Los teléfonos móviles son la joya de la corona del mercado negro de las prisiones. Igual que ocurre con la droga, los dispositivos entran ocultos en el cuerpo de un familiar o un interno y son un elemento tan preciado que su valor se multiplica por diez en cuanto se empiezan a mover entre los barrotes. Aunque el Centro Penitenciario de Valladolid no es uno de los más problemáticos en el mapa carcelario español (en Dueñas se rozó el millar en 2021), el tráfico de móviles crece de forma constante y, en el último año, se ha duplicado el número de teléfonos ilegales intervenidos en 'Villanubla' por los funcionarios.

Los números a los que ha tenido acceso este periódico en fuentes penitenciarias hablan de que en 2020 se intervinieron 21 móviles en la prisión provincial vallisoletana, por los 40 registrados en 2021. Este 2022 no ha empezado con mucha incautación de teléfonos, puesto que al cierre de febrero –los datos de marzo todavía no se encuentran contabilizados– solo constaban tres decomisos.

La práctica totalidad de teléfonos que llegan ahora a las celdas son modelos de los denominados 'mini móviles', unos dispositivos muy del estilo de los que dominaban el mercado hasta la irrupción de los smartphone (sin cámara de fotos, sin pantalla táctil, sin acceso a internet...), aunque mucho más pequeños, ya que los hay que solo miden seis centímetros. Las fotos que trascienden de las requisas de los funcionarios o de operaciones policiales dan buena cuenta del minúsculo tamaño de aparatos que, además, son muy baratos y se pueden obtener a precios que se mueven entre los 8 y los 25 euros, si bien, una vez dentro, su valor en el mercado negro puede llegar a los 300 euros.

ESCONDIDOS

Los móviles entran en la cárcel escondidos y así han de seguir para evitar la localización por parte de los funcionarios. En la mayor parte de las ocasiones, son las parejas de los internos las que los llevan ocultos en su vagina y se lo entregan durante los vis a vis –las visitas íntimas–, para que, a partir de ahí, sea el recluso el que lo lleve hasta su celda en un preservativo que se introduce en el ano. Entre los presos que corren este riesgo hay integrantes de bandas que lo hacen por orden del 'jefe' y también reos que buscan hacer negocio con la venta del aparato o mediante el 'alquiler' y el cobro por llamadas.

Los funcionarios suelen dar con los teléfonos móviles en los cacheos preventivos que se llevan a cabo en las celdas, así como en las requisas de acceso de los internos (tras los permisos) y sus visitantes. Según las mismas fuentes, una vez dentro de las celdas, se ocultan al máximo y se han llegado a localizar entre la suela de un zapato, en un libro y hasta dentro de un tubo de pasta de dientes.

Las prisiones cuentan con arcos para la detección de metales en los accesos y las llamadas 'raquetas' en los módulos, pero, al parecer, este tipo de teléfonos están hechos con mucho plástico y poco metal, por lo que eluden la acción de estos aparatos de detección. También hay inhibidores por el perímetro, aunque no cubren todas las zonas del centro penitenciario.

FALTA GRAVE

La tenencia o el uso solo se castiga como una falta grave, que se suele traducir en 20 días sin paseos ni la participación en actos recreativos comunes en el caso de los 'mini-móviles' y 30 si son smartphone, pero nunca con medidas de aislamiento.

Los reclusos pueden llamar al exterior un máximo de 15 veces a la semana, con una duración tope para cada una de cinco minutos y cada uno tiene autorizada una lista de diez teléfonos de contacto.