La propuesta del Gobierno a los agentes sociales de prorrogar hasta el 31 de enero los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, es decir, los vinculados a la crisis económica, ha sido un balón de oxígeno para las empresas. Y especialmente para las de hostelería, uno de los sectores más castigados por la pandemia. Tanto es así que, según los datos de la Junta de Castilla y León, este sector concentra uno de cada tres ERTE en Valladolid. Concretamente, de los 206 tramitados entre el 1 de febrero y el 16 de septiembre de este año, últimos datos disponibles, 74 son de empresas de este sector. Y, de ellos, 72 son por fuerza mayor y dos por otras causas. Si se tienen en cuenta todas las empresas que están dentro del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 56, la correspondiente a servicios de comidas y bebidas, en Valladolid se han tramitado 275 ERTE en lo que va de año, que han afectado a 830 personas, 510 mujeres y 320 hombres.

Una situación que demuestra que bares y restaurantes, entre otros negocios de hostelería, están entre los grandes damnificados. Y no parece que la situación vaya a mejorar a corto plazo, pese a que la Junta de Castilla y León haya eliminado las restricciones vinculadas al aforo. Porque una cosa es la legislación y otra muy diferente la realidad. Muchos de los negocios de hostelería siguen trabajando a medio gas porque el miedo al contagio sigue instalado en buena parte de la población. Al menos eso es lo que opina el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apeh), Jaime Fernández: «Ahora mismo, tal y como estamos, los ERTE son fundamentales», reconoce porque, según señala, «la gente todavía tiene muchas reticencias a entrar en los bares» ya que «los hábitos han cambiado». Una situación que es especialmente sangrante en el ocio nocturno.

Eso sí, el representante de la patronal recela de la «letra pequeña» que tiene esta nueva prórroga y que, entre otras cosas, obliga a los empresarios a solicitar expresamente esta medida antes del 10 de octubre, ya que no se renovarán automáticamente los que estén en vigor, y las exoneraciones del pago a la Seguridad Social por parte de las empresas estarán vinculadas a las acciones formativas que impulse la empresa a los trabajadores afectados. Además, esa «letra pequeña» a la que hace referencia el presidente de los hosteleros dice que la Administración tiene diez días para responder a cada solicitud y, en el caso de no hacerlo, se aplicará el ‘silencio negativo’. Es decir, se desestimará la solicitud. Por este y otros motivos el presidente de los hosteleros duda de las bondades de los nuevos ERTE en comparación con los que se vienen aplicando hasta ahora, que tienen menos condicionantes.

La lenta transición hacia la nueva normalidad también ha hecho que se vayan reduciendo paulatinamente los afectados por ERTE en Valladolid. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en la primera fase de la pandemia, mayo de 2020, llegó a haber más de 40.000, aunque a finales del año pasado era cifra ya se había reducido por debajo de los 12.000. El último dato disponible, correspondiente a agosto de este año, cifra en 883 los afectados, una situación que nada tiene que ver con la de hace doce meses. En estos meses de pandemia hay 54.551 personas diferentes en Valladolid que se han visto afectadas por un ERTE, con un gasto para el Estado de más de 155 millones de euros. Si se tiene en cuenta que la población ocupada de la provincia es ligeramente superior a los 211.000 personas, se puede concluir que prácticamente uno de cada cuatro trabajadores han entrado en regulación, si bien hay que tener en cuenta que el dato de personas ocupadas ha pasado de los más de 230.000 de antes de la pandemia hasta los 211.100 actuales.

Los sindicatos estarán «vigilantes» para que el fin de los aplazamientos no derive en una oleada de despidos

La posible prórroga de los ERTE por causas de fuerza mayor es una ‘patada hacia adelante’ de un problema del que ya han avisado algunos agentes económicos. El presidente-decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, ya reclamó hace meses las reformas necesarias para que este momento no diese paso a una oleada de despidos. Aunque, de producirse, no sería inmediata, puesto que los ERTE por causa de fuerza mayor incluyen la denominada cláusula de salvaguarda, que obligaría a las empresas a devolver todas las exoneraciones en cotizaciones a la Seguridad Social de las que se han beneficiado con los ERTE si despiden a algún trabajador afectado durante los seis meses siguientes a la vuelta a la actividad.

Pero después de esa fecha, no hay más garantías. Por eso los sindicatos temen que algunas empresas pasen de los ERTE a los ERE extintivos «que no estén justificados». El secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, vaticina que «la destrucción de empleo llegará o, por lo menos, la patronal hará intención de ello», por eso exige «una vuelta de hoja a la reforma laboral», porque considera que, tal y como está esta normativa, las empresas siguen teniendo «la sartén por el mango» en los previsibles conflictos laborales.

Por su parte, el delegado provincial de CCOO, Raúl García, confía en que estas situaciones «sean muy excepcionales». «Haber llegado ya hasta aquí es un esfuerzo de todos y la única salida natural es la de seguir manteniendo la actividad, más aún cuando las perspectivas económicas son buenas», señala. García apela a la «responsabilidad de las empresas» y carga contra las que «puedan aprovecharse de esta coyuntura para acabar aplicando expedientes de extinción no estrictamente necesarios, como los últimos relacionados con el sector financiero y algunas multinacionales».

Respecto a la medida del Gobierno de proponer una nueva prórroga de cuatro meses para los ERTE y vincularla a la formación de los empleados, el representante de UGT considera que «hay que buscar el reciclaje de los trabajadores que han estado tanto tiempo parados».

No opina lo mismo el delegado de CCOO. García señala que, aunque la prórroga de los ERTE «es completamente necesaria», puntualiza que quizá no sea el mejor momento para incluir cambios de este calado. «Nosotros entendemos que hay que seguir dando continuidad a la protección social de los ERTE de la misma forma que se viene haciendo hasta ahora», porque «incluir condicionamientos con aspectos como la formación, son cambios estructurales que pueden llegar a desvirtuar los resultados que, con éxito, se están logrando hasta ahora».

Eso sí, García no se cierra a incluir este criterio más adelante, «pero fuera del contexto de excepcionalidad» que se maneja ahora. Es decir, bajo un nuevo marco normativo que no esté tan condicionado por la pandemia.