Los juzgados de lo Social de Valladolid tendrán que afrontar el repunte de litigiosidad registrado tras la pandemia sin la medida de apoyo que se había solicitado para evitar caer en una nueva situación de colapso. Así lo acordó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su última reunión, en la que se opuso a la petición de refuerzo elevada desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y en la que se pedía la concesión de dos jueces de refuerzo que pudieran celebrar en torno a un centenar de juicios mensuales.

La decisión del CGPJ se basa en el dictamen del Servicio de Inspección del propio órgano, que no aprecia la necesidad de esos dos magistrados de apoyo para los cinco juzgados laborales vallisoletanos, si bien deja abierta la posibilidad de que el TSJ lo vuelva a reclamar únicamente para Social 3 y, «en menor medida» para Social 4, tal como consta en el documento al que ha tenido acceso El Día de Valladolid y en el que solo se atisba necesario el refuerzo para esos dos órganos.

La judicatura vallisoletana, con el juez decano a la cabeza, había promovido ante la Sala de Gobierno del TSJ esta solicitud después de que el Ministerio de Justicia no haya dado el paso de crear ningún nuevo juzgado en Valladolid, al menos, hasta 2024. Social 5 llegó en enero de 2020 después de años de peticiones que cuando al fin se satisficieron coincidieron en el tiempo con el estallido de la pandemia, que volvió a poner todo patas arriba en una jurisdicción sometida como pocas a los rigores de las crisis económicas.

El atasco, que se acercaba a los 3.000 asuntos a finales de 2019, acabó 2020 con un incremento del 28 por ciento que lo llevó por encima de los 3.500, pese a ese quinto juzgado. En 2021 subió otro 10%, hasta rozar los 4.000 que se han rebasado ya en el recién finalizado 2022 y que llevó a los jueces a reunirse y solicitar una medida de refuerzo que obtuvo el respaldo de la Sala de Gobierno del TSJ, pero no del CGPJ.

En la motivación de esta solicitud, la judicatura vallisoletana recordaba que, en 2021, el ritmo de entrada de demandas laborales en la provincia ya registró un exceso del 35% sobre el módulo de 800 asuntos fijado para los juzgados de lo Social, una sobrecarga que se quedó en el 23,19% durante el pasado 2022.

El mejor termómetro de la mala situación que vive la jurisdicción laboral son los elevados plazos de señalamiento de juicios. En ese mismo documento justificativo, se apuntaba que los juicios ordinarios se están señalando en el orden de los ocho meses y medio en Social 1 y 5, mientras que se va hasta los doce o trece meses en los otros tres. Las vistas ordinarias están ya señalándose para del verano de 2024, pero es que los plazos para juicios urgentes –los de despidos, fundamentalmente–, se movían a final de año ya entre los cuatro y los cinco meses y medio.