Uno de los factores que cambió la pandemia durante muchos meses fue la forma de comunicarse. El confinamiento, la distancia social y las limitaciones de movilidad multiplicaron el uso de las nuevas tecnologías. Además, muchos servicios que se prestaban de forma presencial pasaron a ser telefónicos o telemáticos. Un cambio que casi todas las personas asumieron con normalidad, pero que resultó crítico para otras. Por ejemplo, las que tienen algún tipo de discapacidad auditiva.
La mayor parte de los servicios de atención telefónica no están adaptados para ellas, de modo que ven limitado el acceso a fuentes de información, solicitud de ayudas e incluso servicios de emergencia. A esto se une el hecho de que en algunas ocasiones, por las restricciones de la pandemia, se ha negado a estas personas la posibilidad de que vayan acompañadas de un intérprete, una figura que es fundamental para que puedan interactuar en algunos entornos. Además, hay que tener en cuenta que la generalización del uso de la mascarilla impide la lectura labial, por eso desde las asociaciones de personas sordas se sigue luchando para la homologación de las mascarillas transparentes, como paso previo a su uso masivo en centros sanitarios y educativos.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (Fapscyl), Luis Alberto Redondo, reconoce que la repentina situación que se generó en marzo del año pasado supuso un reto para el colectivo, dado que las barreras, que ya existían antes de la crisis sanitaria, se multiplicaron. «La Administración pública no ha facilitado la accesibilidad», denuncia. Y pone como ejemplo la situación que se vivió hace unos días en la Oficina de Extranjería, donde se negó el acceso al intérprete de un migrante sordo que pretendía hacer unos trámites burocráticos. «Fue imposible para él comunicarse con la persona que le estaba atendiendo», señala. Al final el trabajo de interpretación se tuvo que hacer en la calle. «Es una discriminación y una vulneración de los derechos de esta persona», incide.
Santiago Hernández. - Foto: Jonathan TajesRedondo se queja de que «en este tiempo de pandemia ninguna administración pública ha sido accesible», y solo se han podido «salvar» algunas situaciones gracias a los servicios semipresenciales. Las videollamadas también han sido una tabla de salvación, pero es una herramienta que, en líneas generales, tampoco se puede utilizar con la Administración. Y el presidente de Fapscyl recuerda que hay sistemas disponibles, como el servicio de videointerpretación en lengua de signos SVIsual, que permite acceder por videoconferencia al servicio de un intérprete dentro de una red nacional siempre que sea preciso.
Uno de los servicios más básicos que no es accesible en Castilla y León para personas sordas es el Servicio 112 de Emergencias. De hecho, solo lo es en Extremadura y Galicia, según denuncia la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). De hecho, la presidenta de este colectivo, Concha Díaz, criticó hace tres semanas la «pasividad» de las comunidades autónomas y del Ministerio de Interior frente al procedimiento de infracción abierto contra España «por no haber ejecutado de manera efectiva» las directrices europeas que obligan a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a este teléfono.
Redondo también asegura que durante la pandemia se han incrementado las quejas que llegan a la Federación por parte de las personas sordas, sobre todo las que inciden en la necesidad de impulsar la fabricación y uso de las mascarillas transparentes. «Se han unificado los criterios para fabricarlas, pero hasta el momento no hay ninguna empresa que lo haya hecho» señala. Aunque existen mascarillas transparentes en el mercado, Redondo avisa de que no están homologadas, y, por lo tanto, no se pueden utilizar, por ejemplo, en centros de formación ni sanitarios. Esto ha provocado que muchos alumnos con problemas de audición tengan auténticos problemas para seguir las clases al mismo ritmo que sus compañeros.
Ángela Camarón. - Foto: Jonathan TajesIntérpretes. Si los intérpretes ya eran una pieza fundamental en la vida de las personas sordas, con la pandemia se han convertido en imprescindibles. Eva Herrera es una de los trece profesionales que trabajan para atender las necesidades de las cercas de 12.000 personas con problemas de audición que hay que la Comunidad. Puede parecer un número escaso de profesionales, y lo es, pero la Fapscyl no tiene capacidad para contratar a más desde que se recortaron las subvenciones hace casi diez años. Su labor ha sido muy complicada estos meses. «De la noche a la mañana tuvimos que irnos a trabajar a casa, y un servicio que era eminentemente presencial, porque siempre acompañamos a la persona sorda físicamente para cualquier gestión, pasó a ser por videollamada», explica.
Hasta septiembre del año pasado no empezaron los servicios presenciales, y solo donde era más necesario. Por ejemplo, con usuarios mayores que tenían mucha dificultad para manejarse con la tecnología, puesto que la brecha digital ha sido otro de los problemas a solucionar estos meses. Herrera asegura que las mayores complicaciones se produjeron con las citas médicas, ya que los servicios de salud no suelen ser puntuales con el horario cuando se comprometen a llamar a un paciente. Las personas sordas necesitan tener al intérprete al lado cuando se produce esa llamada, pero este profesional no puede estar una mañana entera esperando, ya que la demanda de servicios de otras personas es muy alta. «Se lo hemos planteado a la Consejería de Sanidad y nos dicen que la Atención Primaria está desbordada y no nos pueden garantizar que se respeten las horas», señala.
