No es muy amigo de salir en los medios, así que pasa el trago de las fotografías con cierta celeridad para ir relajándose muy poco a poco en el transcurso de una entrevista que se realiza en su despacho de titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, aunque el pacto sea hablar únicamente en su condición de juez decano. Emilio Vega (Cervillego de la Cruz, 1966) no quiere líos mediáticos y ya lleva el suficiente tiempo (desde 2009) encargado de los casos de violencia de género como para arriesgarse a que cualquier frase pueda sacarse de contexto. Huye de la polémica, pero tampoco se muerde la lengua cuando tiene que defender a una judicatura tan vilipendiada en los últimos meses por la clase política y que, para colmo, lejos de aportar soluciones a la falta de medios que soportan, se dedica a criticar unas resoluciones judiciales dictadas en estricto cumplimiento de las leyes que promueven sus diputados.

Arranca usted su segundo ciclo como juez decano de Valladolid, ¿por qué decidió repetir?

El primer ciclo (2018-2022) estuvo muy marcado por la pandemia y no pudimos hacer casi nada, ya que durante mucho tiempo tuvimos que centrarnos solo en garantizar el funcionamiento de la justicia, así que creía necesario presentarme a la reelección.

¿Y qué retos se ha marcado para estos cuatro años?

El reto fundamental es contar con un nuevo edificio judicial. Estamos sobrepasados y no tenemos un hueco para absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, se hacen más actos judiciales telemáticos y eso exige la organización de un servicio común de videoconferencias en los Juzgados de Valladolid, pero es imposible porque no hay dónde instalarlo. Tenemos que hacerlas siempre en las salas de vistas, pero eso supone que mientras tanto no se pueden celebrar juicios. Y está claro que las videoconferencias van a ir a más. 

Tampoco tenemos las llamadas 'salas amigables' en las que tomar declaración a los menores y debe hacerse de una forma muy arcaica, con los menores yendo a la sede de plaza del Rosarillo, que es donde están los equipos psicosociales y hacerlo por videoconferencia.

¿Y el local alquilado desde hace más de un año por la Gerencia de Justicia en la calle Torrecilla no se planteó como posible sede de esa 'sala amigable'?

Eso se alquiló porque, en teoría, se iba a crear un nuevo juzgado de Primera Instancia, que iba a ser de Familia, y que se pensó en usar ese local para trasladar ahí al Registro Civil y aprovechar el espacio que se liberaría en la sede de Angustias para el que iba a ser el cuarto juzgado de Familia. Pero la realidad es que ese nuevo juzgado no va a llegar, como pronto, hasta 2024.

¿Qué nuevos juzgados hacen falta en Valladolid a parte del que sería el número 16 de Primera Instancia?

Parece claro que sí, que lo urgente es un Instancia, pero habrá que ver si es uno de Familia o un Instancia puro, que se decidirá después en Junta de Jueces, una vez se cree que no hay nada seguro todavía.

¿Cómo están las cosas en los seis juzgados de Instrucción?

Si se va a la productividad de los jueces, vemos cómo en Instrucción están en una productividad de 400 o 500 por ciento, es decir, muy por encima del módulo. Pero en cambio no superan el módulo de entrada de asuntos, por lo que ahí hay algo que no cuadra.

¿Siguen con guardias semanales en lugar de las de 72 horas que se han reclamado en alguna ocasión?

El tema de las guardias es algo que es absolutamente sangrante. Un juez de guardia cobra poco más de 200 euros por estar ocho días con el móvil operativo las 24 horas del día; es lo mismo que cobra el LAJ (letrado de la administración de justicia) de guardia y el funcionario. Está claro que es una compensación ridícula por estar una semana sin poder hacer un plan, operativo a todas horas. Porque por supuesto que hay llamadas de madrugada, de un levantamiento de cadáver, de un médico que tiene un trasplante...

Penal es otro de los ámbitos en que se viene pidiendo otro juzgado...

En Penal, el módulo de entrada está en los 400 asuntos y andan ahí, pero es que no se tiene en cuenta ni la ejecución ni la complejidad de algunas sentencias, porque no es lo mismo una que se pone en una hora, que otra que se tarda un mes. Está descompensado, pero se señala para tres o cuatro meses lo no urgente y en quince días lo que sí lo es. Pero es que en Valladolid la falta de medios se compensa con el esfuerzo de los jueces.

