El móvil suena un par de veces durante los casi 45 minutos que dura la entrevista. Tiene tanta prisa como cualquier otro día, pero dedica el tiempo necesario a cada una de las preguntas, por mucho que le espere otra eterna jornada de reuniones, decisiones y llamadas. Soledad Martín Nájera rezuma serenidad y perfeccionismo; no quiere fallos en sus respuestas. Ella, como su despacho, es puro orden. Igual que su mesa; todavía hay papeles, pero poco a poco van desapareciendo de la mano de un proceso de digitalización que no termina de convencer a la fiscal jefe de Valladolid.

Este verano ha cumplido cuatro años al frente de la Fiscalía de Valladolid, ¿está satisfecha de los resultados conseguidos?

El balance de estos cuatro años es muy positivo, aunque es cierto que mi jefatura ha coincidido con momentos muy difíciles, como la instauración de la Oficina Fiscal, la digitalización, la propia pandemia y la entrada en vigor de reformas legislativas muy importantes, como la que llegó en junio del año pasado, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de discapacidad y que está suponiendo un esfuerzo desproporcionado, ya que obliga a revisar todos los casos, uno a uno.

Le queda menos de un año, ¿piensa en repetir?

Cruzaremos ese puente, cuando lleguemos a ese río... Yo ceso en este cargo a mediados del año que viene y vamos a ver qué decido. La jefatura es muy esclava, porque realmente estás disponible las 24 horas, siete días a la semana, pero también resulta muy gratificante ver que las cosas funcionan. La enorme fuerza de esta Fiscalía es el grupo, porque yo consulto casi todo con mis compañeros.

¿Cómo recuerda la etapa de la pandemia?

Hubo que reubicarse, redefinirse y adaptar nuestro trabajo a aquellas nuevas circunstancias; primero del confinamiento, y después de las medidas de seguridad. Hubo una gran colaboración entre todas las instituciones implicadas en el ámbito judicial, hasta el punto de que ya en mayo de 2020 se hizo un protocolo para la celebración de las vistas telemáticas. Hubo que implantar el teletrabajo, redefinir los sistemas de guardia y hasta cambiar el modo de atención al público con la apertura del correo de la Fiscalía de Valladolid, que aún hoy lo seguimos utilizando.

La pandemia fue un esfuerzo de redefinición constante... es que se dictaba un decreto los domingos a las doce de la noche y, claro, los lunes teníamos que tener ajustada la situación de los servicios a esa nueva regulación que se dictaba. Sinceramente, creo que la Fiscalía de Valladolid lo hizo muy bien.

La pandemia también obligó a implantar el teletrabajo casi de un día para otro...

Sí, sí... Y la Fiscalía de Valladolid fue pionera en la implantación del teletrabajo, lo que permitió que pudiéramos responder a lo urgente y a lo que no era tan urgente. Es que con la restricción de personal en todos los centros de trabajo, o había teletrabajo o no se podría llegar a todo lo que entraba.

¿La parte buena de la pandemia es que sirvió para acelerar el proceso de digitalización?

Efectivamente, sirvió para meter la directa desde la perspectiva del teletrabajo, fundamentalmente, y, además, durante el último año las adaptaciones han ido más rápido. Pero, incluso así, falta muchísimo, porque la realidad es que seguimos sin tener un expediente digital como tiene que ser. Está muy bien digitalizar pero también hay que hacerlo de modo que se adapte a los procedimientos y a la forma de trabajar de las fiscalías, no solo de los juzgados.

Hay cosas que deben mejorar, no es tanto una cuestión de que seamos reacios a la digitalización, pero hay que ser conscientes de que hay cosas para mejorar.

También en esa etapa se potenció la colaboración con el Colegio de Abogados para reactivar la figura de la sentencia de conformidad...

Ya funcionaba con gran agilidad, pero quisimos dar un paso más con relación a todos los asuntos que se habían quedado pendientes de aquellos meses, redefiniendo el protocolo de conformidades. Aquí se estaba aplicando ya con una gran eficacia, fundamentalmente, por la dedicación del teniente fiscal, José Carlos Jaramillo. Este trabajo ha dado lugar a grandes éxitos en materia de conformidades, como aquel proceso de estafa en el que se consiguieron 70 conformidades y no hubo necesidad de celebrar un juicio que se había señalado en la Feria de Muestras, porque había tantos acusados que no cabían en el Palacio de Justicia. Esto fue por la buena voluntad de las defensas y también al enorme esfuerzo que hizo la Fiscalía a la hora de lograr una sentencia justa dentro de la calificación que se había realizado y evitar un juicio tan largo y tan complicado, porque acabábamos  de salir de la pandemia y todavía estaba la limitación de uso de las mascarillas.

¿Cómo sale la Fiscalía de Valladolid de esos dos años de pandemia?

El volumen de trabajo después de la pandemia se ha incrementado mucho en Valladolid. Por ejemplo, han puesto un juez de refuerzo en los tres juzgados de Familia, entre los meses de junio a noviembre, y eso significan más vistas; y más días de señalamientos para la Fiscalía y, a estas alturas, nos resulta difícil encajar todos los señalamientos, pero estamos en ello... La Fiscalía de Valladolid es un lujo, tanto por la categoría y el nivel técnico de los fiscales, como por su absoluta disponibilidad, igual que ocurre con los funcionarios. Esto es un equipo que yo he intentado que funcionara mejor como grupo.

¿Cuántos refuerzos necesitaría la actual plantilla de la Fiscalía de Valladolid?

