La operación de ingeniería social encaminada a corregir la historia pese a los hechos ocurridos décadas atrás, e inyectar en vena a los jóvenes españoles una visión parcial e interesada de nuestro pasado común, ha sufrido esta semana un golpe durísimo. Y quien se lo ha asestado es el menos sospechoso de cuantos enemigos tiene esta lamentable memoria democrática que se quiere imponer a la sociedad española con afán guerracivilista y vengativo. Quien ha tirado abajo buena parte del entramado ideológico justificativo de esa operación de revisionismo cargado de sectarismo es el vicepresidente del gobierno que quiere precisamente sacar adelante su espantajo histórico. Con estos amigos, mejor no tener enemigos, ¿verdad, vicepresidenta Calvo?
Pablo Iglesias ha intentado exculpar y blanquear a un delincuente fugado de la justicia por sus actos ilícitos, cosa que es muy común en su trayectoria política de siete años atrás (¡siete ya, siete todavía!), pero esta vez no ha medido mucho el alcance de sus invectivas porque al comparar al prófugo Puigdemont con los exiliados del franquismo, ha elevado sin darse cuenta a la categoría democrática que nunca tuvo a la dictadura militar que gobernó en el país durante cuarenta años. Eso, dejando en bastante mal lugar a los suyos, los damnificados de aquellos años de persecución y odio, los verdaderos exiliados que tuvieron que abandonar su país después de una guerra para no ser asesinados por el régimen que sojuzgó a los perdedores, aunque el verdadero y gran perdedor era el país entero. Los republicanos que se fueron a malvivir al extranjero en condiciones paupérrimas, arruinando sus vidas por una causa que entendían justa, están para el vicepresidente a la misma altura que el prisionero de Waterloo, con minutas millonarias de abogados y un alquiler de lujo en el palacio que ocupa, del que nadie hasta ahora ha explicado cómo y quién paga las mensualidades. 
El golpista Puigdemont, que huyó de su país para no tener que enfrentarse a la justicia y entrar en prisión como sus sediciosos cómplices, atentó contra la legalidad vigente. Lo mismo que Franco, nada que ver con los exiliados de la República. Subvirtió el orden constitucional, igual que el general y sus adláteres. Y fruncir el ceño en televisión aparentando un enojo trascendental con la situación del fugado independentista catalán es uno más de los teatrillos a los que el líder del partido minoritario de la coalición de  gobierno nos tiene acostumbrados. Comprarle la mercancía es un riesgo evidente para quienes caigan en sus trampas, porque ni siquiera en la rectificación acertó el número dos de Pedro Sánchez: la criminalización de los separatistas catalanes, a la que asegura no va a sumarse nunca, no es obra de sus adversarios políticos ni de oscuras manos negras poco amantes de la libertad, sino de las leyes y de los jueces que las aplican.