Dicen los mentideros que hay una parte de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez que ven con cierta satisfacción el sablazo que supone para cualquier español repostar el depósito de sus automóviles. No por el perjuicio claro que supone para la economía de gente modesta y trabajadora, para pequeñas empresas y autónomos, sino por el beneficio que eso le hace a su política descarada de acoso a los combustibles fósiles y defensa de las energías supuestamente limpias, como la eléctrica. El aumento del precio de los carburantes al que hemos asistido desde hace un año (y no desde la guerra de Putin como dice el presidente) retrae el consumo, mueve a muchos usuarios a optar por el transporte colectivo, y limpia el aire de las ciudades. En teoría, porque muchos trabajadores no tienen otro remedio que contaminar por muy caros que estén el gasóleo o la gasolina de 95. Entre los ministros a los que las malas lenguas sitúan como más contentos por esta situación está la titular de la cartera de Transición Ecológica, inspiradora de la política que marca el gobierno hacia una descarbonización acelerada que desde la UE y desde cualquier experto independiente en materia energética, no contaminado por dogmas muy a la moda woke, se considera demasiado precipitada y justiciera. Europa nos ha dicho con claridad que el petróleo y el gas son energías verdes por el momento y que no vayamos tan deprisa como quieren imponernos desde La Moncloa.

Poco antes de la llegada de Sánchez y Teresa Ribera al ejecutivo, este cronista se disponía a vender un utilitario de gasóleo, y llegó a tener varias ofertas medianamente aceptables. La intención era la de muchos automovilistas, renovar el coche valorando las opciones híbridas o un vehículo totalmente eléctrico. Las declaraciones de la ministra de la cruzada ecologista amenazando a los propietarios de coches diesel y poniendo fecha de caducidad a su circulación en nuestras carreteras provocó que el interés sobre mi propiedad de cualquier posible comprador se desvaneciera, y la cantidad aceptable que algunos estaban dispuestos a dar se redujera a exactamente cero. Un activo que forma parte del pequeño patrimonio de cualquier ciudadano español pasaba a tener un valor nulo por la obsesión enfermiza de un cargo público que adelantaba unos veinte años una posible decisión de prohibir la circulación de coches movidos por productos derivados del petróleo. La conclusión que como contribuyente y como propietario uno puede adoptar ante este ataque no es buena para nadie, pero es la menos mala para el afectado: aguantar con un vehículo supuestamente más contaminante hasta el último día en que esté permitido su uso en la vía pública.