La oposición socialista acusó hoy a la Mesa de las Cortes, y más en concreto a su presidente, Luis Fuentes, de no garantizar “la neutralidad” por haber incumplido el acuerdo y aceptar en el orden del día del próximo pleno una proposición no de ley del Grupo Popular presentada fuera de plazo.
La PNL del PP, en la que solicita al Gobierno central la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, fue motivó de polémica en la reunión de la Junta de Portavoces, como indicaron en declaraciones posteriores el popular Raúl de la Hoz y la socialista Virginia Barcones.
La ‘número dos’ socialista explicó que, tal y como recoge el Reglamento y está acordado, la hora límite para registrar las iniciativas que van a pleno es 48 horas antes y las 14 horas, pero precisó que dicha PNL entró en el registro de las Cortes a las 14.50, por lo que para su grupo estaba claro que no podía ir en este pleno.
Es por ello que tildó de “esperpento” que la Mesa y su presidente hayan cambiado de criterio al permitir la propuesta del PP, afirmó que su grupo cumple las normas y los acuerdos y acusó a los populares de haber roto todos los acuerdos existentes.
Por su parte, De la Hoz censuró que el Grupo Socialista tratara de evitar que se debata sobre una propuesta destinada al Gobierno y le acusó de “colocarse en modo alfombra y felpudo” de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la defensa de su “ecologismo ridículo y de salón”.
La PNL del PP se enmarca en la negativa del l MITECO, como comunicó al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, a una nueva concesión de uso privativo con destino a la estación de esquí, como solicitó la empresa "Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A”, en abril de 2020.
Por ello, en su propuesta de resolución, se solicita al Gobierno la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, reconsiderando la postura del Organismo Autónomo Parques Nacionales y admitiendo la tramitación de una nueva concesión de uso privativo.
También, se pide que “el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deje de adoptar decisiones manifiestamente perjudiciales para los intereses económicos y medioambientales de Castilla y León”.