La Consejería de Sanidad ha tramitado, para su aprobación en el Consejo de Gobierno de hoy, el suministro de reactivos y de material fungible, así como el arrendamiento de los equipos necesarios para la determinación de la presencia del virus del papiloma humano de alto riesgo en mujeres participantes en el Programa de detección precoz del V.P.H. en Castilla y León. A este fin, la Junta destina 1,7 millones para un período de dos años.

Esta iniciativa de Salud Pública para el cribado poblacional en mujeres de la Comunidad de entre 25 y 65 años forma parte, junto a la vacunación, de las estrategias preventivas frente al virus del papiloma humano. Mediante técnicas analítica de biología molecular de diagnóstico in vitro, propone a las participantes la determinación de la presencia del V.P.H. de alto riesgo, patógeno relacionado con lesiones precancerosas y causante de varios tipos de tumores. De hecho, el virus del papiloma humano engloba a más de dos centenares de virus, tanto de bajo como de alto riesgo.

El Programa autonómico de detección precoz del V.P.H. se escala en dos grupos poblacionales. Por un lado, las mujeres de entre 25 y 34 años, a las que se les oferta una prueba citológica para realizar un cribado primario que permita detectar posibles cánceres de cuello de útero, con un intervalo entre las citología de tres años.

Por otro, a las de entre 35 y 64 años, inclusive, a las que se les facilita una prueba de determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo. Si resulta negativa, se repite a los cinco años; en cambio, si es positiva, se realiza un triaje mediante citología y, en el caso de que ésta resultase negativa, se vuelve a analizar en un año.

En Castilla y León se desarrollaron el pasado año 66.965 pruebas citológicas de cribado en población femenina de entre 25 y 35 años, de las que 634 resultaron positivas en su fase primaria. Por su parte, el número de determinaciones del V.P.H. de alto riesgo oncológico en mujeres de entre 35 y 64 años, efectuadas en el mismo período, ascendió a 64.693 muestras, de las que 5.095 detectaron presencia de algún tipo viral de alto riesgo.

El presupuesto destinado a este contrato sanitario se divide entre los 1,6 millones de euros correspondientes a unas 156.000 pruebas estimadas; otros 46.464 euros para el arrendamiento de los equipos analíticos; y, por último, 13.314 euros para su mantenimiento.