La Consejería de Economía y Hacienda inicia las obras de rehabilitación integral del edificio administrativo ubicado en la vallisoletana plaza de Madrid, tras la comprobación del replanteo de la obra en el actual edificio que fue la antigua sede de la Delegación de Hacienda del Gobierno de España. La obra, que cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses, tendrá un coste de 14 millones de euros, de los que seis proceden de fondos europeos.

La Consejería, según informó en un comunicado remitido a Ical, realizó el 26 de septiembre la comprobación del replanteo de las obras de rehabilitación integral del antiguo edificio de la delegación de la Agencia Tributaria en Valladolid. Tras las comprobaciones técnicas, comenzó el plazo para la ejecución de la obra, que cuenta con una previsión de 30 meses.

Tras la redacción y aprobación del proyecto, se licitó la ejecución de la obra en 2022, que fue adjudicada mediante Orden de 12 de agosto a la empresa Constructora San José S.A. por un importe de 14.081.980 euros. La obra contará con seis millones de euros de financiación de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Este centro administrativo regional, de 7.200 metros cuadrados construidos, podría alcanzar una ocupación aproximada de 300 trabajadores en un edificio nuevo totalmente accesible y equipado con las más novedosas tecnologías.

La Junta de Castilla y León afronta esta rehabilitación integral con el objetivo de destinar el edificio, dada su ubicación y las necesidades de la Administración autonómica, a uso administrativo general para agrupar organismos y unidades funcionales dispersas. Asimismo, esto permitirá reducir las cargas en arrendamiento y la liberación de alquileres que actualmente se soportan. Con la rehabilitación iniciada se conseguirá un edificio público que se integra perfectamente en el entono de centro urbano, reutilizar un inmueble emblemático y reactivar económicamente el centro de la ciudad.

Las actuaciones constructivas previstas afectan a reconocimientos globales y refuerzos puntuales de la estructura, reacondicionamiento de espacios administrativos interiores, dotación de instalaciones y equipamientos tecnológicamente avanzados y reconocida eficiencia y eficacia energética, mejora de las condiciones de aislamiento térmico y acústico de cerramiento exteriores, entre otras, que puedan hacer calificar al edificio terminado y ocupado como avanzado en términos tanto medioambientales como tecnológicos, constructivos y ergonómicos.

Asimismo, el edificio rehabilitado conseguirá un consumo de energía casi nulo según el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Por otra parte, el contrato de obra incorpora, además de otras cláusulas sociales, la obligación de ejecutar un proyecto de inserción socio-laboral, lo que supone que un mínimo del tres por ciento de las horas de trabajo hayan de ser realizadas por personas en situación o riesgo de exclusión social residentes en Castilla y León.

Este inmueble objeto de rehabilitación forma parte del patrimonio inmobiliario de la Junta de Castilla y León tras la permuta de inmuebles llevada a cabo entre la Administración General del Estado y la Junta en el año 2014.