Hace tiempo que no se aumenta la plantilla. La Fiscalía necesita por lo menos un funcionario en civil y otro en penal, y dos fiscales más; sin ninguna duda. Ahora somos 24, incluidos jefe y teniente fiscal, y de plantilla de funcionarios somos 28. El problema es que no sabría bien dónde meterlos...

¿Tampoco hay sitio en la Fiscalía a la espera del Campus de la Justicia?

Mientras no se resuelva de modo definitivo la ubicación de la Ciudad de la Justicia, tenemos los medios que tenemos. Por ejemplo, es que a nosotros nos gustaría que el fiscal de Menores estuviera en el mismo lugar que la Fiscalía Provincial y no en la sede del paseo del Hospital Militar. Y también hay que tener en cuenta que salvo el de Menores, el teniente fiscal y la fiscal jefe, todos los demás fiscales deben compartir despacho, que no está mal, pero es que hay despachos compartidos por hasta tres fiscales.

¿La fiscal jefe vislumbra algún día hecho realidad este proyecto?

Pues no lo sé, porque yo no tengo información bastante para decirlo. La esperanza nunca se pierde. Lo que sí tengo claro es que Valladolid debe tener una Ciudad de la Justicia como la que se merece, por el volumen de asuntos que tiene esta ciudad. Valladolid no deja de ser la capital administrativa de la Comunidad y, en consecuencia, los órganos administrativos más importantes están aquí, y el volumen de actividad económica es más importante, por lo que los asuntos son cada días más complejos.

¿Entiende tanto retraso?

Yo llevo hablando de la Ciudad de la Justicia casi desde que llegué, y llegué hace 30 años...

Antes de la pandemia, se implantó la Oficina Fiscal en Valladolid, ¿cómo fue aquel proceso?

Supuso una redistribución de los papeles de todos los funcionarios, de manera que hacerlos todos operativos en su momento fue un gran esfuerzo al que han respondido todos los funcionarios de una forma magnífica. Tengo un equipo muy profesional y muy trabajador, que se esfuerza y participa del enorme esfuerzo que supone para nosotros la digitalización.

¿Qué juicio le quita más el sueño, el de la Perla Negra o el del caso de los Ataúdes?

Son igualmente complejos, pero por razones bien diferentes. Hay que tener claro que la complejidad no depende de la notoriedad...

Pero no es lo mismo un retraso en un juicio cualquiera que en uno con las implicaciones políticas del caso de La Perla Negra, que tuvo que ser devuelto al juzgado...

A nosotros ese tipo de cosas no nos gustan, por eso intentamos estar encima de la instrucción. De hecho, la Fiscalía de Valladolid ya había respaldado esa reclamación de los letrados antes de que el asunto llegara a la Audiencia.

Cuatro años lleva en instrucción el caso de los Ataúdes...

Teniendo en cuenta la pandemia, el gran número de afectados y la complejidad de las investigaciones, nos parece un plazo razonable. El gran problema para la Fiscalía se nos presenta cuando un juicio se prolonga durante tres meses, ya que, durante ese tiempo, alguien debe asumir el trabajo cotidiano de ese fiscal.

¿El problema de la falta de medios se acentúa con estos grandes casos?

Es que el caso de los Ataúdes no solo implica un esfuerzo para la Fiscalía, también para el juzgado, aunque allí se ha dado prolongación de horario y se ha pagado por ello a los funcionarios, cosa que en la Fiscalía, no.

En el de la Perla Negra hay otras complicaciones, pero es que todos los asuntos tienen su problema. Los grandes juicios salen más a la luz y se conocen, pero también hay otros con sus problemas. Aunque suene a tópico, para nosotros no hay asunto pequeño. La complejidad de un caso no deriva de su notoriedad, sino del número de víctimas, de la complejidad de la prueba...

¿El futuro de la Fiscalía pasa por la especialización, como se ha hecho ya con materias como la violencia de género o la ciberdelincuencia, un área del que se encarga la fiscal jefe en persona?

Sí, se necesita una determinada especialización, por supuesto. En el caso de la ciberdelincuencia, hay que tener en cuenta su carácter globalizado y la existencia de una serie de plataformas absolutamente opacas. Los delitos informáticos se han disparado desde la pandemia. Las estafas constituyen una parte muy importante de nuestro trabajo pero a veces es complicado llegar a probar las autorías en ese tipo de delitos.

¿Tienen denuncias de mujeres de supuestos pinchazos, aquello de la sumisión química que causó tanta alarma a final del verano?

Sí ha habido alguna denuncia de  las fiestas, pero lo que puedo decir es que no tenemos identificado ningún tipo de autor, ni tampoco que haya habido una sumisión química como tal.

¿Hay un repunte de denuncias de delitos sexuales?

Han aumentado mucho y ahora empezaremos a ver cómo repercute la nueva ley (en vigor desde el 7 de octubre).

¿Esperan avalancha de denuncias a partir de ahora?

La jurisprudencia ha decantado ya mucho lo que es el consentimiento. El consentimiento expreso puede ser verbal, pero puede demostrarse por otro tipo de actos. Veremos a ver ahora cómo va decantando la jurisprudencia la interpretación del consentimiento tal y como se explicita ahora. Pero toda la vida ha habido delitos sexuales y la necesidad de consentimiento ha constituido siempre el eje central de cualquier delito contra la libertad sexual, y en la jurisprudencia se ha trabajado mucho sobre ello.