El Gobierno presentó esta semana los presupuestos generales del Estado para el próximo año, que este mismo jueves inició su tramitación parlamentaria, donde se esperan cambios ante la necesidad que tienen los socios PSOE y Podemos de pactar con partidos nacionalistas e independentistas para garantizar su aprobación. Aunque las cuentas son un conglomerado de cifras y previsiones difícilmente valorables a primera vista…. Ya les adelanto que no hay grandes novedades ni despierta entusiasmo por sus inversiones en la provincia de Valladolid. Es un caminar sin más por los proyectos que casi todos los años llenan los titulares de los medios de comunicación. Es decir, que solo la Autovía del Duero avanza de forma decidida, aunque no de forma homogénea, mientras duermen el sueño de los justos el restos de los proyectos pendientes en infraestructuras viarias. El Campus de la Justicia parece que pasará un nuevo año sin apenas movimiento, que como mucho podría circunscribirse a la licitación del proyecto. Y los avances ferroviarios se ciñen a las obras del 'by-pass' y del parque logístico, antes denominado parque agroalimentario.
Proyectos históricos como la autovía Valladolid-León o el tercer carril de la A-62 parecen congelados, con escasas partidas que pasan de un año a otro para continuar en los presupuestos del Estado, pero sin que haya avances en la tramitación de los proyectos. Ya ni siquiera hay buenas palabras por parte de los responsables políticos, que parecen resignados al abandono de dichas iniciativas que supondrían un fuerte empujón para una parte importante de la provincia o para favorecer incluso la implantación de empresas con una mejora necesaria de las infraestructuras.
Otro de los grandes retos que mantiene la ciudad desde hace ya décadas es la unificación de las sedes judiciales, ahora dispersas por gran parte del centro histórico. El Campus de la Justicia fue, además, uno de los objetivos que se impuso el Ayuntamiento del socialista Óscar Puente, que incluso gastó ocho millones de las arcas municipales para la adquisición del colegio El Salvador, pero a pesar de ello continúa sin germinar el proyecto y apenas hay 200.000 euros para el próximo año, menos de la mitad de lo anunciado por el propio alcalde vallisoletano.
A estas alturas algunos estarán pensando que solo me fijo en las cosas negativas de las cuentas, que también tiene varias positivas. En concreto, los 80 millones que prevén invertir el próximo año en la A-11 supondrá un fuerte empujón a una infraestructura que debía haber estado finalizada hace ya muchos años. Bienvenido sea ahora, aunque tarde. Y no olvidemos que aún hay un tramo, entre Quintanilla de Arriba y Castrillo de la Vega, en el límite con Burgos, que ni siquiera ha llegado a la fase de obras. Otra iniciativa que cuenta con partida suficiente para concluir el próximo año es el 'by-pass' ferroviario y el parque logístico, antes denominado agroalimentario. No obstante, concluirán conmigo que es un pobre balance para el próximo año, a pesar de que toca pasar por las urnas y suelen echar el resto.
Los argumentos del Gobierno, explicados por parte de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se sustentan en la "justicia social y eficiencia económica". Los tiempos que vivimos son difíciles y de momento no se ve cuándo se disiparán los nubarrones. Estoy completamente de acuerdo en que primero son las personas y luego las infraestructuras de todo tipo, pero las subidas lineales de las pensiones, por ejemplo, no dan un tratamiento justo a los más necesitados. Igualmente las previsiones económicas que fijan las cuentas para el próximo año son, al menos, dudosas. La inflación, la guerra en Ucrania y otros condicionantes nacionales e internacionales mantienen una inestabilidad que pone en peligro el balance.
En definitiva, como todos los años, habrá que esperar a su ejecución para ver si se cumple lo puesto negro sobre blanco en los presupuestos, pero el Gobierno no ha hecho un gran esfuerzo con esta provincia y de momento yo le pondría un insuficiente.