Las comisarías provinciales del Cuerpo Nacional de Policía de Castilla y León registraron 85 solicitudes de estancia temporal en España por parte de ucranianos que huyen de la guerra en su país durante las dos primeras jornadas en las que lleva vigente esta medida. Para completar esta ayuda, hoy la Junta activará el protocolo para prestar servicios básicos a todos los desplazados del país del este llegado a la Comunidad tras la invasión rusa hace ya tres semanas. Igualmente, ayer también se constituyó la comisión territorial para organizar la recepción de grandes flujos de refugiados en nodos de transporte. Así lo explicaron la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el consejero de la Presidencia en funciones de la Junta, Ángel Ibáñez, durante la reunión que mantuvieron con los representantes de las entidades locales de más de 20.000 habitantes, diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias para avanzar en la coordinación de la ayuda ante la crisis humanitaria de Ucrania y para coordinar la colaboración ante la llegada de los refugiados.

El titular de la Presidencia de la Comunidad indicó que el protocolo de servicios básicos incluye el acceso a la tarjeta sanitaria, así como a la asistencia de Atención Primaria, Hospitalaria, ortoprotésica y a la medicación en los distintos hospitales públicos que Sacyl tiene en las nueve provincias. También se refirió a las camas que se ofrecen para ingresos de personas hospitalizadas en zonas de conflicto. Igualmente explicó que la Junta garantiza la escolarización de los menores y se está en contacto con las universidades para acoger a otros estudiantes para que puedan continuar con sus carreras. 

Ibáñez también recordó que, entre las medidas aprobadas, se pondrá en marcha un mecanismo para la enseñanza de español a los adultos, con el fin de ayudar a eliminar la barrera idiomática a su llegada. En materia de servicios sociales, tanto la atención a menores como a personas con discapacidad y mayores dependientes será «prioritaria», en palabras de Ibáñez, sin desestimar cualquier otra ayuda social. Por último, habrá una fase de integración que incluye servicios en materia de empleo, con orientación, formación, cualificación y asesoramiento a empresas.

Por su parte, Barcones destacó que llevan trabajando con el consejero desde los primeros minutos de esta «terrible» crisis humanitaria. «Es voluntad del pueblo de Castilla y León prestar la máxima solidaridad con el pueblo ucraniano», dijo, y señaló que la «obligación» de las administraciones es coordinar esa respuesta. «La voluntad es colaborar y cooperar», concluyó la delegada delGobierno.