En la jurisdicción Social se creó un quinto juzgado en enero de 2020, ¿se ha conseguido acabar con el atasco?

Los juzgados de lo Social, pese a que el quinto entró justo antes de la pandemia, están por encima del módulo nuevamente. Señalan lo no urgente para dentro de ocho o nueve meses ya.

Primera Instancia 16, Instrucción 7, Penal 5, Social 6... ¿Habría sitio para crear todos esos juzgados?

La única opción para la puesta en marcha de un juzgado pasa por usar ese local y mover el Registro Civil, porque la realidad es que no hay ni un solo hueco en ninguna de las sedes actuales. Si llegan más, habría que intentar buscar otros emplazamientos.

Hasta que llegue el Campus de la plaza de San Pablo con el antiguo colegio El Salvador... ¿Usted lo ve ya hecho realidad?

En principio parece que sí, que se han puesto en serio, que va para delante... pero hasta que no haya partida suficiente en presupuestos, siempre habrá incertidumbre por todo lo que llevamos viendo.

¿Y qué más necesita la justicia de Valladolid?

Ahora se ha pedido que se instale en el despacho de los jueces de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer un sistema de grabación que evite que tengamos que tomar las declaraciones en salas de vistas y que, por tanto, se limite el número de salas que se pueden dedicar a la celebración de juicios. 

Porque en Valladolid no tenemos salas de vistas suficientes para que los jueces celebren todos los juicios que quieren celebrar, y entre los seis juzgados de Instrucción y el de Violencia, tenemos ocupadas unas cuatro salas cada día para la toma de declaraciones y que, instalando el sistema, quedarían libres.

¿Y cuándo lleguen los tribunales de instancia, cómo lo va a hacer?

Si se aprueba la ley de tribunales de instancia, que es algo va unido a la creación de la oficina judicial, supondrá un reto organizativo muy importante, porque cada juzgado ya no va a ser un compartimento estanco como ahora, sino que habrá solo jurisdicciones servidas por tantos jueces, tantos letrados y tantos funcionarios.

Pero sería imprescindible crear un Servicio Común de Registro y Reparte, que lo sigue haciendo el Decanato. Esto es algo que hemos pedido reiteradamente, pero por ahora no nos han hecho caso, igual que sería importante una Oficina Común de Ejecución.

Decía usted en 2018, cuando aún era solo candidato a este cargo, que la principal función de un juez decano es «pedir, pedir y pedir»...

Sí, y muchas veces con la certeza de que no te van a dar. Los medios materiales no dependen del CGPJ ni de los jueces, sino del Ministerio de Justicia. 

¿No es frustrante?

En muchas ocasiones, sí. Porque nosotros pedimos y pedimos, pero luego son otros los que deciden.

Y aun así decidió presentarse a la reelección como decano...

Pues hay veces que uno tiene dudas, que piensa si compensa, porque es un esfuerzo no remunerado y esta ya es una ciudad con 40 juzgados unipersonales... pero cuando llega el día de la votación y ves que los compañeros te apoyan, pues es muy satisfactorio.

¿Cómo recuerda la gestión en los meses de pandemia?

Fue horroroso...

Pero Valladolid fue pionera en la reorganización de la justicia para funcionar en pandemia...

El protocolo para celebrar juicios telemáticos de Valladolid, que fue pionero en España, se promovió desde el Decanato. Se lo comenté a Javier Garicano, que era el decano del Colegio de Abogados y, a partir de ahí, empezamos a extenderlo a través de una comisión. Es más, el protocolo que sacó el CGPJ fue un poco copia del nuestro.

En pandemia me di cuenta de que hay un montón de cosas que funcionan sin que uno sepa casi que funcionan. Hubo cantidad de aspectos a organizar que ni yo era consciente...

¿Cree que la justicia telemática ha llegado para quedarse?