Estos profesionales hacen todo tipo de gestiones con las personas sordas. Desde ir al médico a acudir a una tienda, una consultoría o a una entrevista de trabajo. Por eso hay franjas horarias en las que estos 13 profesionales no dan abasto. «Entre las 10.00 y las 12.00 horas del mediodía no se pueden cubrir todos los servicios», señala Herrera. En este sector existe un déficit de profesionales p orque hay pocos titulados en lengua de signos y los que la han estudiado en ocasiones acaban trabajando de otra cosa porque la profesión de intérprete es, tradicionalmente, poco estable.
Adriana Ruiz. - Foto: Jonathan TajesHan pasado más de 14 meses desde la declaración del estado de alarma, un periodo en el que el colectivo de sordos, acostumbrado a conquistar derechos a base de mucha lucha, ha tenido que alzar la voz de nuevo para recordar que ningún colectivo debería quedarse atrás en la lucha contra el virus.
Tres casos
Santiago Hernández (trabajador de Fapscyl): «En el banco no dejaron que entrara el intérprete que me acompañaba»
Santiago Hernández es trabajador de Fapscyl y reconoce que, en el ámbito personal, el inicio de la pandemia fue muy duro, «porque prácticamente no se podía acceder a ningún servicio». Por ejemplo, cuando tuvo que ir al médico la mascarilla le impedía comunicarse y tenía que recurrir a la escritura, un método muy poco ágil. «Dependía de que el médico se quisiese bajar la mascarilla», recuerda. Y no todos estaban dispuestos. En el banco también tuvo problemas, porque no le dejaron entrar con un intérprete cuando el acceso estaba restringido a una persona.
Aunque Santiago entiende la gravedad de la pandemia, echa de menos un poco de flexibilidad en ciertos profesionales para adaptarse a unas circunstancias muy especiales. «Es una lástima, porque las autoridades y en las entidades bancarias deberían conocer algo de lengua de signos, al menos para poder salvar estas situaciones», señala.
Santiago nació como persona sorda, pero con restos auditivos, que podía aprovechar con un audífono. Hasta que a los 22 años (hoy tiene 53) tuvo una pérdida repentina y se quedó completamente sordo. Fue entonces cuando acudió a una asociación y comenzó a aprender la lengua de signos.
Ángela Camarón (desempleada): «Ha sido complicado hacer gestiones de forma autónoma»
Para Ángela Camarón la mascarilla es, aparte de un equipo de protección importante para evitar contagios, una barrera en la comunicación. Uno de los principales problemas que ha tenido estos meses ha sido entender a los funcionarios con los que tenía que comunicarse cuando iba a hacer cualquier gestión. Aunque siempre ha logrado salvar la situación con la escritura y con videollamadas a un intérprete. Eso sí, siempre ha encontrado gente comprensiva con su discapacidad, especialmente sus médicos de referencia, que la conocen desde hace muchos años y saben que se trata de una persona sorda.
Ángela se encuentra en el paro en estos momentos y renuncia a buscar trabajo por el miedo que tiene al contagio. Lo hará cuando la situación sanitaria mejore.
Aunque ella nació oyente, a los pocos meses enfermó de varicela, con una fiebre muy alta. Además, al hacerle una transfusión utilizaron sangre que no era de su grupo y eso complicó más la situación, hasta el punto de tener que estar un mes en una incubadora. Estos problemas de salud en las primeras semanas de vida hicieron que Ángela, que ahora tiene 44 años, se quedase sorda.
Adriana Ruiz (estudiante): «A veces no entiendo al profesor porque lleva la mascarilla puesta»
Adriana Ruiz es estudiante de auxiliar de enfermería y este año reconoce haber tenido suerte porque ha estado acompañada en las clases de un intérprete que la ha ayudado en «otros servicios de educación». Pero eso no significa que no haya tenido problemas. «Cuando comenzó el curso me enviaron un vídeo para explicarme cómo iban a ser las clases y cómo se iban a adaptar las comunicaciones, pero estaba sin subtitular y la gente hablaba con mascarilla, así que no me enteré de nada», dice. Eso sí, después de enviar un correo para explicar que es una persona sorda, el centro volvió a enviar la información adaptada a la lengua de signos.
Como el intérprete no puede estar todas las horas, Adriana tiene muchas dificultades para entender al profesor cuando está sola, por el uso de la mascarilla por parte del docente. «No puedo hacer una pregunta porque no entiendo la respuesta, tengo que esperar a que esté el intérprete», asevera. Antes de la pandemia, con la lectura labial, no tenía problemas, y ahora, como las mascarillas transparentes del mercado no están homologadas, no se pueden utilizar.
Adriana tiene 19 años y es sorda de nacimiento, como sus padres. Durante estos meses dice haber perdido mucha independencia porque las circunstancias le han obligado a depender más de los intérpretes.