría la aprobación del proyecto de Presupuesto para sacarlo adelante en la Cámara regional antes de que concluya el año y que esté en vigor así el 1 de enero de 2023.
Hecho que Castilla y León no ha visto desde que en el Año Nuevo de 2018 se activaron las últimas cuentas aprobadas por el Gobierno del entonces presidente, Juan Vicente Herrera. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz autonómico y también consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, manifestó que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado conlleva analizar sus datos para «acomodar» a las cuentas de Castilla y León para 2023. «Hay cambios de última hora, incluso de cosas que no se informaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».
En cualquier caso, la Junta estará pasando por alto la fecha que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que fija el 15 de octubre como fecha límite para llevar a las Cortes un proyecto de presupuestos para la Comunidad. No obstante, Fernández Carriedo recordó que la Constitución establece el 30 de septiembre para presentar los del Estado que se han registrado este jueves 6 de octubre.
Uno de los puntos más importantes del nuevo presupuesto autonómico será el impacto que tendrá en las cuentas el incremento del 3,5 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos, algo que el portavoz cifró en unos 300 millones, frente a los 70 millones de este año cuando la subida fue del 1,5 por ciento, para los casi 90.000 de la Administración autonómica –más los de la concertada y universidades–, a lo que habrá que sumar las cantidades de la aplicación de la carrera profesional y fondos adicionales, pactados en el marcó de la Función Pública.
No hay diferencias PP-Vox
El portavoz autonómico también quiso salir al paso de posibles diferencias entre los socios de Gobierno a la hora de cerrar las partidas de cada consejería, y descartó que existan diferencias entre PP y Vox y ello retrase su aprobación. Reconoció en este punto que «siempre es difícil elaborar unos presupuestos», aunque el Ejecutivo sea monocolor, porque cada consejero quiere que se recoja lo que plantea para su departamento, pero aseguró que existe coincidencia entre los socios en que los objetivos deben ser la creación de empleo, salir de la crisis económica o la atención al mundo rural, entre otros. Por último, respondió a los sindicatos que se tendrán en cuenta sus propuestas y acuerdos.