Emma lleva días con un dolor abdominal insoportable, un malestar que le impide acudir al colegio al provocarle vómitos y fiebre. Sus padres, inquietos, deciden llevarla a urgencias, a un ambulatorio rural ubicado a seis kilómetros del pequeño municipio de Castellón en el que residen. El médico lo tiene claro desde el principio. Se trata de un virus, de esos que duran unos días y se van de la misma forma que llegan. Sin embargo, cuatro días después, la niña, de 12 años, no termina de recuperarse. El malestar se mantiene y deciden regresar al centro médico, al ver que pasa el tiempo y que su hija sigue igual. En esta ocasión, el facultativo ni siquiera se levanta de la silla. Repasa el informe de la primera consulta y pregunta por qué han vuelto. La madre le contesta que la niña no mejora, que continúa sin poder comer y que está perdiendo mucho peso. El médico emite de nuevo el mismo diagnóstico y señala que el proceso puede alargarse algo más de una semana.  
Emma cada vez está peor. La fiebre roza los 39 y los dolores son muy fuertes. Sus padres deciden ir al Hospital de Sagunto, donde les comentan de nuevo que no es nada grave y que regresen a casa. Pero la cría no mejora. Dos días después vuelven a la consulta. La niña está tan débil que se desvanece, pierde el conocimiento y entra en parada cardiorrespiratoria. El facultativo trata de reanimarla durante 12 minutos, hasta que llega una ambulancia que la traslada hasta el Clínico de Valencia, donde vuelve a entrar en parada. Pasan las horas y Emma no responde. La pequeña fallece como consecuencia de una peritonitis purulenta, provocada por una acumulación de sangre y pus en el abdomen. Pese a la insistencia de los padres de que podía tratarse de una apendicitis, en ninguna de las tres ocasiones que acudieron a los diferentes centros sanitarios le hicieron un análisis de sangre o una ecografía. 
La sanidad pública está enferma. En los últimos años el número de pacientes que acude a las consultas de atención primaria se ha incrementado de manera exponencial -cerca de 74 millones más en 2021 que en el año anterior-, a lo que se suma una reducción más que considerable de los centros de salud -cuya cifra sufre una sangría constante desde 2017- y la falta de personal sanitario, no solo de médicos, lo que termina por generar tensiones en un sistema que ya estaba dando síntomas de saturación desde hacía tiempo. 
Las manifestaciones que están teniendo lugar en diferentes puntos de la geografía española para defender una sanidad pública de calidad evidencian la preocupación de la ciudadanía por un sistema que se desmorona, con urgencias saturadas, eternas listas de espera para el especialista o para someterse a una intervención quirúrgica y un personal que sufre el síndrome del burnout -empleado quemado- como consecuencia del volumen de trabajo y las condiciones económicas y laborales.
El diagnóstico de la enfermedad se va aclarando si se analizan los datos de la OCDE y Eurostat. Los informes desvelan que el problema en España no deriva de la falta de médicos, ya que cuenta con más facultativos por ciudadano que la mayor parte de los países desarrollados del Viejo Continente. La media por cada 1.000 habitantes era de 3,6 médicos en 2020, mientras que en el territorio nacional se llega a 4,6, lo que supone un 30% más de profesionales. 
 Ninguno de estos análisis tiene en cuenta el efecto de la jubilación masiva de los médicos de familia que se está registrando, un colapso para el que, pese a que se lleva advirtiendo más de una década, no se ha puesto remedio. Es ahí donde está el gran déficit, en la escasez de especialistas que, según señala Sanidad, podría ascender a 9.000 en los próximos cinco años, lo que provoca que la situación sea mala en la mayoría de las comunidades autónomas, donde, además de médicos de familia, hay carencia de profesionales de medicina interna, anestesiología, radiodiagnóstico o psiquiatría.
Lamentablemente, son cada vez más los sanitarios que deciden irse al extranjero, las denominadas fugas de talento, para crecer profesionalmente y ser mejor valorados a nivel económico, ya que hay países en los que pueden cobrar el doble e incluso el triple. Esas diferencias astronómicas acaban decantando la balanza y se erigen como parte de un problema endémico.
Algunas voces autorizadas señalan a la pésima y obsoleta organización -como la obligación de tener que realizar un sinfín de labores burocráticas- y a la escasa eficiencia del sistema -solo con la presencia de un ecógrafo en las consultas se puede evitar derivar al paciente a un especialista- como el origen de todos los males.
Los tribunales dirimirán si la pequeña Emma murió por una negligencia -como defienden sus padres- o por la descomposición progresiva que sufre un sistema sanitario público que demanda una reforma urgente, con una apuesta decidida por la modernización de los protocolos y de la asistencia para resolver las carencias que denuncia el personal y que acaban pagando los ciudadanos.