El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, adelantó hoy que el Gobierno regional propondrá al Ejecutivo central un proceso de desescalada adaptado a las zonas básicas de salud en lugar de a las provincias ya que esa propuesta supone, a su juicio, ventajas como la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad. Con los datos actuales, 26 zonas básicas de salud de Castilla y León que aglutinan una población que supera las 53.500 personas no han registrado nuevos casos en la última semana y, de ellas, 13 llevan dos semanas sin casos nuevos.

En una comparecencia telemática acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, Igea destacó en declaraciones recogidas por Ical los principales aspectos de la propuesta de Castilla y León en consonancia con lo establecido en el denominado ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ del Gobierno de España, y aseguró que se plantea una desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social adoptadas hasta la fecha y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica.

Los principios básicos para la desescalada en Castilla y León en los que se sustenta la argumentación del Ejecutivo autonómico son la prudencia, el reescalado, el ámbito territorial y el control de la movilidad. La propuesta que se va a remitir al Gobierno de España parte de una consideración y una apelación general a la prudencia, en tanto que no se pueden dar pasos en falso debido a que las capacidades sanitarias aún se encuentran en estado de saturación. Algunos datos así lo acreditan, ya que las camas de UVI están al 103 por ciento de su dotación original y al 47 por ciento de su dotación extendida; y la ocupación en planta está ya por debajo del 60 por ciento de su capacidad original.

Posible vuelta atrás

En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada. En este contexto, se considera esencial la atribución de competencias claras a las comunidades autónomas para adoptar medidas ágiles tanto de desescalada como de reescalada en caso necesario, sin menoscabo de la coordinación y revisión que se ejerza a nivel estatal. La Junta de Castilla y León incide en que “no se pueden repetir errores” y es necesario contar con un sistema de toma de decisiones lo suficientemente “ágil y pegado al terreno para evitar demoras con consecuencias dramáticas” como las ya conocidas, algo que resulta obligatorio dado el altísimo ritmo reproductivo de esta infección.

El Gobierno autonómico plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud. Asimismo, también quiere precisar que los requisitos de camas que se solicitan no se corresponden con la realidad, dado que se exige una disponibilidad muy superior a las que se cuenta actualmente incluso extendidas, lo que impediría salir de la Fase 0.

Argumentación

La argumentación de que la zona básica de salud sea el ámbito geográfico de referencia no implica que se apliquen otros criterios de sectorialización dentro de la zona. Igea defendió que el criterio inicial propuesto para pasar a la siguiente fase de desescalada es el de cero casos en los 14 días anteriores en la zona básica de salud. A su juicio, este planteamiento de Castilla y León para la desescalada supone como ventajas la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad.

En su opinión, debe considerarse que la zona básica de salud, como ámbito territorial de Atención Primaria atendido por un centro de salud, permite una vigilancia más efectiva y unificada de la incidencia de casos así como un mejor control de estos y de sus contactos. Al tiempo, se valora que en un entorno poblacional reducido se facilita una mayor concienciación e implicación local para fomentar y mantener ese estatus de “zona en fase más avanzada”. 

El compromiso municipal también constituye a su juicio una ventaja, pues el desescalado zona a zona provoca un ejercicio de competencia y corresponsabilidad que es ideal en estas circunstancias; con ello también se favorece la implicación de las autoridades municipales en aspectos básicos como son el mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento en el municipio y su colaboración en el control de la movilidad y de la trazabilidad de los casos. Y por último, en relación con el control de la movilidad, el territorio que abarca una zona básica de salud puede ser más fácilmente controlado en cuanto a su movilidad, vías de comunicación, etc.

La estrategia elaborada por la Junta de Castilla y León no obvia que tales planteamientos deben entenderse sin perjuicio de la valoración de indicadores provinciales o de área de salud, por ser el territorio de referencia de la atención hospitalaria y de recursos de consideración imprescindible para afrontar la desescalada: ejemplo de ello serían la dotación y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En consecuencia, se trataría de una condición sine qua non que podría suponer que no todas las zonas básicas de salud con cero casos avancen de manera automática en el proceso de desescalada.

El documento también contempla consideraciones respecto a los ámbitos semiurbanos y urbanos. Así, se indica que resulta más difícil la segmentación geográfica por zonas básicas de salud dentro de los municipios. Y se añade que es previsible que el desconfinamiento en estos ámbitos sea posterior al de muchas zonas rurales. Para estos municipios, que superan los 20.000 habitantes, la demarcación territorial sería el propio municipio o el área de salud, con segmentación sectorial y demográfica en función de la población de riesgo.