Los primeros días de aplicación de la nueva normativa que obliga a los trabajadores de todas las empresas a fichar no ha tenido especial efecto en la conflictividad laboral dentro de los centros de trabajo. De hecho, fuentes de UGT y CCOO reconocieron que desde el pasado domingo, día en el que entró en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores, no han recibido ninguna denuncian ni ningún empleado les ha pedido la intervención de la Inspección de Trabajo.
También desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) confirman que no ha habido incidentes relevantes, más allá de la complicación que supone en algunos casos poner en marcha este sistema por primera vez, ya sea con herramientas básicas, como puede ser una hoja de Excel, o con otras más sofisticadas, como los aparatos en los que hay que introducir una tarjeta o las aplicaciones que se pueden instalar en los propios teléfonos de los trabajadores.
Eso no significa que la conflictividad no pueda aumentar a medio plazo. De hecho, fuentes sindicales reconocieron a este periódico que su intención es «dejar pasar unas semanas», para que las empresas completen este proceso de adaptación, para iniciar una campaña que será especialmente vigilante con los negocios de hostelería. De hecho, fuentes del Ministerio de Trabajo reconocieron a este periódico que no hay ninguna instrucción para que la entrada en vigor de la norma vaya acompañada de una campaña de vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo, que sí que actuará si le llega alguna denuncia.
Eso sí, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha hecho una llamada esta semana a que las empresas no se se relajen, tras reconocer que «nadie se ha tomado en serio» esta medida. E insistió en que la Inspección será flexible, pero solo con las empresas que demuestren que se están adaptando. Si no es así, habrá multas que puede superar los 6.000 euros.
Los sindicatos de Valladolid pondrán especial celo en vigilar a la hostelería porque consideran que es uno de los sectores donde se realizan más horas extras impagadas. De hecho, hace un año y medio CCOO ya anunció que pediría el control horario en Valladolid para evitar lo que considera un «fraude» en estas empresas. Según el sindicato, en más del 90 por ciento de ellas los trabajadores hacen más horas de las que tienen estipuladas en su contrato sin cobrarlas a razón de, al menos, media hora más al día. Es decir, 144 horas extra por trabajador cada año. 18 jornadas de ocho horas. Contratar a desempleados para hacer este trabajo impagado supondría, según el sindicato, la creación de 850 puestos de trabajo en la provincia a tiempo completo.
Además, los sindicatos no mantienen una buena relación con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, toda vez que consideran que su presidenta, María José Hernández, está bloqueando la firma del nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 10.600 trabajadores en la provincia.
Pese a todo, tanto UGT como CCOO instarán a todas sus federaciones a iniciar procesos de diálogo con las patronales y empresas, tal y como recoge la nueva normativa, aunque deja la última palabra a los empresarios para elegir el sistema que quieran si no hay un acuerdo.
Trabajo edita una guía para resolver dudas
El Ministerio ha editado esta semana una guía para resolver parte de las múltiples dudas que surgieron entre trabajadores y empresarios a raíz de la entrada en vigor de este Real Decreto. Para aclarar, por ejemplo, que la norma afecta a todos los trabajadores por cuenta ajena, ya sean «móviles», comerciales, temporales, trabajadores a distancia o «cualesquiera otras situaciones en las que la prestación laboral no se desenvuelva, total o parcialmente, en el centro de trabajo de la empresa», ya que existen posibilidades tecnológicas para llevar este control. Quedan excluidos, por ejemplo, los autónomos y los altos directivos. Otra de las dudas que había surgido estaba relacionada con los empleados contratados a través de empresas de trabajo temporal, ya que no estaba claro si eran estas las que tenían que llevar el control o las empresas donde el empleados desarrolle su trabajo. El Ministerio ha aclarado que deben ser las segundas. Respecto a los métodos que considerará válidos la Inspección, una duda que tenía la propia presidenta de la patronal vallisoletana, Ángela de Miguel, la guía dice que «será válido cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, esto es, proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el propio trabajador». Para ello, «la información debe documentarse en algún tipo de instrumento escrito o digital, o sistemas mixtos, en su caso, que garanticen la trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable de la jornada».