Un año después de las elecciones municipales del 26 de mayo muchas cosas han cambiado en Valladolid. La crisis sanitaria, generada por la pandemia de la covid-19, centra y condiciona la gestión municipal, pero también limita el balance del trabajo político en estos 365 días porque las consecuencias económicas y sociales difuminan tanto los logros como las asignaturas pendientes.
Aún así, el repaso obligado de la gestión del equipo de Gobierno, sustentado por el pacto entre PSOE (11 concejales) y Valladolid Toma la Palabra (tres ediles), refleja avances en proyectos como la ejecución de las infraestructuras proyectadas para la integración ferroviaria o la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero también constata que hay proyectos que siguen estancados como el desarrollo del futuro parque agroalimentario o del entorno del futuro Campus de la Justicia. El balance de ejecución de las 12 áreas del acuerdo de Gobierno, con 150 puntos, refleja que muchos ya están en marcha, y en el primer año se apuntan logros tan simbólicos como el de recuperar el Teatro Lope de Vega para la ciudad.
El segundo mandato de Óscar Puente, que salió reforzado de las municipales al conseguir que el PSOE sumara tres concejales más y convertirse en el más votado, se vertebra sobre un amplio equipo distribuido en trece concejalías. Este incremento de áreas y un nuevo reparto de tareas fue el origen de la primera crisis de Gobierno entre los socios y se justificó para «mejorar» la eficacia en la gestión municipal. Un equipo que justo esta semana ha sufrido una mínima modificación, ya que el responsable de la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Antonio Otero, abandona esta responsabilidad por problemas de salud y pasa el testigo a su compañero Alberto Palomino, hasta ahora el único integrante del grupo Socialista, que no tenía dedicación exclusiva. Al margen de este mínimo cambio, el balance «es positivo» para el alcalde. Y destaca uno de los grandes cambios respecto al mandato anterior: el «mejor tono» de las relaciones con la oposición. Algo que propició muy rápido el primer gran acuerdo de esta etapa: la reforma del Reglamento Orgánico municipal, que estuvo bloqueada todo el periodo anterior.
Acuerdo. Y que hace varias semanas derivó en la constitución de un grupo de trabajo entre equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos para gestionar el escenario generado por la covid-19. Este acuerdo inédito en el Ayuntamiento se ha convertido en una referencia a nivel nacional, por un lado por acordar usar 28 millones de los remanentes municipales para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia, sin que todavía lo haya autorizado el Gobierno central, y por otro porque frente a la tensiones nacionales, en Valladolid, cuatro de los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento, han dejado la crispación a un lado, para centrarse en el beneficio de la ciudad, como señalaron el día de la firma del acuerdo.
Una colaboración que no había existido en los ocho meses en otros grandes temas de ciudad como el proyecto de integración o la aprobación del nuevo planeamiento urbano. De hecho, los problemas en la ejecución de obras como el túnel de Andrómeda, financiado por Adif, pero incluido en la integración ferroviaria, o los retrasos en los accesos al aparcamiento de la Plaza Mayor han sido armas arrojadizas de la oposición para criticar la gestión del equipo de Gobierno. Lo mismo ha sucedido con la aprobación del nuevo PGOU, que se llevó al Pleno unos días antes de las elecciones municipales, pero que finalmente ha recibido el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta la semana pasada. Un modelo de ciudad que no comparte la oposición, como tampoco tiene sintonía con las líneas generales del futuro Plan de Movilidad que se presentó recientemente. La apuesta del equipo de Gobierno por reducir la entrada de vehículos al casco histórico levanta ampollas también entre los comerciantes, aunque se ha conseguido su apoyo para las nuevas peatonalizaciones que ya están en marcha en la calle Claudio Moyano, Constitución y Menéndez Pelayo.
En marcha. En estos doce meses, el equipo de Gobierno encabezado por Óscar Puente, ha consolidado su proyecto de ciudad, con una apuesta importante por las políticas sociales, a la vez que ha mantenido sus cuentas saneadas. Por un lado, el sesgo social se deja ver en el incremento del parque municipal de vivienda o en las ayudas de emergencia para las familias en exclusión social, que se han cuadruplicado desde el inicio de la crisis de la covid-19. De hecho, una buena parte de los remanentes se utilizarán para auxiliar a las familias. Por otro lado, el equipo de Gobierno presume de ser el único Consistorio de España que cumple desde hace cinco ejercicios con las reglas fiscales. Esa buena salud ha permitido, hasta ahora, destinar el superávit a nuevas inversiones para complementar las ordinarias, aunque el nivel de ejecución no ha acompañado.