La eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas es un objetivo de toda la sociedad, más allá de una obligación legal, para facilitar las condiciones de vida de todas las personas con alguna discapacidad física. Hace años ya que tanto la legislación como las políticas públicas favorecen la adaptación o rehabilitación de espacios, equipamientos y edificios para que todas las personas puedan acceder a los mismos sitios sin dificultades añadidas, aunque aún el camino que queda por recorrer es largo y la velocidad de respuesta ante factores no accesibles demasiado lenta. Las viviendas es uno de los factores en los que aún queda mucho por hacer. Es cierto que desde hace bastantes años todas las construcciones residenciales deben cumplir una normativa que obliga a su accesibilidad prácticamente total, pero también lo es que el sector se ha preocupado y ocupado de llevarlo a rajatabla al suponer un valor añadido para la vivienda. No obstante, el problema se encuentra en los edificios construidos entre los cincuenta y los ochenta, aquellos que superan los 40 años y que se ubican en zonas o barrios vulnerables, con una población mayoritariamente envejecida y en muchos casos con escasos recursos económicos.
La capital vallisoletana no es ajena a este esfuerzo por eliminar las barreras arquitectónicas y tanto Ayuntamiento como Junta disponen de ayudas desde hace años para la construcción de ascensores en edificios de dos o más plantas. A pesar de ello, aún quedan unos 2.700 con problemas para sus inquilinos, que precisamente suelen ser personas mayores y con dificultades de movilidad, algo que hay que solucionar en un plazo breve. No es fácil, al esfuerzo económico que supone en muchos casos para los propietarios de las viviendas, la instalación de elevadores se topa con la falta de espacio, algo que ha provocado la autorización para que este tipo de aparatos se coloquen excepcionalmente en la vía pública. Estas dificultades provocan un avance lento en la eliminación de estas barreras, que principalmente se concentran en la zona este de la ciudad, en Las Delicias, la barriada de Las Viudas, en la Circular, alrededor de Caño Argales o en el entorno del Canal (La Victoria), entre otros lugares.
Las ayudas públicas deben acelerar la mejora de las condiciones de habitabilidad de todas las viviendas cuando sus propietarios no tengan recursos necesarios para acometer actuaciones que ayuden a superar las barreras del día a día. En el caso de los ascensores, las soluciones a veces son costosas y difíciles técnicamente, sin embargo otras como la construcción de rampas o reducción de desniveles deben completarse cuanto antes. La población ha avanzado mucho en el respeto y una mayoría está concienciada sobre la necesidad de que las personas con dificultades de movilidad puedan desplazarse y realizar sus tareas cotidianas en igualdad. Las administraciones también actúan por lo general al amparo de la legalidad. Sin embargo, este colectivo aún encuentra demasiados obstáculos en su vida diaria, que casi siempre pasan desapercibidos para el resto de la población, y que deberíamos corregir.
Una sociedad moderna del siglo XXI debe velar por las condiciones de vida de todos sus miembros, tanto en su aspecto social como personal y para ello hay que facilitar la eliminación de todas aquellas barreras que impiden o dificultan la movilidad. Por supuesto que el mayor esfuerzo debe ser individual, pero las administraciones tienen que garantizar que nadie se queda sin acceder a este peldaño de igualdad por la falta de recursos económicos o de soluciones técnicas. Es la aportación que todos tenemos que estar dispuestos a realizar, junto a una mayor concienciación colectiva y personal para hacer que todas las personas puedan disfrutar igual y acceder a los mismos lugares que nosotros. Y recuerden que todos quizás algún día sufriremos de movilidad reducida, pues el paso de los años no se detiene.