Yo no soy muy partidario, creo que lo suyo es hacer los juicios de modo presencial. Pero es cierto que cada vez hay más peticiones para que, por ejemplo, un abogado pueda comparecer desde Sevilla, sin tener que desplazarse. Y esto es algo que no está reglamentado, que queda un poco a criterio de cada juez, de cada tribunal... El Ministerio y el CGPJ tienen que establecer unas pautas para determinar en qué circunstancias se debe autorizar y para qué trámites.

¿Cuánto daño hace a la imagen de los jueces situaciones como la del Tribunal Constitucional de hace unas semanas?

Mucho daño. En nuestro país se necesitan ciertas reformas para profundizar en la independencia judicial. Para empezar, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya nos han dicho desde Europa, por activa y por pasiva, que no vale, que no garantiza la independencia judicial, porque nos dicen que los partidos políticos no pueden participar en la elección de ningún miembro. Y nadie lo cambia, a pesar de que los dos partidos mayoritarios lo han podido cambiar porque han tenido mayorías absolutas: el PSOE, que por su propia ideología considera que no debe modificarse; y el PP, cuando ha podido hacerlo, no lo ha hecho.

Y todo esto desgasta mucho la imagen de la justicia, aunque en realidad la independencia judicial no se pone en duda porque a mí, como juez, no me afecta que en el CGPJ a un vocal lo haya nombrado uno u otro partido.

¿Tiene la sensación de que son un blanco fácil para la crítica?

Los jueces somos un blanco muy fácil de la crítica, porque nosotros no acostumbramos a defendernos nunca. 

¿Y qué le parece el hecho de que un sector del propio Gobierno esté culpabilizando a la interpretación que hacen los jueces de la ley del 'solo sí es sí'?

Es que no hay otra interpretación posible. Aplicar la ley penal más favorable al reo es una obligación constitucional. Y el que no lo haga estaría prevaricando.

¿Es una ley mal hecha?

Pues a lo mejor no es una ley tan mal hecha, quizá sea una ley más proporcional, con penas mucho más proporcionales que las que se tenían antes, aunque en los casos más graves siguen siendo iguales.

Hay contrasentidos. Los que se proponen legislar para proteger a las mujeres, hacen leyes que son más proporcionales para el penado y los que están más en contra de establecer legislaciones especiales para proteger a la mujer, critican esta ley que, en realidad, resulta más proporcional para el hombre. Son incoherencias que únicamente se explican porque en el fondo lo que hay son luchas políticas.

Se defiende que ahora la ley pone el foco en el consentimiento, ¿es que antes no lo hacía?

El consentimiento en los delitos contra la libertad sexual ha sido el centro siempre y eso, se diga como se diga, se ponga como se ponga, no ha cambiado. Y el consentimiento es un elemento que siempre tendrá que probarse por la acusación, igual que ocurre con el hecho de que se haya producido con violencia o con intimidación... Esto es el derecho penal.

Una pregunta en calidad de juez de Violencia sobre la Mujer, que es su especialidad: ¿Ve necesario un aumento de las medidas de control sobre los agresores e, incluso, el hacer públicos sus antecedentes?

Pues sería una medida que puede afectar a derechos constitucionales. Y no sé cómo se haría, si con los antecedentes penales, si con los policiales... Habrá que ver qué es lo que se pone en conocimiento de las mujeres, pero será una medida polémica, seguro. En todo caso, creo que debería estar reservado a los antecedentes penales, no solo a los policiales, porque si el caso no llega a enjuiciarse, si termina en sobreseimiento o si se absuelve...

¿Este arranque de año, con tantas muertes de violencia de género, es coyuntural o, en efecto, es necesario un refuerzo de las medidas?

A veces se es injusto porque todo se valora en atención a si ha habido más muertes o menos, que no digo que no sea un dato preocupante y una situación inasumible, pero la Ley de Violencia de Género ha dado muchos resultados positivos. Solo se habla de los asesinatos y no de la cantidad de mujeres a las que se ayuda cada día: les damos estatus de mujer protegida, se decide de inmediato sobre régimen de visitas, guardas y custodias... Y eso se hace todos los días, y es lo importante de la ley, que no solo está prevista para luchar contra las muerte, sino para que una mujer no sufra una situación de maltrato o sumisión en una relación de pareja; y eso sí se consigue muchas veces, aunque no se visibilice demasiado.