Uno de enero. Da igual el año. Este es el límite que establece la ley para que en Castilla y León entren en vigor los presupuestos generales de la Comunidad (PGC) antes de que se den por prorrogados los del año anterior. Fecha que se ha convertido casi en una quimera para un Ejecutivo autonómico que lleva cuatro ejercicios sin llegar a tiempo y ahora lucha contrarreloj para no añadir un quinto a la lista. Año nuevo de 2018. Esa es la última vez que Castilla y León terminó de masticar las uvas con un presupuesto nuevo plenamente operativo. Desde entonces, nada. Hasta tal punto que solo se ha aprobado otro PGC desde aquella fecha, el que la entonces dupla al frente de la Junta –Alfonso Fernández Mañueco(PP) y Francisco Igea (Cs)– sacaron adelante para 2021. Aunque también incumplieron los plazos, toda vez que entraron en vigor el 26 de febrero.
Pero si se abre el periodo a la última década, se ve como Castilla y León acumula hasta 1.389 días con sus cuentas prorrogadas en cinco ejercicios –2012, 2017, 2019, 2020 y 2022–. Fechas negras para la Consejería de Economía y Hacienda. Una condición, la de incumplir el mandado constitucional de aprobar las cuentas antes del 1 de enero, que no es exclusiva de Castilla y León. Hay que echar la vista hasta 2009 para encontrar el último año en que el Gobierno central y los 17 autonómicos aprobaron sus Presupuestos del siguiente curso en tiempo y forma. Los vaivenes económicos por distintas circunstancias, la inestabilidad política y la pandemia han dejado una década de prórrogas presupuestarias en todo el país.
Ejercicios como 2016 o 2020 –el primero por un error en los números macro del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el otro porque España estuvo con gobierno en funciones desde marzo de 2019 por sucesivas convocatorias electorales en abril y noviembre– fueron especialmente significativos. Once y siete comunidades, respectivamente, estrenaron año sin presupuestos aprobados, en 2017 y 2020.
El (casi) imposible del 1 de eneroDistintos motivos
Un lustro en el que los motivos esgrimidos por la Junta de Castilla y León para justificar unas cuentas no presentadas han sido de los más variados. Desde el enrocamiento del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el argumento de que no podía presentar las cuentas de 2019 al no tener «datos fiables» del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, hasta la irrupción de una pandemia mundial o el primer adelanto electoral de la historia de Castilla y León.
«Que nadie espere que el presidente de Castilla y León elabore, pacte, negocie ni compadree nunca unos presupuestos en el Parlamento», aseguró en su momento Herrera ante las reiteradas críticas de la oposición por la ausencia del proyecto de presupuestos para 2019, año en que había elecciones municipales y en el que el burgalés se retiró de la política. La moción socialista que desbancó a Mariano Rajoy y la ausencia de PGE fueron los motivos que expuso hasta la saciedad. Y así llegó la tercera prórroga presupuestaria de la década.
Pero no fue, ni mucho menos la última. Las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y las negociaciones para la conformación del Gobierno regional estiraron los plazos y el año acabo sin un número hecho. La previsión, como aseguró el entonces vicepresidente Igea, era presentarlos en verano del 2020, pero el estallido de la pandemia dio al traste con cualquier idea. Y no se volvió a hablar de los presupuestos de 2020 nunca más.
El 2021 sirvió para que, por primera vez en tres años, Castilla y León tuviera cuentas nuevas. Aunque aprobadas fuera de plazo, Fernández Mañueco presentó sus primeros presupuestos como presidente. Los siguientes, aquellos que habrían correspondido a este 2022 tenían todo enfilado, techo de gasto y comisiones parlamentarias incluidas. Pero cuando faltaban dos días para su votación en el Pleno de las Cortes, Fernández Mañueco apretó el botón rojo la mañana del 20 de diciembre. La eterna sombra de otra moción de censura en marzo, unido a las sospechas de deslealtad en el PP respecto a Igea con el PSOE y Por Ávila para aprobar enmiendas en contra del PP, llevó al presidente a disolver las Cortes, expulsar aCiudadanos de la Junta y convocar elecciones para el 13 de febrero.
¿Y este año qué?
«Corresponderá a la Junta de Castilla y León la elaboración de los Presupuestos de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León su examen, enmienda, aprobación y control. La Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de Castilla y León antes del 15 de octubre de cada año». El artículo 89 del Estatuto de Autonomía lo deja bien claro, otra cosa es que después ese límite del 15 de octubre para su presentanción se haya ido flexibilizando hasta ser un vago recuerdo. Precisamente este jueves, 13 de octubre, y cuando faltarían dos días según elEstatuto para que el Ejecutivo de PP y Vox presentase las cuentas para 2023, está previsto que aprueben el techo de gasto.
Un paso previo que, otra vez, llegará fuera de plazo en la presentación del proyecto en las Cortes, si bien el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, apuntaba hace unos días que se trabaja con el objetivo de que el 1 de enero de 2023 los presupuestos de entren en vigor y no haya que recurrir a prórrogas hasta su aprobación.
La clava residen en que una vez conseguido el techo de gasto pueda aprobarse en trámite de urgencia en las Cortes en el Pleno del 25 y 26 de octubre. Tras ese paso, arrancaría un largo proceso de debate en comisiones entre los grupos parlamentarios, que concluiría en una sesión plenaria en diciembre para su aprobación y entrada en vigor el 1 de enero de 2023. Sería la primera vez que esto ocurre en un lustro.