El Banco Central Europeo (BCE) ha emitido un dictamen sobre la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el que considera "desproporcionado" reducir a 1.000 euros el límite del pago en efectivo establecido para las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.
En su dictamen, el banco central recuerda que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya fija un límite de 10.000 euros en el uso del dinero en efectivo y, por lo tanto, la ley española debería establecer un umbral proporcionado para la limitación de los pagos en efectivo.
De acuerdo con las consideraciones, la legislación en España, que restringe el uso de efectivo a 2.500 euros para las operaciones entre particulares y a 1.000 euros para las ejecutadas entre empresas o profesionales, y lo amplía hasta los 10.000 euros en aquellas en las que intervengan no residentes fiscales, no es proporcionada y, además, "discrimina a los pagos hechos por residentes". También califica de excesivo el procedimiento sancionador que establece una multa "desproporcionadamente elevada" del 25 % del importe pagado.
Asimismo, en su valoración advierte de que el preámbulo de la ley en España no aborda el impacto social ni el riesgo de exclusión financiera de reducir sustancialmente el "ya bajo límite existente de 2.500 euros" y destaca que tampoco ofrece indicios claros de la probabilidad de que el nuevo límite permita alcanzar el objetivo perseguido. Y es que, en sus reflexiones, el BCE reitera que las acotaciones a los pagos en efectivo no deben ir más allá de lo necesario para lograr los fines de interés público -como pueden ser combatir el fraude fiscal- y, en cualquier caso, deben respetar el curso legal de los billetes en euros.
Recuerda tanto la importancia del efectivo para muchos grupos sociales que por "razones legítimas prefieren utilizar el efectivo", como su valor inclusivo: "Un medio de pago esencial para la tercera edad, los inmigrantes, los discapacitados, los ciudadanos socialmente vulnerables y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales". Además, especifica que el pago en efectivo siempre está disponible, algo pertinente "en casos de corte de suministro eléctrico o fallo de los sistemas de pago electrónico" y que, esta decisión, reduce considerablemente la libertad de los ciudadanos para elegir como pagar.