La evolución de la pandemia catalizada por el Covid-19 es la prueba irrefutable de que la gestión gubernamental de la crisis hace aguas. El contexto de emergencia nacional ha requerido de un necesario marco de ‘paz política’ a la que todos los agentes sociales se habían sumado con ánimo constructivo y visión de Estado, pero lo sucedido en el Consejo de Ministros del domingo conculca todos los límites de la cortesía que el Ejecutivo de coalición invoca para sí con la mano izquierda mientras con la derecha niega el pan y la sal al tejido económico del país, lo demoniza y juzga con una temeridad impropia de un Gobierno competente.
Es lugar común esperar a que pasen los días más oscuros de esta travesía para abrir la necesaria pieza separada que habrá de analizar una reacción tarda y torpe. Las consecuencias de esta crisis serán indelebles y los ciudadanos habrán de juzgar si lo que han visto en sus mandatarios, ora inmersos en estériles arengas dogmáticas, ora encasquillados en la venta del relato, de lo epidérmico y de lo prescindible, es lo que se espera de los pilotos de un país desarrollado con vocación de liderar la refundación del proyecto europeo. Otra cosa es lo que sucedió anteayer.
La enésima improvisación se ejecutó con nocturnidad y rehuyendo las más básicas normas del consenso social. Allí donde debería haber un Gobierno obligado a escuchar y concentrar en torno a sus decisiones todas las inercias posibles, hay un otro que impuso bloquear la economía nacional sin haber auspiciado una sola medida que compensara una decisión inédita y, por tanto, de consecuencias impredecibles.
La bicefalia que ahora más que nunca parece disputarse el mando del país está firmando un tratado sobre la paradoja que resulta estremecedor en un momento tan crítico. Decretar el cierre general del entramado económico sin asumir una sola decisión fiscal o financiera tangible que ayude a las empresas a soportar su ingente coste, cuestionar abierta y tendenciosamente la aplicación del mecanismo más viable para proteger el empleo, caso de los ERTE, o fiar al albur del Estado la salida de una crisis de la que es palmario que únicamente podremos salir con el impulso de la actividad empresarial son sólo algunos ejemplos de cómo se está practicando una inadmisible criminalización del sector privado. El mismo sector, por cierto, que está dando una clase magistral de ponerse al servicio del país y de sus ciudadanos incluso antes de que el Gobierno viera venir el cataclismo que se cernía sobre España.
Esta peligrosa volatilidad gubernamental no solo lamina la confianza de los ciudadanos en el sistema, también levanta muros para aferrarnos a salvavidas como el que podría lanzar la Unión Europea si el proyecto no fuera víctima de una desconfianza que está corroyendo sus cimientos. Más allá de la inhumana ‘gerontofobia’ de los Países Bajos, lo que nos están diciendo nuestros socios del Norte comunitario es que no están dispuestos a avalar políticas insensatas que España está obligada a enderezar con premura. Las de antes, las de durante y las de después de la crisis. El cambio de rumbo, más que posible, es obligado.